La Justicia ordenó nuevas medidas para investigar la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos

• María Eugenia Capuchetti ordenó medidas preliminares en una denuncia contra Javier Milei y otros funcionarios.
• La Justicia pidió preservar las filmaciones del aeropuerto de Puerto Iguazú correspondientes al 27 y 28 de octubre.
• Migraciones deberá informar qué controles se realizaron sobre el avión privado y sus pasajeros.
• Gabriel Solano denunció posibles delitos vinculados con la salida de Flávio Bolsonaro y reclamó investigar eventuales omisiones estatales.
• El fiscal federal de Puerto Iguazú desestimó otra denuncia al no detectar irregularidades migratorias ni aduaneras.
• La Fiscalía de Revisión deberá decidir si corresponde archivar esa causa o ampliar las medidas de prueba.

La salida del senador brasileño Flávio Bolsonaro desde Puerto Iguazú rumbo a Estados Unidos quedó bajo análisis de la Justicia federal argentina, que busca determinar si existieron irregularidades en los controles migratorios o una eventual intervención de funcionarios nacionales para facilitar su traslado. La jueza federal María Eugenia Capuchetti dispuso medidas preliminares en una denuncia contra el presidente Javier Milei y otros integrantes del Gobierno, mientras la fiscalía reúne elementos para decidir si corresponde impulsar formalmente la investigación.

Entre las diligencias ordenadas, a pedido de la fiscal Paloma Ochoa, figura la preservación de las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Puerto Iguazú correspondientes al 27 y 28 de octubre. La medida apunta a conservar registros que permitan reconstruir los movimientos realizados en la terminal aérea y establecer las circunstancias en las que el legislador brasileño abordó el vuelo que lo trasladó fuera del país.

La magistrada también solicitó información sobre posibles comunicaciones oficiales procedentes de Brasil. Los requerimientos buscan determinar si las autoridades argentinas recibieron alertas o notificaciones relacionadas con la situación judicial de Bolsonaro antes de su partida. A su vez, se pidió a la Dirección Nacional de Migraciones un informe detallado sobre los controles realizados al avión y a sus pasajeros.

Estas actuaciones forman parte de una etapa preliminar anterior a la decisión de la fiscalía sobre el impulso de la denuncia presentada por Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero. La presentación atribuye presuntos delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos. Las imputaciones deberán ser examinadas a partir de las pruebas que puedan incorporarse al expediente y no constituyen, por sí mismas, responsabilidades acreditadas.

Según la denuncia, Bolsonaro ingresó a la Argentina por Puerto Iguazú, en Misiones, y abandonó el territorio nacional a las 23.30 del 27 de octubre en un avión privado de la empresa Baires Fly. El denunciante cuestionó las condiciones en las que se produjo el traslado y pidió establecer si los organismos argentinos disponían de información previa sobre la situación judicial del senador en Brasil.

Solano sostuvo que Milei no podía desconocer la restricción para salir de Brasil que, según afirmó, había dispuesto el juez del Supremo Tribunal Federal brasileño Alexandre de Moraes. A partir de ese planteo, reclamó que se investigara si existieron omisiones en los controles o fallas en los mecanismos de cooperación internacional que pudieran haber permitido la salida de Bolsonaro desde la Argentina.

La causa deberá establecer, entre otros aspectos, si hubo comunicaciones entre organismos de ambos países, qué información manejaban las autoridades migratorias y si los procedimientos aplicados se ajustaron a las normas vigentes. Por ahora, las medidas dispuestas están orientadas a reunir documentación y preservar pruebas, sin que se haya establecido judicialmente la existencia de una maniobra ilegal.

En paralelo, otro expediente iniciado en Puerto Iguazú tuvo una primera resolución diferente. El fiscal federal de esa jurisdicción, Fabián Martínez, desestimó la denuncia contra Bolsonaro por su ingreso al país el 27 de octubre, al considerar que las verificaciones realizadas no habían detectado delitos ni irregularidades en los controles migratorios y aduaneros.

De acuerdo con los resultados preliminares de esa investigación, tampoco se encontraron elementos que comprometieran la actuación de los agentes que intervinieron en el procedimiento. Por ese motivo, el fiscal entendió que no existían fundamentos suficientes para sostener una hipótesis delictiva y dispuso dar intervención a la Fiscalía de Revisión.

Ese organismo deberá resolver si corresponde confirmar el archivo de las actuaciones o disponer nuevas medidas de prueba. La denuncia en esa jurisdicción había sido presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, quien cuestionó la decisión del fiscal y también formuló otra presentación ante la Justicia brasileña.

De esta manera, el episodio quedó bajo análisis en dos ámbitos judiciales distintos, con actuaciones y evaluaciones preliminares que todavía deben completarse. Mientras en Misiones se revisa la decisión de desestimar la denuncia, en los tribunales federales de Comodoro Py se busca determinar si hubo una intervención irregular de funcionarios argentinos en la salida del senador brasileño hacia Estados Unidos.