Sindicalismo argentino: otra vez "flan"

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La escena fue tan previsible como reveladora. La CGT y las dos CTA abandonaron el Consejo del Salario antes de que comenzara la instancia donde debían discutir el aumento del salario mínimo. Después denunciaron la falta de diálogo, anunciaron presentaciones ante la Organización Internacional del Trabajo y buscaron instalar la idea de que el Gobierno había vaciado de contenido una institución histórica. La realidad parece mucho más incómoda para el sindicalismo: quienes rompieron la negociación fueron precisamente quienes ahora dicen defenderla.

Hay un viejo reflejo corporativo que atraviesa buena parte de la dirigencia gremial argentina. Consiste en convertir cualquier mesa de discusión en un escenario político donde el conflicto importa más que el resultado. Esa lógica explica por qué una reunión convocada para negociar terminó transformándose en una retirada cuidadosamente preparada. La excusa fue la modalidad virtual. El verdadero objetivo pareció ser otro: impedir que el Gobierno pudiera exhibir un proceso institucional funcionando mientras las centrales obreras perdían capacidad de imponer las reglas del juego.

Resulta difícil aceptar que en pleno siglo XXI la principal objeción sea que una negociación se realice mediante herramientas tecnológicas. Empresas multinacionales cierran acuerdos millonarios por videoconferencia. Organismos internacionales deliberan de manera remota. Gobiernos mantienen reuniones estratégicas utilizando plataformas digitales. Sin embargo, para la CGT y las CTA la virtualidad habría destruido la esencia misma del diálogo. La explicación resulta poco convincente. Mucho más aún cuando desde el oficialismo sostienen que precisamente las reuniones grabadas ofrecen mayores garantías de transparencia sobre lo que efectivamente se dice.

El argumento sindical se desmorona todavía más al observar el desarrollo de los hechos. Las centrales participaron de la comisión técnica, presentaron su propuesta salarial y recién después decidieron abandonar el encuentro antes del plenario donde debía producirse la discusión definitiva. Es decir, no fueron expulsadas. No se les impidió hablar. Eligieron levantarse. La diferencia no es menor porque cambia completamente la naturaleza del episodio.

Lo verdaderamente escandaloso fue abandonar una negociación para luego denunciar que no hubo negociación.

El Gobierno quedó entonces ante una alternativa inevitable. No podía dejar indefinida una decisión que afecta a millones de trabajadores porque una de las partes resolvió retirarse voluntariamente. El Consejo del Salario contempla precisamente estos escenarios: cuando no existe acuerdo, el Poder Ejecutivo fija el incremento correspondiente. No se trata de una innovación libertaria ni de una ruptura institucional. Es el mecanismo previsto para evitar que el bloqueo permanente paralice decisiones indispensables.

La conducta gremial revela además un problema más profundo. Durante décadas, buena parte del sindicalismo argentino confundió representación con poder de veto. Acostumbrados a negociar desde posiciones de enorme influencia política, algunos dirigentes parecen incapaces de aceptar que el Estado conserve la potestad final cuando el consenso fracasa. Lo llamativo es que ahora presentan como un atropello aquello que forma parte del funcionamiento mismo del organismo.

Las cifras discutidas durante la reunión muestran otra dimensión del conflicto. Las centrales impulsaron un salario mínimo cercano al millón de pesos hacia fin de año. Nadie puede negar que el deterioro del poder adquisitivo constituye un problema serio. Pero una negociación responsable exige considerar también la sustentabilidad económica, la situación de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, y el objetivo de consolidar un proceso de estabilización que recién comienza a mostrar resultados consistentes.

La administración de Javier Milei enfrenta un desafío extraordinario: reconstruir una economía devastada por años de inflación crónica, déficit permanente y emisión descontrolada. Ese proceso obliga a tomar decisiones que muchas veces resultan incómodas. Lo que no puede hacer es hipotecar la estabilidad alcanzada para satisfacer demandas que, aunque comprensibles desde el punto de vista sindical, deben convivir con las restricciones reales del sistema económico.

Existe otra cuestión que el episodio dejó completamente expuesta. Mientras los dirigentes gremiales denunciaban la supuesta falta de relevancia institucional del encuentro, fueron ellos quienes transformaron la reunión en una plataforma de confrontación política. Hablaron de denuncias internacionales antes incluso de agotar la instancia local. Amenazaron con recurrir nuevamente a la OIT. Construyeron un relato destinado más al impacto mediático que a la resolución concreta del problema.

La apelación permanente a organismos internacionales tampoco deja de resultar paradójica. La Argentina necesita fortalecer sus propias instituciones, no convertir cada desacuerdo interno en un expediente presentado en el exterior. Llevar sistemáticamente las diferencias domésticas fuera del país transmite una imagen de incapacidad para resolver conflictos mediante los mecanismos previstos por el propio ordenamiento institucional.

El oficialismo entendió algo que durante años pareció olvidado: la paz social no consiste en conceder automáticamente cada reclamo corporativo. Consiste en establecer reglas claras, aplicarlas con previsibilidad y garantizar que ninguna organización pueda condicionar indefinidamente el funcionamiento del Estado. Esa diferencia marca un cambio de época que explica buena parte de la resistencia que enfrenta el Gobierno.

También conviene poner el episodio en perspectiva histórica. Durante mucho tiempo el Consejo del Salario fue criticado precisamente porque sus acuerdos respondían más a correlaciones de fuerza políticas que a evaluaciones económicas rigurosas. Ahora que existe un Gobierno dispuesto a preservar el equilibrio fiscal y evitar aumentos incompatibles con la estabilidad macroeconómica, aparecen quienes presentan cualquier límite como una agresión institucional.

La mayor contradicción quedó sintetizada en la retirada sindical. Si realmente creían en la importancia del Consejo, debían permanecer hasta el final, votar, dejar constancia formal de su posición y permitir que el procedimiento siguiera su curso. Eligieron exactamente lo contrario. Prefirieron el portazo antes que la discusión. El gesto dice mucho más sobre sus prioridades que cualquier comunicado posterior.

La Argentina atraviesa un momento delicado donde cada decisión económica tiene consecuencias políticas inmediatas. Precisamente por eso resulta imprescindible abandonar las viejas prácticas de la confrontación permanente. El Gobierno hizo lo que debía hacer: convocó la reunión, permitió que las partes expusieran sus posiciones y, ante la ausencia deliberada de quienes decidieron romper el proceso, avanzó con el mecanismo institucional previsto.

El verdadero escándalo no fue la virtualidad. Tampoco el decreto que terminará fijando el salario mínimo. El escándalo fue comprobar que quienes invocan el diálogo fueron los primeros en abandonar la mesa.