Ilegal notificación en el Concejo: Dellasanta cuenta la verdad

Un expediente jud

La reciente notificación judicial al concejal Fabricio Dellasanta desató una fuerte controversia en el ámbito político local. Desde distintos sectores se advierte que el procedimiento, lejos de responder a una práctica habitual, habría sido parte de una operación claramente orientada a generar impacto mediático y perjudicar la imagen del legislador de La Libertad Avanza.

Según trascendió, el domicilio real de Dellasanta es conocido y de fácil acceso, por lo que la decisión de realizar la notificación en el ámbito del Concejo Municipal de Rafaela despierta serias sospechas. Para sus allegados, no se trató de una casualidad ni de una mera cuestión operativa, sino de una acción deliberada para exponer públicamente al edil en un contexto institucional, maximizando su repercusión.

“Cuando existen datos claros sobre el domicilio de una persona, optar por notificarla en su lugar de trabajo —y particularmente en un ámbito político— no puede interpretarse de otra manera que como una maniobra con intencionalidad política.”

En ese sentido, también se puso el foco en la conducta de quien llevó adelante la diligencia. Juristas consultados sostienen que este tipo de accionar podría rozar los límites de la ética profesional, al priorizar un efecto mediático por sobre el respeto a las formas procesales habituales.

Por este motivo, crecen los reclamos para que el Colegio de Abogados de Rafaela, a través de su Tribunal de Disciplina, actúe de oficio e investigue lo sucedido. “De no hacerlo, se corre el riesgo de convalidar una práctica que degrada la actividad profesional y la convierte en una herramienta de operaciones políticas”, advirtieron.

La situación abre un nuevo capítulo en la ya tensa dinámica política local, donde las disputas parecen trasladarse cada vez más al terreno judicial, en un escenario donde los límites entre el derecho y la política vuelven a quedar en discusión.

icial de alto impacto sacudió el escenario político del Concejo Municipal de Rafaela y colocó en el centro de la escena al concejal de La Libertad Avanza, Fabricio Dellasanta, quien habló en forma exclusiva con R24N para fijar su postura.

La causa refiere a una liquidación final en un juicio laboral con sentencia firme, cuyo monto supera los 24 millones de pesos. Pero más allá de la cifra, el foco de la controversia está puesto en el procedimiento: Dellasanta asegura que no fue notificado de manera formal en su domicilio legal y que tomó conocimiento del caso por vías informales. A esto se suma un dato particularmente sensible: la notificación se habría realizado en el ámbito del propio Concejo, lo que el edil interpreta como una maniobra destinada a exponerlo públicamente.

Dellasanta: “Hay mucha gente desesperada por los números de las encuestas y por las cosas que estamos encontrando en el Concejo"

En la entrevista exclusiva, Dellasanta rechazó de plano la validez del proceso, negó haber tenido vínculo laboral con el demandante y apuntó contra lo que definió como una “industria del juicio”. Sin decirlo de manera explícita, sus declaraciones dejan abierta la sospecha de que detrás del caso podría existir una intencionalidad política.

“Nunca fui notificado de nada, me enteré por los medios. Es una situación totalmente irregular que me dejó sin posibilidad de defenderme”

La difusión del expediente, el modo en que se llevó adelante la notificación y el impacto mediático del caso alimentan interrogantes sobre posibles intereses en juego. Sectores de la política local comienzan a preguntarse si esta situación no forma parte de una estrategia para debilitar su posicionamiento.

Al mismo tiempo, cuando Dellasanta hace referencia a una presunta “industria del juicio”, también desliza dudas sobre el funcionamiento del propio sistema judicial. Si sus acusaciones tuvieran sustento, la lupa inevitablemente se posaría sobre actores con peso dentro de ese ámbito.

La pregunta, cada vez más presente en el debate público, es directa: ¿hay sectores dentro de la Justicia de Rafaela que no ven con buenos ojos una eventual candidatura de Dellasanta a la intendencia?

En medio de este escenario, el concejal dejó definiciones contundentes:

“Hay mucha gente desesperada por los números de las encuestas y por las cosas que estamos encontrando en el Concejo. Quieren hacer operaciones para que retrocedamos, pero les aseguro que eso no va a pasar”

Dellasanta confirmó que no piensa acatar el pago de la suma millonaria sin antes agotar todas las instancias para recuperar su derecho a defensa. Aseguró que ya cuenta con un equipo de abogados trabajando en lo que denomina una "estafa procesal" y prometió ir hasta las últimas consecuencias contra los funcionarios que, según sospecha, filtraron información privada desde el municipio. “Esta es una batalla en nombre de todos los que quieren invertir y tienen miedo a estas mafias”.

Con un conflicto que ya excede lo judicial y se mete de lleno en la arena política, Dellasanta se muestra decidido a dar pelea y a sostener su posición frente a lo que considera un claro intento de condicionamiento.