Caso $LIBRA: un empresario cuestiona la validez de las pruebas y apunta a irregularidades en el análisis de su celular

• La defensa de Mauricio Novelli pidió anular el peritaje de su teléfono celular
• El planteo cuestiona el trabajo realizado por la DATIP por supuestas irregularidades
• La difusión de conversaciones con Javier Milei y Karina Milei detonó el reclamo
• Se denunciaron accesos indebidos y posibles filtraciones de información
• El análisis habría excedido los límites fijados por la orden judicial
• La resolución del planteo será clave para el futuro de la causa $LIBRA

La investigación judicial en torno a la presunta estafa con la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo con la ofensiva de la defensa de Mauricio Novelli, quien solicitó la nulidad del análisis técnico realizado sobre su teléfono celular. El planteo introduce cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento y abre un foco de tensión en el expediente que involucra a figuras del ámbito político y empresarial.

El pedido fue presentado por su abogado, Daniel Rubinovich, quien objetó el trabajo llevado adelante por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal. Según la defensa, el proceso pericial estuvo atravesado por “fallas graves” y “accesos indebidos” a la información contenida en el dispositivo, lo que, a su entender, compromete la validez de las pruebas recolectadas.

El eje del planteo radica en la difusión de conversaciones y registros de llamadas que habrían vinculado a Novelli con el presidente Javier Milei y su hermana Karina Milei en momentos clave vinculados al lanzamiento y posterior caída del activo digital. Estos intercambios, reconstruidos a partir de peritajes realizados por el Ministerio Público Fiscal, generaron impacto político y alimentaron interrogantes sobre el rol de distintos actores en la operatoria investigada.

A partir de esa filtración, la defensa del empresario denunció la existencia de accesos no autorizados al material secuestrado. En su presentación, sostuvo que personal vinculado a la investigación habría manipulado archivos sin justificación procesal, con el objetivo de duplicar información y eventualmente filtrarla a terceros. Esta hipótesis llevó a plantear la necesidad de revisar todo el procedimiento técnico.

Rubinovich argumentó que la integridad, autenticidad y trazabilidad de los datos quedaron comprometidas, lo que invalidaría cualquier conclusión derivada del análisis. En esa línea, solicitó la realización de una auditoría externa sobre el trabajo de la DATIP, con el fin de determinar si se respetaron los protocolos establecidos para este tipo de pericias.

Otro de los puntos señalados por la defensa es el alcance del análisis realizado. Según detalló, se examinaron más de 800 gigabytes de información, un volumen que, en su visión, excede los límites fijados por la orden judicial. El requerimiento original, indicó, estaba orientado a identificar comunicaciones específicas relacionadas con la criptomoneda investigada y ciertos interlocutores determinados.

Sin embargo, el planteo sostiene que la intervención técnica derivó en una exploración más amplia, que habría incluido aspectos de la vida personal del empresario sin relación directa con la causa. Este argumento apunta a cuestionar la proporcionalidad de la medida y su adecuación a los parámetros legales vigentes.

La controversia introduce un elemento adicional en un expediente ya complejo, donde se entrecruzan cuestiones tecnológicas, financieras y políticas. La validez de la prueba digital resulta central para el avance de la investigación, por lo que la resolución del planteo podría tener un impacto significativo en el rumbo del caso.

En este contexto, la Justicia deberá evaluar si existieron irregularidades que justifiquen la nulidad solicitada o si, por el contrario, el procedimiento se ajustó a los estándares requeridos. La decisión no solo definirá el valor probatorio del material cuestionado, sino también los límites y garantías en el tratamiento de evidencia digital en causas de alta sensibilidad.