La Corte Suprema impulsa cambios en los concursos judiciales en medio de la carrera por cubrir vacantes

• La Corte Suprema aprobó un nuevo reglamento para concursos judiciales
• La reforma apunta a reducir la discrecionalidad y priorizar el mérito
• Se modificarán las pruebas de oposición y la evaluación de antecedentes
• Se garantizará el anonimato en los exámenes para asegurar imparcialidad
• Se establecen concursos anticipados y especiales para ordenar vacantes
• La iniciativa coincide con el envío de pliegos para cubrir más de 200 cargos vacantes

En un escenario atravesado por la necesidad de recomponer el funcionamiento del Poder Judicial, la Corte Suprema de la Nación avanzó con la aprobación de un nuevo proyecto de reglamento para la selección de magistrados. La iniciativa busca reformular el esquema de concursos que se desarrollan en el ámbito del Consejo de la Magistratura, con el objetivo de introducir mayores niveles de transparencia, objetividad y previsibilidad en el proceso.

La decisión del máximo tribunal se produce en paralelo a la estrategia del Ministerio de Justicia, encabezado por Juan Bautista Mahiques, que ya puso en marcha el envío de pliegos al Senado para cubrir más de 200 vacantes en la justicia federal. En ese contexto, la reforma impulsada por la Corte aparece como un intento de ordenar y fortalecer el mecanismo de selección de jueces en un momento de fuerte presión sobre el sistema.

A través de la acordada firmada esta semana, el tribunal reivindicó su rol como cabeza del Poder Judicial y subrayó su facultad para promover mejoras en el funcionamiento institucional. Si bien el Consejo de la Magistratura continuará siendo el organismo encargado de llevar adelante los concursos, la Corte planteó la necesidad de introducir cambios que corrijan distorsiones detectadas en la práctica.

Uno de los ejes centrales del nuevo reglamento es la reducción de la discrecionalidad en las distintas etapas del proceso. Para ello, se propone reforzar el peso del mérito y la idoneidad de los postulantes, priorizando el rendimiento académico y la calidad profesional por sobre la acumulación de antecedentes burocráticos. La evaluación de antecedentes, en particular, será objeto de criterios más estrictos y uniformes.

El proyecto también introduce modificaciones en las pruebas de oposición. Estas se dividirán en dos instancias: una etapa general con preguntas de opción múltiple extraídas de un banco amplio y corregidas de manera automatizada, y una etapa específica que incluirá el análisis de casos y la elaboración de resoluciones. Este esquema apunta a estandarizar la evaluación y reducir márgenes de subjetividad.

Otro aspecto relevante es la implementación de mecanismos que garanticen el anonimato de los postulantes durante las instancias de examen. Las consignas serán diseñadas por un comité especializado y evaluadas por un jurado a través de sistemas informáticos que eviten la identificación de los candidatos, una medida orientada a asegurar imparcialidad en la corrección.

En cuanto a la estructura de los concursos, el reglamento establece dos modalidades. Por un lado, los concursos anticipados, que se convertirán en la regla general y permitirán cubrir hasta ocho cargos en cada convocatoria. Por otro, los concursos especiales, previstos como excepción, que podrán abarcar uno o varios cargos, con un límite de nueve.

La reforma también prevé la elaboración de un Plan Anual de concursos, que deberá ser aprobado por las autoridades del Consejo de la Magistratura. Este instrumento busca ordenar la cobertura de vacantes y evitar demoras prolongadas en los procesos de selección. A su vez, se impulsa la digitalización integral de las inscripciones y la presentación de antecedentes.

En la etapa final del proceso, se confeccionará un orden de mérito provisorio y se convocará a entrevistas personales a los seis mejores candidatos. Estas entrevistas serán públicas, transmitidas por medios audiovisuales y abiertas a la ciudadanía, aunque con una incidencia limitada en la puntuación final. Luego, la Comisión de Selección elevará la terna definitiva para su consideración.

Desde la Corte sostienen que estos cambios responden a la necesidad de mejorar la calidad institucional del sistema judicial. En particular, advierten que el esquema vigente ha tendido a privilegiar trayectorias administrativas por encima del mérito real, lo que podría desalentar la participación de perfiles altamente calificados.

Con esta iniciativa, el máximo tribunal busca sentar las bases de un modelo más exigente y transparente. La expectativa oficial es que, en combinación con el proceso de cobertura de vacantes en marcha, estas reformas contribuyan a fortalecer la confianza pública en la Justicia y a mejorar su capacidad de respuesta frente a las demandas de la sociedad.