La Iglesia cuestiona la baja de la edad de imputabilidad y pide un Estado más presente

• La Iglesia cuestiona que el debate se centre solo en bajar la edad de imputabilidad.
• Advierte que el castigo penal no resuelve las causas del delito juvenil.
• Plantea la necesidad de un Estado más presente en educación y contención social.
• Alerta sobre el avance del narcotráfico en barrios vulnerables y su impacto en menores.
• Vincula la delincuencia juvenil con la falta de trabajo y la crisis familiar.
• Sostiene que sin políticas integrales no habrá soluciones duraderas.

La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública y encontró una respuesta clara por parte de la Iglesia Católica. A través de un documento de la Conferencia Episcopal Argentina, la institución expresó su preocupación por un debate que, a su entender, se concentra de manera excesiva en el castigo penal y deja en un segundo plano las causas estructurales que empujan a muchos adolescentes a situaciones de delito.

La postura eclesiástica no desconoce la gravedad de la inseguridad ni el sufrimiento de las víctimas, pero advierte que reducir la discusión a una modificación legal puede resultar una salida simplificadora frente a un problema social mucho más profundo. “Centrar el debate casi exclusivamente en la pena suele dejar en segundo plano aquello que realmente previene, educa y acompaña”, sostiene el texto difundido por los obispos, que vuelve a poner el foco en el rol del Estado y de las políticas públicas de inclusión.

En ese sentido, el vocero de la Conferencia Episcopal, Máximo Jurcinovic, señaló que el énfasis puesto únicamente en la edad de imputabilidad constituye una “mirada reductiva” que difícilmente logre resultados duraderos. Desde la óptica de la Iglesia, el desafío pasa por fortalecer los ámbitos educativos, culturales y comunitarios, con el objetivo de generar condiciones reales de reinserción social para los menores en conflicto con la ley.

El documento remarca que la prevención del delito juvenil exige la construcción de redes de contención eficaces, capaces de llegar antes de que la exclusión se transforme en violencia. Para la Iglesia, educar y acompañar no es una consigna abstracta, sino una estrategia concreta para evitar que los jóvenes queden atrapados en circuitos delictivos. “La clave es no llegar tarde”, repiten los obispos, en alusión a un Estado que muchas veces aparece cuando el daño ya está hecho.

Uno de los puntos más sensibles del diagnóstico eclesiástico es el avance del narcotráfico en los barrios populares. Los sacerdotes que trabajan en esos territorios alertan que el contacto con las drogas comienza cada vez a edades más tempranas, incluso antes de la adolescencia. Este fenómeno, advierten, erosiona los vínculos familiares, rompe trayectorias educativas y deja a chicos y chicas expuestos a economías ilegales que se presentan como la única alternativa posible.

A esta problemática se suma la falta de trabajo y la precariedad económica que atraviesan muchas familias. Desde la Iglesia sostienen que el empleo cumple una función central como organizador de la vida social y familiar, y que su ausencia profundiza la vulnerabilidad de los jóvenes. Sin ingresos estables ni expectativas de futuro, el riesgo de caer en situaciones de delito se incrementa, más allá de la severidad de las leyes penales vigentes.

La intervención de la Iglesia busca así correr el eje del debate y ampliar la mirada. Sin negar la necesidad de discutir normas y responsabilidades, plantea que ningún cambio legal será suficiente si no se acompaña de políticas sostenidas en educación, trabajo, salud y acompañamiento comunitario. En ese marco, la baja de la edad de imputabilidad aparece, para la institución, como una respuesta parcial a un problema que exige soluciones integrales y de largo plazo.