El Gobierno oficializa subas salariales escalonadas para empleados públicos

• La actualización salarial será escalonada entre enero y mayo con porcentajes decrecientes
• El acuerdo incluye a empleados permanentes y no permanentes de la administración nacional
• Se fijaron nuevos topes para servicios extraordinarios y se actualizaron múltiples adicionales
• Habrá una suma fija de $40.000 en mayo para compensar el impacto inflacionario
• Se incorporaron cambios en el régimen de licencias laborales
• También se actualizaron salarios en sectores específicos como salud, educación y organismos estatales

El Poder Ejecutivo formalizó este lunes un nuevo esquema de actualización salarial para los trabajadores de la administración pública nacional, en el marco de las negociaciones paritarias que se vienen desarrollando desde comienzos de año. La medida quedó plasmada en el Decreto 206/2026, que homologa los acuerdos alcanzados el pasado 6 de marzo y establece incrementos progresivos con efecto retroactivo.

El entendimiento abarca tanto a empleados permanentes como no permanentes del Estado nacional y define una pauta de aumentos escalonados que se aplicará entre enero y mayo de 2026. Según lo dispuesto, los incrementos serán del 2,50 % en enero, 2,20 % en febrero, 2 % en marzo, 1,70 % en abril y 1,50 % en mayo, todos calculados sobre las remuneraciones habituales vigentes al cierre del mes anterior.

En paralelo, el decreto fija nuevos topes para la compensación de servicios extraordinarios, con valores que parten de $791.210 en enero y alcanzan los $851.392 en mayo. Para la determinación de estas cifras se excluyen conceptos como adicionales por zona, premios por asistencia o compensaciones transitorias, en línea con los criterios técnicos definidos en la normativa.

El esquema también contempla la extensión de incrementos previamente acordados al suplemento correspondiente al personal encuadrado en el Sistema Nacional de Empleo Público, consolidando así una política de actualización integral de los ingresos en el ámbito estatal. A su vez, se dispuso la revisión de escalas salariales en distintos organismos y escalafones, incluyendo compensaciones por viáticos, movilidad, reintegros por comida y gastos de guardería.

En materia de condiciones laborales, el decreto introduce modificaciones en el régimen de licencias. Los cambios alcanzan aspectos vinculados a permisos por exámenes, enfermedades y tratamientos médicos, así como también a situaciones de acompañamiento terapéutico de familiares a cargo. Estas adecuaciones buscan actualizar criterios vigentes desde 2020 y adaptarlos a nuevas demandas del ámbito laboral.

Como complemento, se estableció el pago de una suma fija excepcional de $40.000, a acreditarse en mayo, destinada a todos los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo general. Este monto, de carácter no bonificable y de percepción única, apunta a compensar el impacto de la inflación acumulada en los primeros meses del año.

El paquete de medidas incluye además una actualización específica para los profesionales residentes del sistema de salud pública. En este segmento, los ingresos de los jefes de residentes pasarán de $1.473.717 en enero a $1.585.814 en mayo, mientras que los residentes de primer año verán sus haberes incrementarse desde $1.117.549 hasta $1.202.555 en el mismo período. También se ajustaron los valores de las becas correspondientes a estos profesionales.

Por otra parte, el Gobierno avanzó con una actualización salarial para personal docente y administrativo de distintas instituciones estatales mediante el Decreto 208/2026. La medida impacta en organismos como la Escuela Nacional de Bibliotecarios y el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, entre otros.

Dentro de este esquema, se redefinieron remuneraciones específicas, como el valor de la hora cátedra y determinados cargos administrativos. Asimismo, se actualizaron los viáticos para el personal del Servicio Exterior y se fijaron nuevos montos para quienes prestan servicios en la Antártida, incluyendo al personal militar alcanzado por la normativa vigente.

Con este conjunto de decisiones, el Ejecutivo busca sostener una política de recomposición salarial gradual, en línea con los acuerdos paritarios y las restricciones fiscales, procurando mantener el poder adquisitivo de los trabajadores estatales en un contexto económico desafiante.