La reforma judicial que el poder ya no puede postergar

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

En la Argentina, pocas instituciones cargan con un nivel de desconfianza tan persistente como la Justicia. Sin embargo, un dato reciente introduce un matiz que merece atención: una parte significativa de la sociedad distingue entre la Corte Suprema y el resto del sistema judicial. Esa diferenciación, lejos de ser anecdótica, revela una percepción más sofisticada de lo que muchas veces se supone y, al mismo tiempo, expone el núcleo del problema.

La Corte, aun con sus limitaciones y tensiones internas, conserva un nivel de legitimidad que contrasta con el descrédito que recae sobre buena parte de los tribunales inferiores. No es una casualidad. Durante años, el sistema de selección de jueces fue moldeado por la lógica política antes que por criterios de idoneidad, independencia o integridad. El resultado es conocido: magistrados cuestionados, procesos demorados y una sensación extendida de que la ley no se aplica de la misma manera para todos.

En ese contexto, el intento del Gobierno de Javier Milei de intervenir en la discusión sobre la Corte Suprema y el funcionamiento de la Justicia debe leerse en una clave más amplia. No se trata solo de cubrir vacantes o de impulsar nombres, sino de abrir un debate de fondo sobre cómo se construye el poder judicial en la Argentina. Un debate que, en rigor, fue sistemáticamente evitado por las administraciones anteriores.

La controversia en torno a algunas postulaciones dejó en evidencia que el problema no es nuevo, ni exclusivo de un gobierno. La persistencia de jueces cuestionados en posiciones de poder, incluso después de rechazos políticos o sociales, muestra hasta qué punto el sistema actual tiene inercias difíciles de romper. Es ahí donde aparece la necesidad de reformas estructurales, más allá de los nombres propios.

En este escenario, la reciente iniciativa surgida desde la propia Corte Suprema para mejorar los mecanismos de selección judicial introduce un elemento relevante. La propuesta apunta a reducir la discrecionalidad política, fortalecer los criterios técnicos y limitar la influencia de factores externos en los concursos. No es una solución definitiva, pero sí un paso en la dirección correcta.

El desafío ahora pasa por la capacidad del sistema político de transformar esas recomendaciones en cambios concretos. Y en ese punto, el Gobierno tiene una oportunidad. Convertir esas ideas en un proyecto legislativo implicaría no solo avanzar en una reforma largamente postergada, sino también enviar una señal clara sobre la importancia institucional en la agenda oficial.

Porque, más allá de la urgencia económica, la calidad de las instituciones sigue siendo un factor determinante para el desarrollo. La seguridad jurídica, la previsibilidad y la confianza en el sistema judicial no son conceptos abstractos: inciden directamente en la inversión, en la actividad económica y en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Al mismo tiempo, el Gobierno enfrenta un contexto en el que distintas causas judiciales comienzan a involucrar a figuras cercanas al poder. En ese marco, la tentación de intervenir o influir en los procesos siempre está presente en la política argentina. Sin embargo, la fortaleza de una administración se mide, en buena parte, por su capacidad de permitir que la Justicia actúe sin interferencias.

Lejos de representar una amenaza, estos episodios pueden convertirse en una oportunidad para demostrar un cambio de paradigma. Si el Gobierno logra sostener una postura de respeto institucional, incluso cuando los expedientes resulten incómodos, estará marcando una diferencia significativa respecto de prácticas del pasado.

También es cierto que el sistema judicial no se reforma únicamente desde el Poder Ejecutivo. El Consejo de la Magistratura, el Congreso y la propia Corte tienen roles clave en ese proceso. Pero la iniciativa política, la decisión de impulsar cambios y la voluntad de enfrentar resistencias dependen, en gran medida, del liderazgo del Gobierno.

Durante décadas, la política utilizó la Justicia como una herramienta más de disputa y control. El resultado fue un deterioro progresivo de la confianza pública. Hoy, esa misma desconfianza genera una demanda social de cambio que no puede ser ignorada.

La administración de Milei, con su discurso de ruptura y su énfasis en la necesidad de transformar estructuras, tiene la posibilidad de avanzar en un terreno donde otros retrocedieron o directamente no quisieron avanzar. No será un camino sencillo: implica confrontar intereses, revisar prácticas arraigadas y asumir costos políticos.

Pero también es una oportunidad única. Porque si hay un ámbito donde la Argentina necesita una reforma profunda, es precisamente en la Justicia. Y si esa transformación se concreta, no solo mejorará el funcionamiento institucional, sino que también contribuirá a reconstruir uno de los activos más erosionados del país: la confianza.

En definitiva, el debate abierto no es solo sobre jueces o tribunales. Es sobre el tipo de Estado que la Argentina quiere construir. Y en esa discusión, el Gobierno tiene la posibilidad de dejar una marca que trascienda coyunturas y resultados electorales.