El Gobierno adjudicó más de 3.900 kilómetros de rutas a operadores privados

El Ministerio de Economía de la Nación oficializó la adjudicación de ocho tramos de rutas nacionales a empresas privadas por un plazo de 20 años, en el marco de la tercera etapa de la Red Federal de Concesiones. A través de la Resolución 1379/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo formalizó una medida anticipada por el ministro Luis Caputo, que contempla la administración privada de más de 3.900 kilómetros de trazados viales distribuidos en once provincias argentinas, sin requerir erogaciones por parte del Estado Nacional.

El esquema implementado bajo el régimen de obra pública por peaje abarca los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco-Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico. Los contratos otorgan a las firmas ganadoras la explotación, conservación, ampliación y mantenimiento de las trazas, junto con la habilitación para desarrollar servicios complementarios que generen ingresos adicionales. Entre las UTE y empresas adjudicatarias figuran grupos como AFEMA, Cartellone, JCR, Rovial y Obring, mientras que diversas propuestas fueron desestimadas por la Comisión Evaluadora al presentar inconsistencias en sus ofertas económicas.

Esta tercera fase constituye un paso decisivo dentro del plan integral del Gobierno, el cual proyecta transferir al sector privado la gestión de más de 9.000 kilómetros de la red vial nacional, infraestructura por la que transita aproximadamente el 80% del tráfico vehicular del país. Las autoridades remarcaron que el nuevo modelo prescindirá de todo tipo de subsidios estatales, buscando erradicar esquemas deficitarios y garantizar que la calidad del servicio se financie directamente mediante la tarifa abonada por los usuarios.

La fiscalización de los contratos quedará bajo la órbita de Vialidad Nacional, organismo que implementará un sistema de control por resultados para verificar el cumplimiento de las metas de seguridad y mantenimiento fijadas en los pliegos. Con esta adjudicación, la administración central reafirma su estrategia de reducir la intervención directa del Estado en la infraestructura pública, delegando en el capital privado la operación y modernización de los principales corredores productivos del territorio nacional.