Máximo Kirchner presentó un proyecto en Diputados para respaldar el fallo favorable a la Argentina por YPF

• Máximo Kirchner presentó un proyecto para respaldar el fallo favorable a la Argentina en la causa YPF
• El texto reivindica la expropiación de 2012 como un acto de soberanía energética
• Se sostiene que la decisión judicial valida la postura histórica del Estado
• El fallo evitó un posible impacto millonario sobre las finanzas públicas
• También se cuestionó a actores financieros involucrados en el litigio
• El proyecto reaviva el debate político sobre el rol del Estado en el sector energético

El diputado nacional Máximo Kirchner impulsó un proyecto de declaración en la Cámara de Diputados con el objetivo de expresar su beneplácito por el reciente fallo favorable a la Argentina en la causa vinculada a YPF. La resolución, dictada por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, revocó una sentencia de primera instancia y volvió a colocar en el centro del debate la expropiación realizada en 2012.

En la iniciativa, el legislador plantea que el Estado argentino sostuvo de manera consistente, a lo largo de distintas administraciones, la legalidad de aquella decisión, tomada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Según el texto, la medida respondió a criterios de utilidad pública y se enmarcó dentro del orden jurídico nacional, por encima de cualquier estatuto societario o acuerdo privado.

El proyecto, que cuenta con el respaldo de otros diputados del bloque Unión por la Patria, sostiene que la expropiación representó un paso clave en la recuperación del control sobre los recursos energéticos. En ese sentido, se la define como una decisión estratégica que permitió revertir el deterioro en la producción y sentar las bases para el desarrollo de áreas como Vaca Muerta, hoy considerada uno de los principales activos del sector.

Kirchner subraya que el fallo judicial no debe interpretarse únicamente como un resultado favorable en términos procesales, sino como una validación internacional de la soberanía jurídica del país. En esa línea, afirma que la resolución frena un reclamo millonario que, de prosperar, podría haber tenido un fuerte impacto sobre las finanzas públicas, con cifras en disputa que superaban los 16.000 millones de dólares.

El diputado también vincula el origen del conflicto con la etapa previa a la expropiación, al señalar que la gestión privada de la compañía había contribuido a una caída en las reservas y a la pérdida del autoabastecimiento energético. Desde su perspectiva, la recuperación del 51% de las acciones respondió a una necesidad estructural más que a una definición ideológica.

En ese marco, el proyecto destaca el rol de la Ley 26.741, que declaró de interés público el autoabastecimiento de hidrocarburos. De acuerdo con la iniciativa, esta normativa permitió priorizar el derecho público por sobre los estatutos establecidos durante el proceso de privatizaciones de los años noventa, lo que resultó determinante para el desarrollo posterior del sector energético.

Asimismo, el texto incluye cuestionamientos hacia actores financieros como Burford Capital, al considerar que el fallo representa un límite a estrategias orientadas a obtener beneficios a partir de litigios contra el Estado. En ese sentido, se resalta que la decisión judicial reconoce la primacía de los actos soberanos por sobre intereses privados en tribunales internacionales.

El legislador también incorporó críticas al gobierno de Javier Milei, al señalar una contradicción entre sus posiciones previas respecto de la expropiación y la valoración actual del fallo. Según planteó, el resultado favorable fue posible gracias a la continuidad de la estrategia de defensa adoptada por el país en los últimos años.

En el cierre del proyecto, Kirchner expresó que el fallo constituye una oportunidad para reafirmar el derecho de la Argentina a definir su política sobre recursos naturales sin condicionamientos externos. A su vez, sostuvo que el caso debería servir como antecedente para fortalecer una mirada estratégica sobre el rol del Estado en sectores considerados clave.

La presentación del proyecto reabre así el debate político en torno a YPF, con interpretaciones contrapuestas sobre el significado del fallo y sobre el alcance de la expropiación en la historia reciente del país. Mientras algunos sectores lo consideran una reivindicación de la decisión tomada en 2012, otros mantienen reparos sobre sus implicancias a futuro.