Polémica por el sable de San Martín: Grabois judicializa el traslado impulsado por el Gobierno

• Juan Grabois presentó una cautelar para frenar el traslado del sable de San Martín.
• La medida apunta contra un decreto del Poder Ejecutivo impulsado por Javier Milei.
• Argentina Humana cuestiona la falta de fundamentos técnicos del traslado.
• El sable fue donado al Estado con la condición de exhibirse en el Museo Histórico Nacional.
• El objeto tiene una historia marcada por robos y traslados durante distintos gobiernos.
• La polémica reabre el debate sobre el uso político del patrimonio histórico.

La decisión del Poder Ejecutivo de trasladar el sable corvo del General José de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al Regimiento de Granaderos a Caballo abrió un nuevo frente de conflicto político y judicial. El diputado nacional y dirigente social Juan Grabois encabezó la reacción más dura al anunciar la presentación de una medida cautelar para frenar el traslado de la histórica reliquia, al tiempo que lanzó fuertes críticas contra el presidente Javier Milei.

La iniciativa judicial fue presentada por el espacio Argentina Humana, que busca suspender el decreto presidencial que dispone el cambio de lugar de exhibición del sable. Según sostienen desde ese sector, la medida no sólo carece de fundamentos técnicos claros, sino que además vulnera las condiciones bajo las cuales la pieza fue donada al Estado argentino a fines del siglo XIX.

Grabois hizo pública su posición a través de redes sociales, donde acusó al Presidente de intentar apropiarse de un símbolo central de la historia nacional. En un tono confrontativo, calificó a Milei con términos como “cipayo”, “unitario” y “vendepatria”, y afirmó que el traslado implica un intento de “robo” de una reliquia que, a su entender, forma parte del patrimonio común del pueblo argentino. El dirigente también vinculó el gesto presidencial con una visión “colonial” de la historia y cerró su mensaje con una consigna que resume su postura: “El sable no se toca”.

Desde Argentina Humana explicaron que la cautelar cuenta con el respaldo de herederos de la familia de Juan Manuel de Rosas, a quien San Martín le obsequió el sable en reconocimiento a su defensa de la soberanía nacional. Ese dato no es menor: el arma fue donada al Estado en 1897 con la condición expresa de que se exhibiera en el Museo Histórico Nacional, donde permaneció durante décadas como una de sus piezas más emblemáticas.

En el comunicado difundido por el espacio político, se cuestiona que el decreto presidencial no exponga razones concretas que justifiquen el traslado ni detalle las condiciones de conservación que tendrá la reliquia en su nuevo destino. Para los impulsores de la acción judicial, la medida responde más a una decisión personal del Presidente que a criterios técnicos o patrimoniales.

El planteo también pone el foco en el valor simbólico del sable. Según Argentina Humana, se trata de un emblema de la soberanía continental y de la tradición independentista, cuyo uso político podría desvirtuar su significado histórico. En ese sentido, denunciaron que el Gobierno busca convertir el traslado en un gesto de alto impacto mediático, poniendo en riesgo la preservación del patrimonio.

La historia del sable de San Martín está marcada por una serie de traslados y episodios que refuerzan su carga simbólica. Tras su repatriación, permaneció en el Museo Histórico Nacional hasta 1963, cuando fue robado por integrantes de la Juventud Peronista. Años más tarde, durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, se dispuso su custodia en el Regimiento de Granaderos a Caballo. En 2015, una decisión presidencial lo devolvió al museo, donde volvió a exhibirse bajo custodia militar.

La nueva controversia reactualiza un debate de fondo sobre el destino de los símbolos históricos y el rol del Estado en su preservación. Mientras el Gobierno avanza con el traslado, la justicia deberá definir si la medida cautelar prospera y si el sable corvo continúa en el museo o regresa al ámbito militar. Más allá del desenlace, la discusión vuelve a poner en evidencia cómo los objetos del pasado siguen siendo terreno de disputa en el presente político argentino.