Milei, entre vituperios y un nuevo reto
El mayor desafío que enfrenta Javier Milei en estas horas no es la ley de financiamiento universitario ni la fuerte probabilidad de que el Congreso rechace el reciente veto presidencial a esa norma. Tampoco es la presión que desde la calle pueda ejercer la comunidad universitaria junto a sectores políticos y sindicales que en algunos casos esgrimen causas nobles para resguardar cajas innobles. El gran reto que afronta hoy el jefe del Estado está ligado a su credibilidad y al hecho de que su promesa de que el ajuste sería soportado por la casta y no por la gente se encuentra bajo el cuestionamiento de la opinión pública.
El actual nivel de conflictividad política y social, incluida la desconfianza mutua que caracteriza la relación entre Milei y Mauricio Macri, y el hecho de que esté por delante la más importante discusión parlamentaria desde la sanción de la Ley Bases, que no es otra que la del presupuesto 2025, obliga al Gobierno a pergeñar rápidamente una estrategia más original para que los conflictos no obturen aspectos medulares de una política económica de cuyo éxito depende el futuro de los argentinos.
Siete de cada diez ciudadanos consideran que la carga del ajuste está recayendo más sobre la gente que sobre la casta. Apenas el 13,8% cree lo contrario, en tanto que el 11% opina que está siendo soportada en partes iguales por la gente y la casta. El dato surge de una encuesta concluida el 16 de septiembre por la consultora Synopsis entre 1195 personas en el ámbito nacional y presenta un agravante: entre los propios votantes de Milei, el 53,5% también juzga que el ajuste lo está pagando la gente y no la casta.
Tanto esa consultora como Giacobbe & Asociados dan cuenta de una nueva caída en la imagen del Presidente en el último mes. Synopsis le otorga 53,1% de percepción negativa contra 40,3% de positiva. Giacobbe (2500 casos al 30 de septiembre), 46,2% negativa y 42,2% positiva.
Uno de los mayores problemas que afronta todo gobierno que debe encarar procesos de corrección del desequilibrio fiscal pasa por sobrevivir a los cuestionamientos y las consecuencias sociales que cualquier ajuste provoca. Para evitar enfrentarse al riesgo de colapsar políticamente, un gobierno en esas circunstancias necesita que el ajuste sea percibido como justo por la sociedad; esto es, que la distribución de sus cargas resulte equitativa con la capacidad de cada sector para absorber sus costos. Pero, como afirma el director de Synopsis, Lucas Romero, “un gobierno que se pasa todo el tiempo discutiendo temas corrosivos como el ajuste a los jubilados o a la educación universitaria naturalmente enfrentará un proceso de desgaste”.
Lo cierto es que el gobierno de Milei viene corriendo desde atrás al conflicto universitario, reaccionando ante los hechos y no anticipándose a ellos. El miércoles último, por segunda vez en seis meses, el Poder Ejecutivo fue desafiado por otra multitudinaria movilización en favor de la universidad pública. Es cierto que, esta vez, el conflicto pareció estar más ceñido a una cuestión salarial y no a la posibilidad del cierre de universidades públicas, como se había planteado originalmente. Pero también es claro que hoy el Gobierno enfrenta un problema mayor por hallarse ante un conflicto de poderes, derivado del veto a la ley de financiamiento universitario y de la muy probable insistencia del Congreso en la sanción de la norma con las dos terceras partes de los votos en cada cámara legislativa.
El Gobierno prácticamente descuenta que en esta oportunidad, a diferencia de lo acontecido cuando se trató el veto a la ley de movilidad jubilatoria en Diputados, no contará con los “87 héroes” ni con el número mínimamente necesario para obstaculizar la insistencia de la oposición en la ley sobre el presupuesto universitario. Ya hay diputados de Pro que tienen decidido no acompañar el veto presidencial en esta ocasión y otros tantos dudan, pero temen jugarse por una causa que visualizan como impopular para ayudar al Gobierno y encima arriesgarse a perder la votación. Mauricio Macri delegó la cuestión en el presidente del bloque de diputados, Cristian Ritondo, antes de partir al exterior, no sin antes expresar entre allegados sus discrepancias con Milei por sus aparentes incumplimientos sobre lo que acuerdan, y plantear que la rutina de las milanesas en la quinta presidencial de Olivos podría haber llegado a su fin.
El Gobierno debate qué hacer frente a la posibilidad de que el Congreso rechace el veto. Su estrategia comunicacional de calificar a la movilización como meramente “política” resultó insuficiente, si bien le vino como anillo al dedo para hablar del “tren fantasma” la presencia en la marcha universitaria de figuras desacreditadas como Pablo Moyano, Fernando Espinoza y Juan Grabois, junto a Cristina Kirchner saludando a los manifestantes desde un balcón y a Sergio Massa con su coro de seguidores que entonaban el estribillo “Vamos a volver”. La manifestación contó, especialmente en ciudades del interior del país, con una masiva presencia de jóvenes no movilizados por aparatos partidarios. Este hecho es particularmente desafiante para Milei por cuanto la juventud conforma la principal base de sustento electoral de La Libertad Avanza.
