El costo político de una renuncia que golpea el relato anticorrupción del Gobierno

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La política suele enseñar una lección que muchos gobiernos descubren demasiado tarde: no existe capital político más difícil de recuperar que el de la credibilidad. Se puede sobrevivir a una recesión, a una derrota legislativa e incluso a una fuerte crisis económica si la sociedad percibe que quienes gobiernan mantienen intacta su autoridad moral. Pero cuando la sospecha alcanza el corazón mismo del discurso que llevó a un presidente al poder, la discusión deja de ser judicial para convertirse en política.

La renuncia de Manuel Adorni expone precisamente ese dilema. No porque una dimisión implique, por sí misma, una admisión de culpabilidad. En cualquier Estado de derecho corresponde recordar que las responsabilidades penales las determina exclusivamente la Justicia y no el tribunal permanente de las redes sociales. Sin embargo, la política opera bajo otras reglas: la confianza pública se erosiona mucho antes de que exista una sentencia.

Durante la campaña presidencial, Javier Milei construyó una parte importante de su legitimidad sobre una promesa contundente: terminar con las viejas prácticas de la política y erradicar la corrupción como método de administración del Estado. Ese mensaje encontró una sociedad cansada de escándalos, privilegios y funcionarios que parecían vivir en una realidad paralela a la de millones de argentinos.

Precisamente por eso, cualquier sospecha que alcance a uno de los principales integrantes del Gobierno adquiere una dimensión mucho mayor que la de un expediente judicial. No se trata solamente de investigar el patrimonio de un funcionario. Se trata de medir la consistencia del relato político que permitió llegar al poder.

Durante meses, la estrategia oficial consistió en cerrar filas alrededor de Adorni. La defensa fue absoluta. Se apeló al principio de inocencia, se denunció una operación política y se insistió en que ninguna acusación justificaba su desplazamiento sin una condena firme.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el razonamiento puede resultar atendible. Pero gobernar exige comprender que la ética pública no siempre coincide con los tiempos de los tribunales.

Los mercados financieros no esperan una sentencia para reaccionar. Tampoco lo hacen los inversores cuando evalúan la estabilidad institucional de un país. Mucho menos una ciudadanía que observa cómo quien ocupa uno de los cargos más relevantes del Estado aparece diariamente vinculado a explicaciones patrimoniales cada vez más difíciles de comprender.

La experiencia internacional demuestra que los gobiernos exitosos suelen actuar antes de que el costo político se vuelva irreversible. Lo hacen porque entienden que preservar la institución resulta más importante que proteger a una persona.

Eso fue, justamente, lo que terminó ocurriendo.

La salida de Adorni no parece responder a una convicción repentina, sino al reconocimiento de una realidad política imposible de seguir administrando. Cuando un funcionario deja de explicar la agenda del Gobierno para convertirse él mismo en la noticia diaria, la gestión pierde iniciativa y comienza a gobernar a la defensiva.

La carta de renuncia buscó instalar otra narrativa. Allí predominó la idea del funcionario acosado, víctima de campañas mediáticas y decidido a proteger a su familia del desgaste permanente. Es un argumento comprensible desde el plano humano. Nadie puede minimizar el impacto que la exposición pública produce sobre los seres queridos de quienes ocupan posiciones de poder.

Pero la cuestión central continúa siendo otra.

Los funcionarios públicos administran recursos, decisiones y responsabilidades que pertenecen a toda la sociedad. Esa condición implica aceptar un nivel de escrutinio infinitamente mayor que el de cualquier ciudadano común. No es un privilegio; es el costo inherente al ejercicio del poder.

Cuando aparecen interrogantes sobre la evolución patrimonial de un alto funcionario, las respuestas deben ser completas, verificables y convincentes. No alcanza con denunciar persecuciones, señalar conspiraciones o atribuir todas las críticas a intereses políticos. La transparencia no consiste únicamente en afirmar que se es honesto; consiste en demostrarlo de manera permanente.

El episodio también deja una enseñanza para el propio oficialismo. Durante demasiado tiempo, buena parte de la dirigencia eligió el silencio. Algunos aliados evitaron pronunciarse. Otros defendieron lo indefendible. Solo cuando el costo comenzó a volverse inmanejable aparecieron los pedidos de dar un paso al costado.

Ese comportamiento tampoco constituye una novedad en la política argentina. Cambian los gobiernos, cambian los protagonistas y cambian los discursos, pero la lógica corporativa suele repetirse con una llamativa persistencia.

Paradójicamente, las reacciones posteriores a la renuncia reflejaron esa misma contradicción. Mientras algunos dirigentes oficialistas mantuvieron un respaldo incondicional, otros comenzaron a hablar de confianza, ética y responsabilidad institucional, conceptos que habrían tenido mayor fuerza si hubieran sido expresados cuando el conflicto recién comenzaba.

Del otro lado tampoco abundaron las lecciones morales. Buena parte de la oposición aprovechó el episodio para saldar viejas cuentas políticas, intercambiar ironías y disputar ventajas comunicacionales. Es un comportamiento habitual, aunque difícilmente contribuya a fortalecer la calidad institucional que todos dicen defender.

En definitiva, la verdadera prueba recién comienza.

La Justicia deberá determinar si existieron o no conductas ilícitas. Esa es una tarea que corresponde exclusivamente a los tribunales. Pero el Gobierno enfrenta un desafío distinto: reconstruir una credibilidad que ya no depende solamente de sus resultados económicos.

Porque una administración puede estabilizar la inflación, recuperar inversiones o mejorar los indicadores fiscales. Sin embargo, si la sociedad comienza a dudar de la coherencia entre el discurso y los hechos, el activo más importante de cualquier proyecto político empieza a deteriorarse.

La lucha contra la corrupción nunca fue solamente un conjunto de causas judiciales. Es, sobre todo, una cultura institucional. Y las culturas no se sostienen con discursos, sino con decisiones oportunas.

Quizás esa sea la principal enseñanza que deja la salida de Manuel Adorni. En política, muchas veces el problema no es únicamente el escándalo. El verdadero costo aparece cuando un gobierno tarda demasiado en comprender que la credibilidad también tiene fecha de vencimiento.