Incomodidad en el Congreso: aliados del Gobierno cuestionan quedar al margen del armado de la reforma laboral

• Aliados del oficialismo expresan malestar por quedar relegados en el armado de la reforma laboral.
• El Gobierno priorizó negociar con gobernadores y senadores, dejando de lado a Diputados.
• Temen que cambios en el Senado obliguen a reabrir el debate en la Cámara baja.
• El calendario de sesiones extraordinarias reduce el margen para corregir errores.
• El principal conflicto sigue siendo el capítulo fiscal y su impacto en las provincias.
• La estrategia legislativa del Ejecutivo tensiona la relación con bloques dialoguistas.

A pocos días de que el Senado trate el proyecto de modernización laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei, comenzó a tomar cuerpo un malestar creciente entre los bloques que, sin formar parte del oficialismo, acompañan en líneas generales la iniciativa. La incomodidad no pasa tanto por el contenido de la reforma, sino por la estrategia política elegida por el Ejecutivo, que priorizó la negociación con gobernadores y senadores, dejando a la Cámara de Diputados en un rol secundario dentro del proceso.

El clima quedó expuesto tras la última reunión de jefes de bloque en Diputados, convocada para acordar la sesión en la que se debatirá el nuevo Régimen Penal Juvenil. Allí, referentes de distintos espacios dejaron trascender su desacuerdo con la forma en que el Gobierno encaró el tratamiento de una ley de alto impacto estructural sin un trabajo coordinado entre ambas cámaras. La advertencia que se repite es clara: cualquier cambio que el Senado introduzca al texto obligará a que el proyecto vuelva a Diputados, con plazos ajustados y costos políticos que nadie quiere asumir.

Desde sectores que respaldan la mayor parte de la reforma, como el PRO, señalan que leyes de esta magnitud requieren un abordaje integral y simultáneo entre senadores y diputados. En ese sentido, cuestionan que el Ejecutivo haya concentrado las conversaciones en los gobernadores, bajo la premisa de que esos acuerdos se traducirían automáticamente en votos en el Congreso. Según remarcan, esa lógica no siempre se cumple en Diputados, donde la composición es más fragmentada y la disciplina partidaria resulta menos rígida.

El reclamo incluye la falta de diálogo con bloques que no responden a mandatarios provinciales y que, aun así, pueden resultar decisivos para aprobar la iniciativa. Espacios como Encuentro Federal o la Coalición Cívica, con presencia solo en la Cámara baja, quedaron al margen de las negociaciones, lo que alimenta la sensación de que el oficialismo subestima el rol de Diputados en el tramo final del debate legislativo.

Dentro de la Unión Cívica Radical el diagnóstico es similar, aunque con matices. Algunos legisladores reconocen que no existe un trabajo orgánico entre ambas bancadas y que, ante esa ausencia, avanzaron en contactos individuales con senadores para anticipar posibles modificaciones y evitar sorpresas cuando el proyecto llegue a Diputados. Otros, en cambio, relativizan el problema y sostienen que la discusión sobre la reforma laboral lleva más de quince años instalada en la agenda pública, por lo que los puntos centrales ya fueron debatidos a nivel social y político.

A ese cuadro se suma un cronograma legislativo particularmente ajustado. Las sesiones extraordinarias finalizan el 27 de febrero y el reglamento establece plazos estrictos para la firma de dictámenes. Los feriados de carnaval reducen aún más el margen operativo, limitando la posibilidad de reuniones informativas y exposiciones de especialistas. Frente a este escenario, el oficialismo evalúa extender por decreto el período de extraordinarias para ganar tiempo y descomprimir la presión sobre el Senado.

Desde el Gobierno transmiten que la negociación está avanzada, aunque admiten que todavía existen puntos sensibles sin cerrar. El principal foco de tensión no está en el núcleo de la reforma laboral, sino en su capítulo fiscal. Allí se concentran artículos que reducen alícuotas impositivas, como el impuesto a las Ganancias para grandes empresas, con impacto directo en la masa de recursos coparticipables que reciben las provincias.

La Casa Rosada argumenta que el costo fiscal será limitado y que se verá compensado por un mayor nivel de actividad y por la formalización de cientos de miles de trabajadores. Sin embargo, varios gobernadores ya dejaron trascender que podrían acompañar la ley en general, pero rechazar esos artículos en la votación en particular, lo que mantiene abierta una negociación contrarreloj.

En Diputados, ese escenario refuerza la preocupación. El temor es que el Senado introduzca cambios para destrabar acuerdos con las provincias y que luego sea la Cámara baja la que deba absorber el costo político de aceptar o rechazar un texto modificado, sin haber sido parte del diseño original. En ese contexto, el malestar entre los aliados del oficialismo no apunta a la reforma en sí, sino a un método de construcción política que, advierten, podría complicar un trámite legislativo ya de por sí delicado.