Hay segmentos de la sociedad que pueden resultar especialmente sensibles para la legitimidad de las políticas de un gobierno. Los jubilados y los jóvenes están entre ellos. No puede olvidarse que muchos de los problemas de la gestión presidencial de Macri se iniciaron a fines de 2017 cuando pareció tocar a los jubilados, aun cuando la aprobación de su propuesta de movilidad para los haberes jubilatorios hubiera sido mucho mejor que aquella que la oposición forzó a sancionar tras las 14 toneladas de piedras. También debe recordarse que algunos de los inconvenientes de la gestión de Alberto Fernández empezaron con el fastidio de muchos jóvenes con el encierro al que se los sometió durante meses enteros de aislamiento social obligatorio en la pandemia.
Ante el eventual rechazo del veto a la ley de financiamiento universitario, desde el Gobierno se ha dejado trascender que podría recurrir a la Justicia para que suspenda los efectos de la norma por contradecir la ley de administración financiera, que en su artículo 38 expresa que “toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general debe especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento”. Sin embargo, dentro de la propia Casa Rosada hay quienes desaconsejan esta alternativa, por cuanto el fuero contencioso administrativo federal, donde recaería la presentación judicial del Gobierno, “estaría bastante colonizado por el kirchnerismo”. Una derrota oficial en la primera instancia judicial sería un nuevo golpe para Milei. ¿Valdrá la pena tanta pelea por una diferencia presupuestaria que representaría el 0,14% del PBI?, se preguntan muchos. En el Gobierno, contestan con una frase que le brindó el exministro de Economía macrista Hernán Lacunza a José Del Rio en LA NACION: “Si los lunes aumentamos jubilaciones, los martes universidades y los miércoles los sueldos de los pilotos, el jueves habrá subido la deuda y el viernes, la inflación”.
La estrategia del Gobierno pasaría por ahora por seguir negociando una mejora salarial para los docentes y el personal universitario, para lo cual mañana buscará conformar, dentro de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, una comisión técnica para revisar la política salarial, que integrarán tres representantes del Poder Ejecutivo y tres de los gremios universitarios. Paralelamente, se esperará la discusión del presupuesto nacional de 2025, donde los legisladores tendrán la facultad de definir las partidas de gastos y sus correspondientes recursos.
Hacer política es saber gestionar relaciones, administrar los vínculos con un sentido estratégico en pos de alcanzar objetivos asociados al bien común. Ningún líder político puede permitir que la ira se apodere de él. El agresivo discurso pronunciado por Milei en Parque Lezama una semana atrás, enfervorizando a grupos de fanáticos a quienes alentó a insultar a los periodistas que osaran cuestionar sus políticas o a los encuestadores que difundieran datos desfavorables sobre la gestión gubernamental, provocó una preocupación que fue más allá de los destinatarios de los improperios del Presidente.
Hubo quienes se preguntaron si, con su actitud de hablar de “los nuevos traidores a quienes se los va a tragar la tierra” y de “una nueva casta” conformada por las voces disidentes, acaso Milei no estaría buscando seducir a votantes del kirchnerismo, imitando a sus jefes en su típica confrontación con la prensa independiente. Un funcionario que conoce bien al primer mandatario sugirió que no se buscara ninguna estrategia sofisticada y, tras asegurar que nunca escuchó de boca de Milei en privado argumentos distintos a los que expone públicamente, concluyó con un clásico: “Milei es así”.
No faltan quienes, dentro del propio movimiento político que encabeza Milei, ven a su jefe como la expresión de un clima de época signado por el fin de la moderación. Según esa concepción, su líder es una suerte de consignatario de una corriente de opinión que reclama una venganza colectiva y que revaloriza el estilo pendenciero propio de ciertas redes sociales. El ejercicio del poder, sin embargo, implica una enorme responsabilidad, y la madurez de un líder debe conducirlo a no profundizar corrientes de opinión que puedan resultar dañinas para el tejido social si son llevadas a sus extremos. Su responsabilidad pasa precisamente por moderarla y reencauzarla. La radicalización suele ser un camino de ida sin regreso.
Lo peor que puede hacer el Presidente es seguir vituperando, en nombre de las ideas de la libertad, la propia libertad del periodismo para expresar sus ideas. Más que desacreditar a la prensa, estará desacreditándose a sí mismo.
* Para La Nación