Buscan limitar intereses y frenar el sobreendeudamiento con tarjetas de crédito

• Diputados presentaron un proyecto para regular el uso de tarjetas y limitar intereses
• Se propone la refinanciación obligatoria de deudas con planes de hasta 24 cuotas
• El proyecto fija topes a tasas financieras y a intereses punitorios
• También limita comisiones y cargos adicionales vinculados al crédito
• Incluye protección del ingreso para evitar niveles elevados de endeudamiento
• Plantea medidas de reinserción financiera y mayor transparencia en las operaciones

Un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó en el Congreso un proyecto de ley orientado a regular el uso de tarjetas de crédito y billeteras virtuales, con el objetivo de aliviar la carga financiera de las familias y establecer límites a los intereses que aplican las entidades. La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por el aumento de la morosidad y el impacto del financiamiento en el consumo cotidiano.

El proyecto, impulsado por referentes del bloque opositor, propone una serie de medidas destinadas a ordenar las condiciones de endeudamiento y garantizar mayor previsibilidad para los usuarios. Entre sus principales ejes se encuentra la implementación de un esquema obligatorio de refinanciación de deudas, que obligaría a bancos y plataformas digitales a ofrecer planes accesibles para regularizar saldos impagos.

Según el texto, estos planes deberían contemplar opciones de pago en cuotas —que podrían extenderse hasta dos años— con condiciones claras sobre tasas y montos. Además, se prevé un período de gracia inicial que permita a los deudores reorganizar sus finanzas antes de comenzar a abonar las cuotas, en un intento por evitar una mayor profundización del incumplimiento.

Otro de los aspectos centrales de la iniciativa es la fijación de topes a las tasas de interés. El proyecto establece que el interés financiero no podrá superar en más de un 25% a una tasa de referencia del mercado, con el objetivo de evitar incrementos considerados excesivos. A esto se suma la regulación de los intereses punitorios, que tendrían un límite adicional para impedir que las deudas se multipliquen rápidamente ante atrasos en los pagos.

La propuesta también apunta a reducir los costos asociados al uso del crédito. En ese sentido, se plantea un límite a las comisiones y cargos no financieros, que no podrían superar un determinado porcentaje del total adeudado. Esta medida busca transparentar el costo real del financiamiento y evitar que gastos adicionales encarezcan las obligaciones sin una justificación clara.

En paralelo, el proyecto introduce mecanismos de protección para los ingresos de los usuarios. Se establece que el total de las cuotas vinculadas a tarjetas de crédito no podrá exceder un porcentaje determinado de los ingresos mensuales, con el fin de evitar situaciones de sobreendeudamiento que comprometan la economía familiar.

La iniciativa también contempla medidas para facilitar la reinserción financiera de quienes logren regularizar su situación. En ese marco, se propone que los usuarios que cumplan de manera sostenida con los planes de pago puedan salir de los registros de morosidad tras un período determinado, lo que les permitiría recuperar acceso al crédito en mejores condiciones.

Otro punto relevante es la suspensión de acciones judiciales y reportes negativos mientras los deudores se mantengan dentro del régimen de regularización. Esta disposición apunta a brindar un marco de estabilidad durante el proceso de cancelación de deudas y evitar que se agraven las consecuencias del incumplimiento.

El proyecto también incluye disposiciones vinculadas a la transparencia en la operatoria de las entidades. Entre ellas, la obligación de informar con antelación los débitos automáticos, otorgando a los usuarios la posibilidad de rechazarlos en determinados casos.

Desde el bloque impulsor sostienen que la iniciativa responde a un escenario en el que el financiamiento se convirtió en una herramienta central para sostener el consumo, pero que, al mismo tiempo, expone a los usuarios a condiciones que consideran desfavorables. En ese marco, el proyecto busca establecer un equilibrio entre el acceso al crédito y la protección de los consumidores.

El tratamiento de la propuesta en el Congreso abrirá un nuevo debate sobre el rol del sistema financiero y las condiciones de endeudamiento en la economía actual, en un contexto donde la evolución de los ingresos y la inflación continúan condicionando las decisiones de los hogares.