El costo de la boleta única para Cristina y Milei

Que los intendentes peronistas del conurbano sean beneficiados por la boleta única de papel (BUP) desnuda las limitaciones de la ley sancionada esta semana por el Congreso para erradicar prácticas capaces de condicionar la voluntad de los electores. Sobre todo si termina de consolidar la posición dominante en ese sistema de decisión de quienes, con razón, están sospechados de mantenerse en el poder mediante opacidades consentidas por los vacíos legales del régimen electoral que este cambio deja indemnes. 

La BUP desdobla la elección de candidatos a cargos nacionales y provinciales a menos que las Legislaturas adhieran a ella. Algo que la endémica y dispersa oposición no tiene cómo imponer en la provincia de Buenos Aires. Allí convivirán por un tiempo todavía indeterminado las supuestas virtudes de la BUP con los vicios atribuidos a la utilización de la boleta tradicional. Es decir que, por ejemplo, su robo del cuarto oscuro seguirá gozando de buena salud. 

Esta disociación relativiza el peso de los liderazgos electorales de dirigentes nacionales. Sobre todo el de Cristina. Si es candidata a diputada nacional en 2025, no estará en la boleta donde se elijan legisladores provinciales y municipales. Lo que privará a La Cámpora de la herramienta de presión con la que amenazaron a los intendentes para que les cedieran el control de esas listas. Si no lo hacían, la expresidenta sindicaría a dedo un elegido para disputarles el poder.

Pero tal vez la mayor contradicción sea que esta inversión en la escala del poder esté más cerca del ideal democrático. Una construcción piramidal ascendente de la base al vértice. Los intendentes no podrían estar más eufóricos. El miércoles contuvieron el ansia de festejo por lo resuelto en Diputados la noche anterior. De organizarlo, lo harían con la apariencia de su última reunión. Aprovechar el cumpleaños del intendente de Pilar, Federico Achával, para alquilar un discreto salón en Palermo.

Máximo Kirchner y Wado de Pedro rectificaron esa noche su oferta de resolver con una interna el reparto de candidaturas. Al jefe de La Cámpora tampoco le interesa la del 17 de noviembre, que convocó para renovar autoridades en el PJ que él preside. Desde el acto en el Club Atenas de La Plata sabía que la BUP sería ley. El desafío de criticar a Kicillof a pocas cuadras de la oficina donde gobierna fue para quejarse del espacio que Jorge Ferraresi ganó en su entorno.

A La Cámpora le interesa el de Ariel Lambezat, subsecretario de Infraestructura en la Dirección General de Escuelas. Lambezat se encargó de la obra pública en Avellaneda y tiene a su cargo la refacción de colegios. Ferraresi fundó con Guillermo Pesce la constructora Saek SRL. Pesce fue su segundo en el Ministerio de Hábitat. Ferraresi es aliado de Kicillof en su proyecto de ser candidato a presidente con autonomía de Máximo y Cristina. La BUP lo liberaría de los Kirchner, pero no del empoderamiento de los intendentes gracias a esa ley.

¿Hablará Ferraresi por Kicillof con Julio Zamora, Fernando Gray y Joaquín de la Torre? Los intendentes de Tigre y Esteban Echeverría podrían ser la base de una alternativa que se abre con la BUP: disputar los cargos en juego en cada sección electoral por fuera del peronismo aprovechando el liderazgo local de cada intendente. De la Torre acumula experiencias de ese tipo en San Miguel.

Un indicio del impacto negativo de la BUP en el kirchnerismo fue la suspensión del acto que Jorge Capitanich iba a compartir en el Chaco con Andrés Larroque, pero que La Cámpora lo obligó a suspender. Coqui fue designado por Kicillof asesor en el Bapro a pedido de Cristina. El ministro de Desarrollo es el emisario de Kicillof ante gobernadores y dirigentes del interior.

La nueva modificación de la ley 14.836, que limita a una sola la posibilidad de renovar mandatos en cargos electivos bonaerenses, podría funcionar como caso testigo de los efectos que ocasiona en el kirchnerismo la pérdida de poder a mano de los intendentes. Sobre todo porque los bloques legislativos son controlados por La Cámpora. Tal vez para mitigar el rechazo que recogerá en la opinión pública, la oposición asegura que solo accederá a votar ese cambio si el oficialismo accede a imponer la BUP en 2025.

Una versión de cierta candidez frente a otra: la solidaridad anticipada de Martín Insaurralde con Maximiliano Abad en la elección interna de la UCR bonaerense a cambio de reciprocidad con la ley que limita la reelección de los intendentes. Este domingo, la UCR renueva autoridades. Abad promueve a Miguel Fernández como presidente del comité. Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau, a Pablo Domenecini.

El resultado es incierto por el interés que concitó la aparición de Insaurralde. De 135 intendentes, 81 cesarán en 2027 si no se corrige la ley 14.836. De ellos, 50 son de Unión por la Patria y 31, de la oposición, con mayoría radical. Lousteau y Yacobitti no están dispuestos a que Abad negocie en soledad con Insaurralde que 2023 sea la fecha a partir de la cual corra el primer mandato. Sancionada en 2017, la ley preveía que fuera desde 2015. En 2021 se la fijó en 2019. Solo detalles.

El activismo de Insaurralde desmiente el retiro que se esmera en difundir su entorno; esa insistencia le impuso el irónico apodo de “el inactivo”. A propósito: ¿Gustavo Menéndez le ofreció anteayer a Cristina presidir el PJ nacional? El intendente de Merlo responde a Insaurralde.

Javier Milei está en riesgo de pagar el costo político de Cristina con la BUP. Podría mejorar su representación en el Congreso, pero en la provincia dependería exclusivamente del éxito de su programa económico. Su convicción de bajar la inflación para llegar al déficit cero debe haberse reforzado con el acto del Parque Lezama, que habría acelerado el desembarco de Eduardo “Lule” Menem en la Anses. Un duro golpe a Sebastián Pareja, artífice de que La Libertad Avanza sea partido político y al que ni siquiera mencionó.

Cálculos optimistas de libertarios estimaron la concurrencia en siete mil personas. Pocas para el esfuerzo económico reflejado en cientos de micros. La mayoría identificados con la firma Metropol, de la zona oeste del conurbano, lo que alimentó suspicacias, seguramente descabelladas, sobre Sergio Neiffert. El jefe de la SIDE presidió el Consejo Escolar de Malvinas Argentinas, un organismo sospechado de financiar la contratación de transporte escolar para las movilizaciones.

Fabricio Martínez asistió a Sebastián Pareja con la logística en La Matanza. Martínez fue baleado con 30 disparos de ametralladora en 2022. Atribuido a una disputa por el liderazgo de la barra en Deportivo Laferrère, el siniestro se vincularía a la actividad de Martínez como pirata de la carne. Es decir, el robo a camiones que la transportan.

Martínez es custodio del Sindicato de la Carne y se le atribuyen vínculos con el narcotráfico. En 2023 negoció con Emilio Pérsico que barras de Laferrère respaldaran en las PASO la candidatura de Patricia Cubría a intendenta de La Matanza. Cubría es la esposa de Pérsico, que, a cambio, habría costeado la reparación del auto de alta gama en el que fue baleado Martínez.

Sebastián Pareja es subsecretario de Infraestructura Urbana y aseguró que no halló irregularidades en el gasto del fondo fiduciario que depende de su área, en el gobierno anterior controlada por funcionarios de Juan Grabois, ligado a Pérsico por la Cetep, la central que agrupa a los trabajadores informales.

* Para La Nación

Ilustración: Alfredo Sábat