Milei priorizó la Base Naval Integrada de Ushuaia en el Presupuesto 2027 y endureció la ofensiva por Malvinas

• Javier Milei instruyó a Luis Caputo para priorizar fondos destinados a la Base Naval Integrada de Ushuaia en el Presupuesto 2027.
• El proyecto apunta a reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur y la capacidad logística hacia la Antártida.
• El Gobierno considera que la competencia internacional por recursos estratégicos aumentará la importancia geopolítica de la región antártica.
• La administración nacional anunció una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas.
• La acusación se basa principalmente en la Ley 26.659, que sanciona actividades de exploración y explotación sin autorización argentina.
• La ofensiva oficial busca combinar infraestructura estratégica, protección de recursos y acciones judiciales para fortalecer el reclamo argentino de soberanía sobre las islas.

El Gobierno nacional avanzó con dos medidas vinculadas con su estrategia para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur. Por un lado, el presidente Javier Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que la Base Naval Integrada de Ushuaia sea considerada una prioridad dentro del proyecto de Presupuesto 2027. Por otro, la administración nacional anunció una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

La instrucción presidencial establece que, en la elaboración del proyecto presupuestario que deberá ser enviado al Congreso el próximo 15 de septiembre, se prioricen los recursos destinados a comenzar el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos considerados estratégicos para la seguridad nacional y la defensa de los intereses soberanos argentinos.

La decisión coloca a Ushuaia en un lugar central dentro de la política de defensa diseñada por el Gobierno. El proyecto de la Base Naval Integrada fue concebido hace más de una década y tiene entre sus principales objetivos fortalecer la capacidad argentina de presencia, vigilancia y control sobre el Atlántico Sur.

A su vez, el complejo busca convertir a Ushuaia en una plataforma logística de mayor capacidad para las operaciones vinculadas con la Antártida. Esta dimensión adquirió particular relevancia a partir del planteo realizado por Milei durante su mensaje por cadena nacional, cuando sostuvo que la competencia internacional por recursos estratégicos se profundizará y que la Antártida tendrá un papel creciente en la disputa geopolítica mundial.

En ese marco, la construcción de infraestructura militar y logística en el extremo sur del país es presentada por la administración libertaria como parte de una estrategia destinada a incrementar la capacidad de proyección argentina hacia el Atlántico Sur y el continente antártico.

El anuncio presupuestario coincidió con una nueva escalada en la disputa por la explotación de recursos naturales en las inmediaciones de las Malvinas. El Gobierno informó que presentará una denuncia penal contra cinco compañías a las que acusa de desarrollar actividades relacionadas con hidrocarburos sin autorización argentina.

Las empresas señaladas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Según la posición oficial, tres de esas firmas habrían obtenido autorizaciones británicas para avanzar con tareas de exploración y extracción de hidrocarburos en el área, una situación que la Argentina considera contraria a su legislación.

La presentación judicial estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. La denuncia no se limitará a las sociedades involucradas, sino que también alcanzará a las personas que hayan tenido responsabilidad en las operaciones cuestionadas.

El Gobierno fundamentará su accionar principalmente en la Ley 26.659, que establece sanciones para las empresas y personas que realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin contar con la autorización correspondiente.

La ofensiva judicial forma parte de una estrategia más amplia. La Cancillería ya había anunciado procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas por presuntas actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas. La intención oficial es alcanzar no solamente a las compañías que operan directamente en la zona, sino también a accionistas y empresas que les brindan servicios.

El objetivo declarado es impedir o dificultar el avance del proyecto petrolero Sea Lion y reforzar la posición argentina frente a cualquier actividad económica desarrollada en un territorio cuya soberanía es reclamada por el país.

Así, la prioridad presupuestaria para la Base Naval Integrada y las acciones contra las empresas petroleras forman parte de una misma política oficial: fortalecer las capacidades estatales en el Atlántico Sur, proteger los recursos naturales y profundizar el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.