Santa Fe adapta el nuevo régimen penal juvenil y redefine cómo funcionará el sistema en la provincia

La provincia de Santa Fe puso en marcha su propio esquema de aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, con una reglamentación que busca compatibilizar la legislación federal con el sistema de justicia juvenil que ya funciona en territorio santafesino.

A través del Decreto 1809/2026, publicado este lunes, el Poder Ejecutivo provincial aprobó el denominado Reglamento Autónomo de Implementación del Régimen Penal Juvenil y dejó sin efecto la normativa que regulaba desde 2015 el funcionamiento de los establecimientos de régimen cerrado.

La decisión provincial se produce luego de la entrada en vigencia del nuevo marco nacional y establece cómo se distribuirán las responsabilidades entre las distintas áreas del Estado santafesino.

El objetivo es evitar que la aplicación de la nueva legislación nacional implique desplazar automáticamente las normas procesales que ya rigen en Santa Fe. De esta manera, la provincia mantiene sus propias herramientas judiciales y administrativas, adaptándolas a las nuevas disposiciones nacionales.

Cómo funcionará el nuevo esquema

La reglamentación establece una división de responsabilidades entre diferentes organismos provinciales.

La Secretaría de Asuntos Penales tendrá bajo su órbita la gestión y ejecución de las medidas que impliquen privación de la libertad. Por su parte, la Secretaría de Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia será la encargada de desarrollar e impulsar las medidas socioeducativas.

Ambas áreas deberán trabajar de manera coordinada con organismos vinculados a la salud, educación, formación laboral y desarrollo social, entre otros sectores que puedan intervenir en los procesos de reinserción de los adolescentes.

El esquema también preserva las funciones propias de jueces, fiscales y defensores, por lo que las autoridades administrativas no podrán reemplazar las competencias de los órganos judiciales.

Monitoreo electrónico y dispositivos abiertos

Entre las herramientas contempladas aparece la posibilidad de utilizar monitoreo electrónico para determinados casos. La autoridad correspondiente podrá evaluar la alternativa de cumplir una pena bajo modalidad domiciliaria y elevar una propuesta al fiscal, teniendo en cuenta las características del hecho y la situación particular del adolescente.

El nuevo reglamento también establece diferentes dispositivos para quienes deban cumplir medidas privativas de libertad, con criterios destinados a favorecer la educación, la capacitación, la reintegración social y la prevención de nuevos delitos.

Una de las modalidades previstas son los institutos abiertos, que tendrán un perfil socioeducativo y estarán a cargo de personal civil especializado.

La intervención de las fuerzas de seguridad dentro de estos establecimientos quedará limitada a situaciones excepcionales, cuando exista un riesgo concreto e inmediato para las personas y la situación supere las posibilidades de respuesta del personal civil.

Se reemplaza la normativa vigente desde 2015

El Decreto 1809 también dispone la derogación del Decreto 4435/15, que establecía las reglas de funcionamiento de los establecimientos cerrados destinados a menores privados de libertad.

A partir de ahora, el Ministerio de Justicia y Seguridad deberá avanzar en la elaboración de nuevos protocolos y normas operativas que se ajusten al régimen vigente.

Las nuevas reglas deberán contemplar situaciones críticas como hechos de violencia grave, intentos de fuga, autolesiones, incendios o emergencias sanitarias. La reglamentación pone el acento en la prevención, la contención y la utilización de mecanismos que permitan reducir la violencia.

También se establece que las medidas disciplinarias no podrán afectar derechos fundamentales como la educación, la salud, la alimentación o el acceso a la asistencia jurídica.

Santa Fe ya prepara la aplicación del nuevo régimen

La implementación provincial se suma a las medidas adoptadas por otros organismos santafesinos ante la entrada en vigencia del nuevo sistema. El Ministerio Público de la Defensa, por ejemplo, estableció nuevos lineamientos para fortalecer la defensa especializada de adolescentes y remarcó principios como la especialidad, la proporcionalidad, la mínima intervención y el uso de la privación de libertad como último recurso.

De esta manera, Santa Fe busca adaptar su estructura existente al nuevo escenario nacional sin abandonar el sistema procesal propio de la provincia.

El resultado es un modelo que combina las nuevas disposiciones nacionales con herramientas y organismos provinciales ya existentes, mientras se establecen nuevos protocolos para determinar cómo deberán actuar jueces, fiscales, defensores y las áreas administrativas cada vez que un adolescente ingrese al sistema penal.