Reforma de glaciares: el Congreso aprobó cambios y estalló la polémica por el impacto ambiental

En una sesión cargada de tensión política y cruces discursivos, la Cámara de Diputados de la Nación Argentina convirtió en ley la modificación del régimen de protección de glaciares, impulsada por el gobierno de Javier Milei. La iniciativa logró 137 votos afirmativos, frente a 111 rechazos y 3 abstenciones, consolidando uno de los objetivos centrales del oficialismo.

La norma introduce cambios en la Ley 26.639 de Protección de Glaciares, al habilitar a las provincias a evaluar la “función hídrica efectiva” de los glaciares y del ambiente periglacial. Para el oficialismo, esto permitirá compatibilizar el cuidado ambiental con el desarrollo productivo; sin embargo, sectores opositores alertaron sobre posibles retrocesos en materia de protección de recursos naturales.

Santa Fe, entre apoyos y rechazos

La votación reflejó una fuerte división dentro de la representación de Santa Fe. Diputados alineados con La Libertad Avanza respaldaron la iniciativa, entre ellos Nicolás Mayoraz, Romina Diez, Alejandro Bongiovanni y Juan Pablo Montenegro, junto a otros representantes del espacio.

También acompañaron José Núñez y Gisela Scaglia, del espacio Provincias Unidas. En contraste, el rechazo fue encabezado por legisladores de Unión por la Patria, como Germán Martínez, Agustín Rossi, Florencia Carignano y Diego Giuliano, entre otros.

A ese grupo se sumaron Pablo Farías y Esteban Paulón, también de Provincias Unidas. La única ausencia santafesina fue la de Rocío Bonacci, quien no participó de la votación.

Argumentos enfrentados

Desde el oficialismo, Mayoraz defendió el proyecto al asegurar que no altera el espíritu de la ley vigente, sino que busca “aclarar conceptos” y fortalecer un esquema de federalismo donde las provincias tengan mayor injerencia en la toma de decisiones.

“El equilibrio se fortalece y se demuestra que es posible compatibilizar protección ambiental con desarrollo sustentable”, sostuvo el legislador, en línea con los compromisos asumidos por el Gobierno en el denominado Pacto de Mayo.

Las críticas no tardaron en llegar. Desde la oposición, la diputada Sabrina Selva cuestionó con dureza la iniciativa, al considerarla “inconstitucional y regresiva”, y advirtió sobre potenciales conflictos entre jurisdicciones.

En tanto, María Inés Zigarán alertó que la reforma podría trasladar a las provincias una carga excesiva en la toma de decisiones ambientales, mientras que el diputado Néstor Pitrola denunció que la ley favorece intereses vinculados a la actividad minera en detrimento de recursos estratégicos como el agua.

Un debate abierto

La aprobación de la reforma marca un nuevo capítulo en la discusión sobre el equilibrio entre desarrollo económico y preservación ambiental en la Argentina. Mientras el oficialismo celebra la medida como un avance hacia un modelo más flexible y federal, la oposición advierte que podría abrir la puerta a la explotación de zonas sensibles.

Con la ley ya sancionada, el foco se traslada ahora a su implementación y a las decisiones que adopten las provincias, en un escenario donde el debate sobre los límites del desarrollo y la protección de los recursos naturales seguirá en el centro de la agenda pública.