Pullaro se anima a enfrentar a Bordas, el intocable que maneja la caja del Poder Judicial santafesino

La discusión de la reforma constitucional de Santa Fe pondrá en el foco la actividad de la Corte Suprema de Justicia. En el debate estará planteado si este poder fundamental del Estado debe manejar su propia administración y presupuesto, es decir gobernar sus recursos, o solamente dedicarse a dictar las sentencias de última instancia. Una fuerte corriente transversal en la política indica que el máximo tribunal no tiene por qué tener la última palabra sobre cómo se definen cuestiones como construcciones, compra de tecnología o de servicios para la Justicia. Y cuando hablan en el cambio de modelo en todos los debates entra un funcionario que hace casi 30 años maneja esas funciones y, con ellas, un enorme poder estatal.

El funcionario donde desaguan todas las discusiones sobre la Corte que viene es una gran figura en el Poder Judicial de Santa Fe. Es una persona que construyó una enorme influencia a partir de concentrar decisiones políticas. En los distintos gobiernos lo llaman hace mucho, con algo de exageración, "El señor de las licitaciones".

Es Eduardo Marcos Pedro Bordas, un abogado de 68 años con 40 años de vida judicial. Docente universitario de Derecho Administrativo, con sagacidad, inteligencia y sobre todo ambición profesional fue concentrando atributos para el manejo del poder y la plata de los tribunales de la provincia.

Hoy que Maximiliano Pullaro acelera una embestida sin retorno para reemplazar a los miembros de la Corte Suprema también está en el radar del cambio el lugar que hoy ocupa el secretario de Gobierno del tribunal supremo santafesino. Es una cuestión de nombre propio pero, sobre todo, de la función del manejo presupuestario que hasta ahora la Constitución provincial asigna a la Corte. En el Ejecutivo, donde hacen una exaltación explícita de la reducción de los gastos, alegan que en la Justicia santafesina se pagan cifras desaforadas por viáticos o servicios que se contratan, y por tener un festival de cargos cubiertos en determinados juzgados, que no condicen con las labores exigibles.

"¿Nos vamos a animar a tener un Poder Judicial distinto? Entonces hay que dejar de designar gente que se dedique a cosas distintas de cuestiones jurisdiccionales, es decir, de lo que tiene que ver con litigar, analizar los casos jurídicamente y dictar los fallos", indica un legislador que tiene peso en el Congreso provincial.

Bordas es, en los términos formales de la ciencia política, el tipo ideal culminante del burócrata judicial. Aunque, como complemento virtuoso de ese concepto, también dentro de su campo lo describen como lo más parecido al CEO de una multinacional. En las antípodas del estereotipo del judicial que deja de existir a las 13 horas, es un full time que no almuerza y toma té, muy ejecutivo para resolver, que viaja por toda la provincia de modo continuo, disponible para el trabajo a cada minuto incluso los fines de semana. "Tiene una radiografía mental del estado de los tribunales desde Vera a Rufino", indican a LPO fuentes tribunalicias.

Bordas es un funcionario con un poder enorme sobre la gente, temido especialmente en Santa Fe, que dispone los gastos de una manera casi personalizada. Si alguien se toma el trabajo de revisar las actas de las reuniones de acuerdos de la Corte Suprema advertirá que en ellas nunca se dejan constancias de dinero.

Es la persona a la que los mismos ministros de la Corte provincial nombran cuando algo tiene que ver con presupuesto, compras u orientación de recursos. Es desde 1991 el secretario de Gobierno de la Corte lo que es una función que justamente está en la mira para el futuro. En 1999 hubo una acordada del máximo tribunal, la 41, que puso en manos de Bordas el control administrativo de la Justicia. Desde entonces su carrera se disparó con una autonomía que ahora la política quiere discutir para reformular. "Es un hombre que resuelve problemas institucionales pero también problemas personales de ministros de la Corte", dice un funcionario del gobernador Maximiliano Pullaro.

Un funcionario con un poder enorme sobre la gente, temido especialmente en Santa Fe, que dispone los gastos de una manera casi personalizada. Si alguien se toma el trabajo de revisar las actas de las reuniones de acuerdos semanales de la Corte Suprema advertirá que en ellas nunca se dejan constancias de dinero. Eso es apenas una vez al año en el Informe Anual del máximo tribunal provincial que Bordas confecciona y dispone a la firma de los ministros que, cuentan, rubrican con los números ya ejecutados.

"Hoy el gerenciamiento del Poder Judicial depende de él. El problema es que si no está él se generan problemas y eso es su poder. Y es un vaciamiento de poder institucional que hay que subsanar con urgencia", apuntan fuentes del Ejecutivo.

Aquella acordada 41 definía que a la Secretaría de Gobierno de la Corte le corresponde ejecutar las decisiones de la Corte Suprema, proponer estrategias para la distribución racional del uso de los recursos del Poder Judicial y organizar la administración financiera, contable, presupuestaria y patrimonial del Poder Judicial. Para los críticos, que son legión, el problema es que estas facultades no las concentró una dependencia, sino una sola persona, con mínimo o nulo control de la Corte. No le critican la capacidad de trabajo, sino que durante los últimos 25 años un funcionario con potestades administrativas acumuló un poder inmenso y detentó decisiones que se consideran voluntarias.

