“Se mira y no se toca”: Santa Fe vuelve a impulsar una ley para frenar estafas con tarjetas

Con el objetivo de combatir fraudes cada vez más frecuentes, el Senado de Santa Fe volvió a dar media sanción a un proyecto que busca prohibir la manipulación de tarjetas de crédito y débito por parte de terceros en comercios.

La iniciativa, impulsada por el senador Alcides Calvo, apunta a establecer una regla clara: solo el titular podrá manipular su tarjeta al momento de pagar. Es decir, ni clientes deberán entregarlas ni empleados podrán solicitarlas para llevarlas a otro sector del local.

El proyecto, que ya había sido debatido sin éxito en 2023, volvió a aprobarse por unanimidad y ahora deberá ser tratado en la Cámara baja, donde se definirá su futuro.

Cómo funcionaría la medida

El eje de la propuesta es sencillo pero contundente: el usuario deberá mantener siempre el control físico de su tarjeta, desde el inicio de la operación hasta la emisión del comprobante.

Esto implica que el pago deberá realizarse frente al cliente, utilizando dispositivos electrónicos accesibles —como posnet móviles— que eviten la necesidad de trasladar el plástico.

En términos prácticos, la consigna que resume el espíritu de la ley es clara: “se mira y no se toca”.

Prevenir estafas

El proyecto busca reducir delitos como el “skimming”, una modalidad de fraude que consiste en copiar los datos de una tarjeta para luego clonarla o realizar consumos indebidos.

Según estadísticas previas, este tipo de estafas generó miles de denuncias en el país, lo que motivó distintos intentos de regulación tanto a nivel nacional como provincial.

En los fundamentos, Calvo sostiene que las nuevas formas de pago requieren marcos normativos actualizados que garanticen la seguridad de las transacciones y protejan a los consumidores.

Un refuerzo a normas existentes

A nivel nacional, la Secretaría de Comercio de la Nación ya había avanzado en una regulación similar en 2024, que establece la obligación de utilizar dispositivos de cobro que permanezcan a la vista del cliente.

Sin embargo, el incumplimiento de esa normativa en muchos comercios es uno de los argumentos que impulsan la necesidad de una ley provincial que refuerce esos criterios.

Plazos y desafíos

El texto prevé que, en caso de aprobarse, los comercios deberán adaptar sus sistemas de cobro en un plazo de 90 días. Si bien no fija sanciones concretas, establece que la autoridad de aplicación será la encargada de definirlas de manera progresiva.

La propuesta sigue una línea ya adoptada por otras provincias y busca consolidar un estándar de seguridad en las operaciones comerciales.

Ahora, la discusión se traslada a Diputados. Allí se verá si esta vez el proyecto logra convertirse en ley o si, como ocurrió anteriormente, vuelve a quedar en el camino. Mientras tanto, el debate sobre cómo proteger a los consumidores en la era de los pagos electrónicos vuelve a instalarse en la agenda pública.