La tormenta perfecta

POLÍTICA Por Julio Moreno
Disminución de subsidios y aumentos de tarifas, un dilema difícil de solucionar en un año electoral.
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El aumento de las tarifas de los servicios públicos no deja de ser una preocupación más que significativa para el Poder Ejecutivo que usó el tema como ariete de campaña contra Macri y la capacidad de subsidio ya llegó al límite. Este año y en función del preacuerdo con el FMI el Poder Ejecutivo se comprometió a no superar el pago de subsidios el 1,7% del PBI. El dilema será determinar quienes realmente necesitan la ayuda y recortar los subsidios políticos. 

Es muy angosto el camino que tendrá el ministro Guzmán sabiendo que la situación fiscal está muy comprometida y no admite un incremento de subsidios a los servicios públicos con el antecedente que recientemente nuestra vicepresidenta afirmó que durante este año con una clara consigna electoral de mantener la igualdad entre precios, salarios y tarifas, buscando alinear estas variables.

Esto significa que deberán hacer una distinción muy definida entre los sectores que tengan una mejora salarial que podrán acompañar los aumentos de los servicios públicos y los que no lo podrán hacer, concretamente a los trabajadores informales y los que fueron perjudicados con la pandemia.

Si no aumenta el PBI se recortan los subsidios.

La historia de los tarifazos es ardua y extensa. En 2008, cuando se buscó subir un 200% las tarifas del gas y electricidad, fue tal el rechazo que multiplicaron las acciones legales y las protestas. En 2011, después del apoyo recibido con el 54% de los votantes, Cristina Fernández quiso recortar los subsidios para todos los usuarios salvo los que no pudieran demostrar una real necesidad de contar con la ayuda estatal para pagar los servicios. Esta medida originalmente iba a ser de aplicación casi universal y solo se aplicó el incremento a los countries. Fue la época que el Gobierno convoco en forma voluntaria a inscribirse en un registro a los usuarios que consideraban que no tenían la necesidad de recibir un subsidio del Estado para pagar la tarifa real del gas y electricidad, el resultado fue un fracaso ya que los inscriptos fueron muy pocos, ni siquiera los grandes defensores del modelo se inscribieron, optando por aplicar un mínimo aumento en las tarifas.

Todas las fórmulas fracasaron.

También se especuló con que el Gobierno sinceraría los costos de los servicios públicos, habiéndose anunciado dos veces y suspendido la misma cantidad. El aumento de subsidios a la energía pasó a representar cerca del 25% del gasto público, el final ya lo conocimos y fue el colapso del sistema con apagones especialmente en los meses de verano de los años 2013 y 2014.

También fue muy inequitativa la forma de distribuir los subsidios a los beneficiarios ya que el sistema no cumplía el rol por el que fue creado, mostrando por ejemplo que un porteño pagaba por su factura de luz una octava parte (si un 1/8) de los ciudadanos de otras provincias.

En su momento el Plan Fénix de 2013 indicaba que el 6,4% del monto que el Estado destinaba a subsidiar el sistema eléctrico solo llegaba al 1/5 más pobre del país. El 93,6% era para sectores con ingresos más elevados. Y en ese contexto, 1/5 más rico del país recibía el 42,6% del total de subsidios pagados. Y no olvidar que las garrafas, destinados a sectores de menores recursos, costaban 5 y 6 veces más que el gas natural. La inequidad en la distribución de los subsidios no fue negada ni siquiera por el oficialismo. No tenían una solución política sobre este tema, generando uno de los fenómenos sociales más trascendentes de la época bautizado por varios analistas como la “capacidad de indignación de las clases medias” que tuvieron más difusión mediática que el padecimiento de los pobres.

Posteriormente durante el gobierno de Mauricio Macri que incluyó el incremento de tarifas en su proyecto de gobierno, con las subas anunciadas por Juan José Aranguren, las mismas tuvieron varias dificultades como las acciones legales de las asociaciones de consumidores, la presión social por la imposibilidad de pagar las tarifas de instituciones sin fines de lucro como clubes que cerraron sus puertas por no poder pagar los altísimos costos y hasta intervenciones directas de la Corte Suprema de Justicia.

Ante estos antecedentes el equipo económico anunció un procedimiento llamado “esquema tarifario de transición” definido por el Ente Regulador para otorgar los subsidios a quienes realmente lo necesiten, en teoría suena bien, pero en la práctica costara más implementarlo para evitar que no existan protestas. Según el comunicado, se escuchará a todos los sectores para que expliquen por qué pueden o no pagar los nuevos precios de las tarifas

Concretamente de lo que estamos hablando es que por ejemplo hay sindicatos que firmaron incrementos de sueldos por encima de la inflación que sus trabajadores si podrían pagar los aumentos, o los que no podrán pagar los incrementos tarifarios como empresas que con los controles de precios no les autorizaron incrementos en sus productos o servicios, o trabajadores informales, o desocupados.

¿Cómo se hará para cobrarle a un vecino cuyos ingresos acompañan a la inflación una tarifa y a otro una distinta? La experiencia de los últimos años no deja margen para el malabarismo; y la promesa del ministro Guzmán al FMI de que los subsidios no superaran el 1,7% del PBI lo ata de pies y manos.

El desafío es evitar el tarifazo en un año netamente político con compromisos asumidos, tratando de que ningún sector de la economía se perjudique, dejando conforme a todos, que no es menor. Vayamos pensando.

Julio Moreno para El Tribuno

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