La informatización del Poder Judicial, el SISFE, que se concibió para digitalizar un sistema basado en documentos en papel, fue impulsado por Bordas. Su implementación y su utilización producen hasta hoy objeciones de usuarios, litigantes y operadores dentro de la Justicia. Y tuvo un especial contratiempo en pandemia que terminó conque la empresa que tenía concesionado el sistema organizara una mesa de entrada digital a los cuatro meses de generarse el problema.

Hubo gestiones recientes para obtener el sistema de gestión electrónica de expedientes judiciales de Tucumán que incluso permite ver audiencias en vivo, seguir los casos en tiempo real y producir formas de control. Esto que era posible obtener de manera gratuita está bloqueado ahora por una determinación que le atribuyen a Bordas. Quien en su momento gestionó con Ingra, empresa informática española, prestaciones de este tipo.

La informatización del Poder Judicial, el SISFE fue impulsada por Bordas. El sistema enfrenta hasta hoy objeciones. Hubo gestiones para obtener el sistema de Tucumán que incluso permite ver audiencias en vivo y que era posible obtener de manera gratuita. Pero está bloqueado por una determinación que le atribuyen a Bordas, quien en su momento gestionó con Ingra, empresa informática española, prestaciones de este tipo.

Anécdota que ex funcionarios cuentan entre sonrisas venenosas. A fines de 2009, durante el gobierno de Hermes Binner, hubo que renegociar con una empresa constructora las pautas del edificio de Justicia en Santa Fe. ¿Qué pasó? Había cambiado legalmente el modelo de juicio de delitos que pasaría a ser en base a audiencias orales, por lo que se necesitaban salas, lo que volvía obsoleto el proyecto ganador, sustentado en oficinas de juzgados. Se discutía si se caía la licitación o si el estudio de arquitectura readecuaba el proceso. Binner quería readecuarlo porque tenía muchos profesionales de Obras Públicas que, según él, le abarataban a la provincia los trabajos de rediseño.

"No obstante el estudio pidió una millonada para reajustar el proyecto en una reunión", le cuenta a LPO un antiguo funcionario del Ejecutivo que estuvo en el encuentro. Había gente de Fiscalía de Estado, de Obras Públicas, de la Corte y del estudio de arquitectos del proyecto ganador. "En un intervalo el de Obras Públicas me dice: «Qué negociación brava, el abogado que se trajeron los del Estudio de Arquitectos es tremendo, cómo los defiende, da gusto tener un profesional así». Le dije: «No es el abogado del estudio, es el secretario de Gobierno de la Corte»".

Si hay reforma habrá debate sobre el actual artículo 92 de la Constitución de Santa Fe que pone en manos de la Corte Suprema la administración del presupuesto del Poder Judicial. Lo que buscarán es evitar una concentración de poder que, alegan, hoy tiene una sola persona. Quieren terminar con las atribuciones de Gobierno de la Corte.

"No está mal tener alguien que ayude a gerenciar", indica un legislador del socialismo y coincide con un observador de los Tribunales. "El asunto es quién define las políticas de gerenciamiento y quiénes las controlan. Hoy la Corte Suprema le delega a un funcionario técnico esa función. Y este maneja los números, decide con influencia decisiva en qué se gasta, como y con qué beneficiarios". Es Bordas quien confecciona los informes de la Secretaría de Gobierno y el Anual de la Corte Suprema con la evolución de los recursos disponibles, las recaudaciones propias, los saldos no invertidos, los gastos de funcionamiento, construcciones y adquisiciones de bienes de uso. La crítica es que es con rala o nula supervisión de los ministros del superior tribunal santafesino.

En 1994 la reforma nacional le asignó las facultades de gobierno al Consejo de la Magistratura de la Nación. La Corte encontró no obstante la forma de mantener el manejo de los recursos asumiendo el control del propio Consejo.

El procesalista Alberto Binder, uno de los asesores permanentes para la reforma del sistema penal en Santa Fe, dice a viva voz que las funciones de la Secretaría de Gobierno de Santa Fe debe dejar de existir. "La Corte no tiene por qué manejar personal, ni plata, ni recursos. Porque eso le sirve para domesticar al poder policial, judicial, al Estado todo. Y con eso lo que hace es pactar con el poder político", dijo recientemente.

"En Santa Fe ese intercambio de favores lo vemos todo el tiempo. Fallos, contratos, privilegios son la forma que adopta ese intercambio. Esa es la gran enfermedad que tenemos", remarca Binder. "La Corte Suprema tiene un manejo comisarial sobre el resto del Poder Judicial para entrar a ese gran juego de favores que es la política. Que la Corte dicte fallos, que no tenga ningún poder sobre los jueces ni sobre la política. Creo que ahí tiene que apuntar Pullaro si desea ver un cambio auténtico".

CON INFORMACION DE LAPOLITICAONLINE.