La Justicia investiga el uso de un helipuerto en la lujosa quinta de Pilar y profundiza la pesquisa por presunto lavado

• La Justicia investiga quién utilizaba el helipuerto de una lujosa quinta en Pilar
• Pedido a la ANAC para identificar pilotos y reconstruir vuelos desde la habilitación
• Búsqueda de pruebas sobre vehículos, servicios y gastos del inmueble
• Sospechas sobre el uso de una sociedad como pantalla para bienes de terceros
• Análisis del patrimonio y antecedentes de los supuestos testaferros
• La causa pasó del fuero federal al penal económico por presunto lavado de activos

La investigación judicial sobre una lujosa quinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, sumó en las últimas horas una nueva línea de análisis: el uso de un helipuerto emplazado dentro del predio. El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky solicitó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) el listado de pilotos de helicópteros que hayan pedido autorización para aterrizar o despegar en el lugar desde su habilitación hasta la actualidad. El objetivo es reconstruir quiénes utilizaron efectivamente la propiedad y, en particular, quiénes llegaban o se retiraban por vía aérea.

El requerimiento se produjo luego de que la ANAC informara que el helipuerto está autorizado a operar, pero que el registro de aterrizajes y despegues debe ser llevado por el responsable del lugar. Ese libro, según indicaron fuentes del caso, no fue hallado durante los allanamientos realizados en la quinta. Ante esa ausencia, la Justicia busca alternativas para identificar a los usuarios reales del helipuerto y, por extensión, del inmueble en su conjunto.

La medida se enmarca en una causa más amplia que apunta a determinar quiénes sostienen los gastos y utilizan una propiedad de alto valor que figura a nombre de la sociedad Real Central SRL. Dicha firma está integrada por Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, señalados en la denuncia como supuestos testaferros de altas autoridades de la AFA. Ambos fueron notificados para que presenten descargos y pesan sobre ellos medidas restrictivas, como la prohibición de salida del país y la inhibición general de bienes.

En paralelo, el juez Aguinsky libró órdenes de presentación a distintos organismos para acelerar la remisión de documentación considerada clave. Entre ellas, se solicitó información sobre la titularidad de 54 vehículos secuestrados en un galpón del predio, algunos de colección y otros de alta gama, además de los nombres de las personas autorizadas a conducirlos y a nombre de quiénes están registrados los sistemas de telepeaje. También se pidieron informes a empresas de Internet, cable y telefonía celular para determinar quién abona los servicios vinculados al domicilio de la quinta.

La investigación no se limita a ese inmueble. También se analiza la propiedad real de una casa ubicada en dos lotes del barrio privado Ayres Plaza, también en Pilar. En ambos casos, el foco está puesto en establecer si los bienes pertenecen efectivamente a quienes figuran como titulares o si, en los hechos, son utilizados y financiados por terceros.

La denuncia que dio origen a la causa fue presentada por la Coalición Cívica. Según consta en el escrito, la quinta de Pilar no solo cuenta con un helipuerto, sino también con una pista de entrenamiento para equinos y un haras con caballos árabes y pura sangre, lo que refuerza las sospechas sobre el elevado nivel de gastos que demanda el mantenimiento del lugar.

Pantano, de acuerdo con la denuncia, fue presidente de la Asociación Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del club Almirante Brown. Está inscripto como monotributista y, al momento de la presentación judicial, registraba una deuda bancaria superior a los dos millones de pesos. Su madre, en tanto, es jubilada y trabajadora autónoma, y durante la pandemia fue beneficiaria del Ingreso Familiar de Emergencia otorgado por la ANSES.

Otro punto central de la pesquisa es la evolución patrimonial de Real Central SRL. Pantano había adquirido en 2021 el 50% de una firma denominada Central Parks Drinks SRL, de escasa actividad y con un capital social de apenas 300.000 pesos. En mayo de 2024, la sociedad fue rebautizada como Real Central SRL y su capital se incrementó a 58 millones de pesos. En ese proceso, Pantano cedió su participación a su madre, que pasó a ser la accionista mayoritaria. Dos semanas después, la empresa compró el predio donde se encuentra la mansión.

Para los denunciantes, estos movimientos permiten inferir “la posible utilización de la sociedad como pantalla para bienes de terceros” y la eventual comisión del delito de lavado de activos mediante la ocultación del origen de bienes de alto valor económico. La causa estuvo inicialmente a cargo del juez federal Daniel Rafecas, quien ordenó los primeros allanamientos, pero tras un planteo de incompetencia fue remitida al fuero penal económico, donde ahora se profundiza la investigación.