Prohibir a los lavacoches es un paso positivo en Rafaela, pero no resuelve la creciente inseguridad

Viotti debe tener bien en claro que los problemas de inseguridad no se solucionan solo con esta medida

La ciudad de Rafaela comienza a transitar una transformación significativa en la gestión de su espacio público. Con una mirada que combina regulación, diálogo y búsqueda de salidas laborales, la administración del intendente Leonardo Viotti decidió avanzar con la prohibición de la actividad de lavacoches, limpiavidrios y cuidacoches en el macrocentro a partir del 15 de abril.

La medida no aparece como un hecho aislado. Por el contrario, se enmarca en un proceso más amplio que también se desarrolla en Santa Fe y que comienza a replicarse en distintos puntos del país. En los últimos años, la expansión de los llamados “trapitos” se instaló con fuerza en la agenda pública, generando tensiones entre la necesidad de ordenar el espacio urbano y la urgencia de dar respuestas a situaciones de vulnerabilidad social.

El decreto municipal establece la prohibición dentro de la Zona de Estacionamiento Controlado (ZEC), es decir, el corazón del macrocentro rafaelino. La normativa no solo alcanza a quienes realizan la actividad, sino también a quienes la permiten o la promueven, contemplando sanciones económicas que pueden superar el millón y medio de pesos.

Sin embargo, hay un punto que no puede soslayarse: la prohibición de los lavacoches no resuelve, por sí sola, el problema de fondo de la inseguridad en Rafaela. Se trata, en el mejor de los casos, de una medida de ordenamiento urbano que puede aliviar tensiones puntuales, pero que difícilmente impacte de manera estructural en un fenómeno que, según la percepción social, viene en aumento y para el cual aún no aparecen soluciones de fondo.

— "Eliminar a los lavacoches del centro puede ordenar la superficie del problema, pero no ataca las causas profundas de la inseguridad que preocupa a los rafaelinos" —

Desde el Ejecutivo local buscan diferenciar esta política de experiencias previas. El enfoque elegido apunta a una implementación gradual, con instancias de diálogo directo entre el intendente y las personas que actualmente dependen de estas tareas para subsistir.

Actualmente, se calcula que cerca de un centenar de personas se dedica a estas actividades en la ciudad. Por eso, el plazo de 60 días entre la firma del decreto y su entrada en vigencia funciona como una etapa de transición, donde la información, la adaptación y la reconversión laboral aparecen como ejes centrales.

En paralelo, el tema también avanza en el plano legislativo provincial. La Cámara de Senadores de Santa Fe ya otorgó media sanción a un proyecto impulsado por el senador Ciro Seisas, que propone modificar el Código de Convivencia para prohibir estas prácticas en todo el territorio.

— "La inseguridad no se combate solo con prohibiciones: requiere políticas integrales, prevención y una estrategia sostenida en el tiempo" —

La iniciativa cuenta con el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro y contempla un esquema de sanciones progresivas que incluye multas, trabajo comunitario e incluso arrestos en casos de reincidencia o cuando se detecten formas organizadas detrás de la actividad.

En este contexto, el Concejo Municipal de Rafaela se prepara para dar el siguiente paso. Según trascendió desde el Departamento Ejecutivo, ya existe un borrador de ordenanza que tomaría como base el decreto firmado por Viotti y sumaría elementos del proyecto provincial, en caso de convertirse en ley.

El debate no es nuevo en la ciudad. En 2018, durante la gestión del exintendente Luis Castellano, se intentó encauzar la situación mediante un registro de trabajadores, entrega de identificaciones y un esquema de organización que, si bien mostró resultados iniciales, terminó diluyéndose con el tiempo.

En paralelo, el sector comercial viene reclamando respuestas desde hace años. Un relevamiento realizado por el Centro Comercial e Industrial reflejó que una amplia mayoría de comerciantes manifestaba su rechazo a la presencia de lavacoches en el área central, señalando además situaciones vinculadas a inseguridad y conflictos cotidianos.

Rafaela, así, enfrenta un desafío más profundo que el de ordenar su macrocentro. La creciente preocupación por la inseguridad exige políticas más amplias, sostenidas y coordinadas entre distintos niveles del Estado. La prohibición de los lavacoches puede ser un primer paso en términos de ordenamiento, pero está lejos de constituir una solución definitiva a un problema que, día a día, sigue creciendo y demandando respuestas concretas.