La Justicia inmoviliza el patrimonio de José Luis Espert en una causa por presunto lavado de dinero

• La Justicia ordenó la prohibición de innovar sobre los bienes de José Luis Espert
• La medida alcanza a su pareja, familiares, socios y sociedades vinculadas
• La causa investiga un presunto lavado ligado a una transferencia de 200.000 dólares
• El fallo detalla graves omisiones e inconsistencias en sus declaraciones juradas
• El vínculo con el empresario Fred Machado es central en la investigación
• Los allanamientos y peritajes profundizaron el avance de la causa judicial

La investigación judicial que involucra al economista y dirigente libertario José Luis Espert dio un giro clave en las últimas horas. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ordenó la prohibición de innovar sobre todos los bienes muebles, inmuebles y activos financieros del exlegislador, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero que tiene como eje una transferencia de 200.000 dólares recibida en 2020 desde el exterior. La medida alcanza también a su pareja, María Mercedes González, y a distintas personas y sociedades vinculadas.

La resolución busca preservar el patrimonio bajo análisis e impedir eventuales maniobras de ocultamiento, transferencia o vaciamiento que puedan dificultar un eventual decomiso de fondos de origen ilícito. En concreto, los bienes no podrán ser vendidos, cedidos, gravados ni modificados mientras avanza la investigación. El alcance de la cautelar incluye a familiares directos y a terceros que aparecen en el entramado económico investigado, así como a sociedades relacionadas en lo que respecta a bienes inmobiliarios, sin afectar su funcionamiento operativo.

La causa tomó relevancia pública en octubre de este año, cuando Espert se perfilaba como primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El impacto político del expediente derivó en su renuncia a la postulación, una decisión que fue inicialmente respaldada por el presidente Javier Milei en un intento por contener el daño electoral, en medio de presiones tanto internas como externas.

El fallo judicial detalla una extensa serie de omisiones e inconsistencias en las declaraciones juradas impositivas de Espert. Entre los puntos centrales, se destaca la falta de declaración de una cuenta en el banco Morgan Stanley, utilizada para recibir fondos del exterior, y la ausencia de registros que justifiquen ingresos por 200.000 dólares provenientes de actividades profesionales o comerciales fuera del país. Tampoco se consignaron contratos ni facturación que respalden esos movimientos.

Además, la resolución enumera irregularidades en el impuesto sobre los Bienes Personales, como la omisión de participaciones societarias, subvaluaciones de inmuebles y vehículos, y la existencia de ingresos declarados insuficientes para explicar el crecimiento patrimonial registrado entre 2018 y 2020. En ese período, el patrimonio del exlegislador se habría duplicado, incorporando bienes de alto valor sin una correspondencia clara con sus ingresos formales.

La investigación también puso el foco en maniobras de facturación presuntamente diseñadas para “hacer cerrar” las declaraciones juradas, según surge de correos electrónicos secuestrados durante allanamientos. En esos intercambios, una contadora sugería esquemas de facturación para cubrir retiros y sueldos del imputado. A esto se suma la detección de cuentas no declaradas en el exterior y operaciones con sociedades extranjeras que no fueron informadas al fisco.

El vínculo con Federico “Fred” Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por delitos vinculados al narcotráfico y al lavado de activos, constituye el núcleo más sensible del expediente. Según la hipótesis judicial, Machado transfirió fondos desde una cuenta en Bank of America a una cuenta de Espert en Morgan Stanley, bajo el argumento de un contrato de asesoría por una mina en Guatemala, valuado en un millón de dólares. Sin embargo, la Justicia señala que no se presentó documentación que respalde de manera fehaciente ese acuerdo.

En declaraciones radiales, el juez Mirabelli sostuvo que los indicios reunidos hasta el momento muestran un esquema patrimonial “difuso”, con numerosas tenencias no declaradas o subvaluadas, lo que resultaría funcional a la eventual inyección de dinero de origen ilícito. Si bien el magistrado aclaró que la investigación se encuentra en una etapa inicial, consideró que existen elementos suficientes para justificar la medida cautelar.

En paralelo, la causa avanzó con allanamientos en domicilios vinculados a Espert, su entorno familiar y estudios contables, así como en propiedades relacionadas con Machado. La documentación secuestrada sigue siendo analizada y podría derivar en nuevas imputaciones o ampliaciones del objeto procesal. Mientras tanto, la inmovilización del patrimonio marca un punto de inflexión en un expediente que combina derivaciones judiciales, políticas y financieras de alto impacto.