El DNU de la SIDE y la ventaja política del receso parlamentario

• El receso del Congreso no implica su cierre, pero reduce el control político.
• El DNU sobre la SIDE fue firmado en un momento institucionalmente favorable al Ejecutivo.
• La Libertad Avanza constituyó solo las comisiones que le resultan funcionales.
• La falta de la comisión de Trámite Legislativo impide analizar el decreto.
• La oposición reaccionó tarde y sin una estrategia coordinada.
• Mientras no sea rechazado, el DNU mantiene fuerza de ley

Aunque el calendario legislativo marque un paréntesis, el receso del Congreso no implica la paralización total de la actividad institucional. Sin embargo, en la práctica, ese lapso suele transformarse en una ventana de oportunidad para los oficialismos. La Libertad Avanza no fue la excepción y aprovechó ese tiempo muerto para que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reestructura la SIDE continúe vigente sin controles parlamentarios efectivos.

El presidente Javier Milei construyó buena parte de su capital político denunciando a “la casta” y sus prácticas. No obstante, a más de dos años de gestión, el Gobierno mostró que también sabe utilizar mecanismos ya conocidos en la política argentina. El DNU se firmó a fines de diciembre, en pleno clima festivo y con el Congreso fuera de funcionamiento ordinario. La jugada no fue casual: las sesiones extraordinarias habían concluido y la nueva convocatoria recién se prevé para febrero.

A ese contexto se sumó un factor clave: el recambio legislativo que se produce cada dos años. Con la renovación parcial de Diputados y el Senado, todas las comisiones deben volver a constituirse. El oficialismo avanzó solo con aquellas que considera estratégicas para su agenda inmediata, como Presupuesto, Legislación del Trabajo o Minería, ligadas a reformas económicas y estructurales que la Casa Rosada busca impulsar sin dilaciones.

En cambio, dejó deliberadamente en suspenso la conformación de dos comisiones bicamerales permanentes: la de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia y la de Trámite Legislativo. Esta última, creada por la Ley 26.122, tiene la función específica de analizar los DNU y debe estar operativa durante todo el año, incluso en receso, para evitar que el Ejecutivo legisle sin control en situaciones de urgencia.

La ausencia de estas comisiones no es un detalle administrativo. Sin ellas, diputados y senadores no pueden reunirse formalmente para discutir la validez ni el alcance del decreto que reestructura la SIDE. El resultado es claro: el DNU sigue teniendo fuerza de ley mientras corre el reloj, sin debate ni dictamen parlamentario.

Desde distintos bloques opositores se elevaron reclamos a las autoridades de ambas cámaras, Martín Menem y Victoria Villarruel, responsables de acelerar la conformación de los cuerpos de trabajo. Pero hasta ahora, esas quejas no tuvieron respuesta. El silencio oficial refuerza la percepción de una estrategia coordinada entre el Ejecutivo y el oficialismo legislativo para estirar los plazos al máximo.

La oposición, sin embargo, tampoco quedó bien parada. Con mayor experiencia parlamentaria, debió haber anticipado la maniobra y preparado un plan de contingencia. En lugar de eso, el tema pasó casi inadvertido durante las primeras semanas del receso. Más allá de algunos pronunciamientos aislados y presentaciones judiciales, el grueso de los legisladores se mantuvo al margen, en un escenario atravesado por la fragmentación política y las negociaciones paralelas entre gobernadores y la Casa Rosada por fondos y obras.

El Gobierno, mientras tanto, juega al límite con los tiempos constitucionales. Cuenta con diez días hábiles para enviar el decreto al Congreso y puede estirar ese margen hasta el último momento. Mientras no sea rechazado por ambas cámaras, el DNU sigue vigente, lo que convierte su eventual anulación en una tarea cada vez más compleja para una oposición dividida y condicionada.

La alternativa judicial aparece como un camino posible, pero aún sin definiciones. Hasta ahora no hubo fallos que frenen el decreto. Así, el receso parlamentario vuelve a exponer una debilidad estructural del sistema: cuando el control político se relaja, el Ejecutivo avanza. Y no siempre encuentra resistencia.