El Colegio de Magistrados tensiona con Maximiliano Pullaro y teme por la "independencia judicial"

El Colegio de Magistrados de Santa Fe cuestionó de forma muy crítica el decreto 659 del gobernador Maximiliano Pullaro que modificó el reglamento de selección de jueces, defensores y fiscales. Afirmó que implica un retroceso que afecta la independencia judicial de la provincia. Por el momento no remitió los nombres para integrar los consejos evaluadores.

Con la firma del santafesino Roberto Dellamónica y el rosarino Iván Kvasina, presidente y vice, el Colegio reconoce la debilidad que el Consejo de la Magistratura de Santa Fe no tenga rango constitucional ni legal (fue creado en 1989 por decreto), recuerda que "las sucesivas reglamentaciones han procurado dar protección al sistema de selección, potenciando la prevalencia de los desempeños en las pruebas de oposición y entrevistas".
 
Para los jueces, el reglamento que diseñó la administración Pullaro va en sentido contrario porque tendrá "directa implicancia... sobre las condiciones (normativas y reales) de la independencia judicial en la provincia".

Los magistrados entienden que el decreto no está orientado "hacia lo que el sistema de selección en verdad tiene que buscar, que es la prevalencia de los méritos de los y las postulantes en detrimento de las preferencias políticas".

"...Resulta un franco retroceso que disminuye la calidad del sistema" –dice el Colegio– tanto la eliminación del "orden de mérito para la confección de las listas que hace el jurado evaluador después de realizadas las pruebas de oposición y entrevistas de postulantes, como la facultad que otorga en el artículo 26 al señor Gobernador a elegir de entre los postulantes inscriptos para un concurso, cuando éste se encuentre paralizado por más de 90 días, y ni siquiera se hayan efectuado las pruebas de oposición y entrevistas personales a cada uno de ellos".
Sin orden de mérito en la Justicia de Santa Fe
Con respecto al orden de mérito, el nuevo reglamento estableció que el consejo evaluador elevará un listado con todos los que aprobaron por orden alfabético y sin nota ni ninguna otra valoración.

Los magistrados rechazan porque "esta supresión del orden de mérito implica el riesgo serio de una mayor politización del proceso de selección y un consecuente debilitamiento del sistema".

Entienden que "simplifica la oposición y la entrevista, licuándolas o privándolas de su sentido más eminente, que es elegir a los mejores candidatos/as".

"En el decreto actual –dice el Colegio de Magistrados– aparece como indiferente y neutro, para la propuesta a elevar por el consejo evaluador, contar con más experiencia, capacitación y mejor desempeño en las pruebas de oposición y entrevista. Es aquí que el sistema se debilita, sustituyendo la determinación por méritos por una elección discrecional del Poder Ejecutivo".

Y remata: "...al perderse la referencia objetiva al orden de méritos, se abre paso a un debilitamiento profundo de la futura independencia judicial de los postulantes, dado que pueden surgir instancias inciertas y aún azarosas de cómo hacer para que la elección gubernamental se vuelque sobre alguno o alguna de los igualados postulantes".

Facultad extra para Maximiliano Pullaro
Para los magistrados, "más preocupante" todavía es la facultad que el nuevo reglamento le concede al Poder Ejecutivo en el artículo 26. donde establece que "en los concursos para la cobertura de cargos de magistrados, cuando los mismos se vieran paralizados por causas ajenas a la administración y hubieran transcurrido más de tres meses desde su apertura, el Poder Ejecutivo se reserva" la posibilidad de pedir el acuerdo legislativo de cualquiera de los postulantes que cumplan con los requisitos básicos aunque no hayan hecho prueba de oposición”.

Los jueces advierten que situaciones de esas son muy factibles, que sucedieron en el pasado, y que de ocurrir, el nuevo reglamento "se torna letra muerta pues se configurará una situación absolutamente discrecional en cabeza del señor Gobernador con el solo control de la Legislatura provincial".

Al final del documento, los magistrados tiran una bronca más: el decreto les quita presencia en los jurados de los concursos de fiscales y defensores y los deja exclusivamente en los de jueces. Por el contrario, habilitó esas sillas a representantes del Ministerio Público de la Acusación (que ya envió su listado con nombres) y del Servicio Público de la Defensa Penal, respectivamente.

Política y jueces tensionan en Santa Fe
El Colegio argumenta que como institución "aglutina también a fiscales y defensores públicos, como así también fiscales y defensores adjuntos".

El gobierno de Maximiliano Pullaro no da muestra de ceder en el diseño del nuevo reglamento del Consejo de la Magistratura ante los reclamos de los jueces. Es un sector con el que tiene marcadas diferencias y hasta ahora no fue permeable a sus pedidos.

Uno de los puntos de desacuerdo, pero que no escaló, es por la cobertura de vacantes en el Poder Judicial. El gobierno provincial no sólo no envió pliegos para cubrir los cargos (la Corte Suprema los calcula en cerca de un centenar) , sino que resolvió no utilizar los candidatos seleccionados en los concursos hechos por la administración de Omar Perotti y volver a llamar a concurso, pero con el nuevo reglamento, el mismo que el Colegio de Magistrados cuestiona.

Además, el Ejecutivo ya adelantó que no cree que sea necesario cubrir todas las vacantes, sino establecer un mapa de urgencias y necesidades y no hacer designaciones por inercia, es decir por el solo hecho de que haya cargos vacíos. Todo en el marco de la definición central del gobernador ante la Legislatura. "La Justicia de Santa Fe es cara e ineficiente".

CON INFORMACION DE LETRA P.