Pullaro sale a la ofensiva: ajuste, salud en emergencia y una provincia que intenta sostener lo que Nación deja caer

En medio de un escenario económico cada vez más adverso, el gobernador Maximiliano Pullaro decidió cambiar el tono de su gestión y avanzar con una estrategia política y comunicacional más directa. La consigna es clara: mostrar con datos concretos el impacto del retiro del Estado nacional y posicionar a la provincia como un sostén activo frente a la crisis.

La combinación de caída de la recaudación, deterioro del poder adquisitivo y retracción de la actividad económica configura un cuadro complejo. El aumento del desempleo informado por el INDEC —con una suba interanual en el último trimestre de 2025— aparece como una señal inicial de un proceso que se profundizó durante los meses más recientes, especialmente en sectores como el comercio y la industria.

A nivel local, las intendencias enfrentan una presión creciente. La baja en los recursos coparticipables se suma a una caída en la recaudación propia, producto de familias con menor capacidad de pago. En paralelo, la demanda de servicios públicos aumenta. Este efecto doble tensiona las cuentas municipales y obliga a muchas administraciones a solicitar adelantos financieros para sostener su funcionamiento.

En este contexto, Pullaro reunió a su gabinete y bajó una instrucción precisa: salir a explicar el costo que implica para Santa Fe hacerse cargo de áreas donde la Nación redujo o directamente eliminó su presencia. El mensaje apunta a reforzar la idea de una provincia activa, que sostiene políticas públicas sin aplicar recortes drásticos.

Uno de los focos principales es el sistema sanitario. La ministra Silvia Ciancio expuso que la provincia debió absorber prestaciones y provisión de medicamentos que anteriormente dependían del gobierno nacional. Entre los casos más sensibles se encuentran pacientes trasplantados y personas con enfermedades poco frecuentes que dejaron de recibir asistencia regular.

Además, el sistema público enfrenta una mayor demanda: no solo crece la cantidad de personas sin cobertura, sino también la de quienes, aun teniendo obra social —incluyendo afiliados al PAMI—, recurren a hospitales provinciales. Según datos oficiales, el 72% de las atenciones corresponde a población sin cobertura formal, pero el resto también ejerce presión sobre el sistema.

El trasfondo de esta situación es la política de ajuste impulsada por el gobierno nacional encabezado por Javier Milei, que redujo el gasto en distintas áreas. Para la administración santafesina, esto implica no solo una transferencia de responsabilidades, sino también de costos, sin recursos adicionales que los respalden.

En paralelo, el oficialismo provincial busca consolidar su frente político. La coalición Unidos atraviesa una etapa de reordenamiento interno, con la intención de mostrarse cohesionada frente a un contexto adverso. La estrategia incluye defender la gestión y reforzar la idea de que la provincia actúa como un “salvavidas” frente a las consecuencias del modelo económico nacional.

Otro eje en evaluación es el endeudamiento de los sectores medios. En la Casa Gris advierten sobre tasas de interés extremadamente elevadas en bancos, financieras y billeteras virtuales, que empujan a muchas familias a situaciones de sobreendeudamiento. La primera medida fue un plan para empleados públicos, pero se analiza ampliar el esquema a otros sectores, lo que implicaría mayores riesgos y uso de recursos estatales.

En el plano legislativo, el inicio del año mostró tensiones dentro del oficialismo. Proyectos como la regulación de los cuidacoches evidenciaron diferencias internas y la necesidad de consensos más sólidos antes de avanzar con iniciativas sensibles.

Por otro lado, uno de los conflictos institucionales más delicados —el enfrentamiento entre fiscales y camaristas por investigaciones de microtráfico— comenzó a encauzarse. La disputa, que había escalado por fallos que trasladaban causas al fuero federal, generó preocupación en materia de seguridad, especialmente en el área de Rosario.

El gobierno provincial intervino para acercar posiciones y respaldar al Ministerio Público de la Acusación, en una señal clara de que considera clave mantener el control de estas investigaciones a nivel local para prevenir la violencia asociada al narcomenudeo.

Con una economía en retroceso, tensiones sociales en aumento y desafíos institucionales abiertos, la gestión de Pullaro entra en una etapa donde la política, la comunicación y la administración de recursos escasos se vuelven determinantes. El objetivo es sostener la gobernabilidad en un contexto donde las certezas son cada vez menos y las demandas, cada vez más urgentes.