El Gobierno elimina el plus por presentismo y redefine la estructura salarial del empleo público

• El Ejecutivo eliminó el plus por presentismo para empleados del SINEP.
• La medida impacta en ministerios, organismos descentralizados y dependencias centrales.
• El adicional podía representar hasta $150.000 mensuales en algunos casos.
• El Gobierno argumenta que busca simplificar y optimizar el gasto estatal.
• Trabajadores advierten una pérdida directa de poder adquisitivo.
• La decisión reabre el debate sobre paritarias y control de asistencia en el sector público.

El escenario laboral en el sector público nacional atraviesa una etapa de cambios profundos. En las últimas horas, el Ejecutivo formalizó la eliminación del plus por presentismo para los trabajadores alcanzados por el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), una decisión que modifica de manera directa la composición de los haberes mensuales de miles de empleados estatales.

La medida se inscribe en un proceso más amplio de racionalización del gasto y revisión de los esquemas que regulan el empleo en la administración pública. Según se informó a través de los canales oficiales, el vencimiento de la prórroga del denominado “Premio Estímulo a la Asistencia” derivó en la quita automática de ese concepto en las liquidaciones salariales.

El recorte alcanza a los trabajadores encuadrados en el SINEP, entre ellos personal de la Casa Rosada, ministerios nacionales, organismos descentralizados y dependencias de la Administración Central. En términos prácticos, implica la supresión de un adicional que premiaba la asistencia perfecta durante el mes y que, en algunos casos, podía representar hasta $150.000.

Para los empleados, el impacto no es menor. Si bien el presentismo era técnicamente un incentivo, en la práctica se había convertido en un componente habitual del salario. Su eliminación supone una reducción directa del ingreso neto, en un contexto en el que las negociaciones paritarias del sector público enfrentan dificultades para acompañar el ritmo de la inflación.

Desde el Gobierno sostienen que la decisión apunta a simplificar la estructura de liquidación salarial y optimizar el uso de los recursos del Estado. La medida forma parte de una política orientada a revisar beneficios considerados no esenciales y a consolidar un esquema más austero en la administración pública.

Sin embargo, en los organismos alcanzados por la resolución predomina la preocupación. Los trabajadores señalan que el presentismo no era percibido como un premio extraordinario, sino como una parte estable del ingreso mensual que contribuía a sostener el poder adquisitivo. En un escenario de alta variación de precios, la quita de un ítem fijo repercute de manera inmediata en la economía familiar.

El efecto es dispar según la categoría y el escalafón, pero la inquietud es transversal. En algunos niveles, la pérdida del adicional representa un porcentaje significativo del salario total. Además, la eliminación del incentivo abre interrogantes sobre la gestión de la asistencia y el cumplimiento de tareas. El presentismo operaba, en los hechos, como un mecanismo disuasorio frente al ausentismo, y su desaparición obliga a repensar los instrumentos de control interno.

La medida se suma a otras decisiones adoptadas en los últimos meses, como la restricción de nuevas contrataciones y la revisión de contratos vigentes. En conjunto, configuran una estrategia que apunta a reducir el peso del gasto salarial en el presupuesto nacional y a reconfigurar la estructura del empleo público.

En el plano sindical, se anticipa que el tema formará parte de las próximas discusiones paritarias. Los gremios del sector evalúan el alcance de la resolución y analizan posibles reclamos para compensar la pérdida del adicional. El debate no solo gira en torno a la cuestión salarial, sino también al modelo de administración que se proyecta hacia adelante.

Con la eliminación del plus por presentismo, el Gobierno profundiza su programa de ajuste en la planta estatal y redefine criterios que durante años formaron parte del esquema de remuneraciones. El impacto concreto se verá reflejado en los próximos recibos de sueldo, donde miles de empleados advertirán la merma en sus ingresos. La discusión sobre eficiencia, gasto público y condiciones laborales vuelve así al centro de la agenda.