Negar las falsas denuncias también es una forma de injusticia

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

El debate en torno al proyecto que impulsa Carolina Losada para endurecer las penas por falsas denuncias dejó al descubierto algo más que una diferencia legislativa: exhibió una resistencia política a reconocer un problema incómodo. Desde sectores de Unión por la Patria, con voces como la de María Florencia López, se insiste en minimizar el fenómeno bajo el argumento de que se trataría de casos “excepcionales”. Sin embargo, ese razonamiento no solo resulta débil, sino que además encierra una contradicción difícil de sostener.

Porque si algo caracteriza al sistema penal es que no se activa en función de estadísticas mayoritarias, sino de conductas que, aun siendo minoritarias, generan daño. La falsedad en una denuncia —más aún cuando involucra delitos de alta sensibilidad como la violencia de género— no es un dato irrelevante. Es un hecho que impacta en la vida de las personas, en la credibilidad del sistema judicial y en la percepción social de las verdaderas víctimas.

Negar o relativizar ese fenómeno bajo el argumento de su supuesta baja frecuencia implica correr el eje del problema. Nadie discute que la enorme mayoría de las denuncias son legítimas. Pero justamente por eso, preservar la seriedad del sistema requiere también sancionar a quienes lo utilizan de manera indebida. De lo contrario, se erosiona la confianza en el instrumento que se pretende proteger.

Uno de los puntos más reiterados por la oposición es que el aumento de penas podría desalentar a las víctimas reales a denunciar, por temor a ser acusadas de falsedad. El planteo, en apariencia razonable, se desmorona cuando se lo analiza con mayor detenimiento. Denunciar un hecho verídico no constituye delito alguno, y el sistema judicial no está diseñado para castigar a quien no logra probar un caso, sino a quien miente deliberadamente.

Confundir la falta de prueba con la falsedad es, en sí mismo, un error conceptual. Y legislar en base a esa confusión implica asumir que la Justicia no puede distinguir entre una denuncia infundada y una que simplemente no logró acreditarse. Si esa fuera la premisa, el problema no estaría en el proyecto de ley, sino en la capacidad del sistema judicial.

Otro argumento recurrente señala que el endurecimiento de las penas responde a un “clima social” que exagera la existencia de denuncias falsas. Pero ese señalamiento omite un punto central: la ley no se dicta para validar percepciones, sino para ordenar conductas. Y en ese orden, la falsedad deliberada —en cualquier ámbito— es una conducta que merece reproche.

La resistencia a este tipo de iniciativas también parece apoyarse en una idea implícita: que sancionar las denuncias falsas podría debilitar la lucha contra la violencia de género. Sin embargo, el efecto puede ser exactamente el contrario. Un sistema que no distingue entre denuncias genuinas y manipulaciones pierde legitimidad, y esa pérdida de credibilidad termina afectando, en primer lugar, a quienes realmente necesitan protección.

En ese sentido, el proyecto que avanza en el Senado de la Nación Argentina no introduce una figura nueva, sino que busca reforzar un principio básico: que el uso abusivo de herramientas legales tiene consecuencias. No se trata de poner en duda a las víctimas, sino de evitar que el sistema sea utilizado como un instrumento de daño.

La discusión también deja al descubierto una tensión más profunda dentro de la política: la dificultad para abordar temas que incomodan a los propios relatos. Reconocer que existen denuncias falsas no implica negar la violencia de género, del mismo modo que sancionarlas no implica desalentar las denuncias legítimas. Son planos distintos que requieren respuestas diferenciadas.

Insistir en que toda regulación en este sentido es una amenaza para las víctimas equivale a construir una dicotomía falsa. Como si el sistema solo pudiera elegir entre proteger o castigar, cuando en realidad debe hacer ambas cosas: garantizar el acceso a la justicia y, al mismo tiempo, sancionar el abuso de ese acceso.

En definitiva, el rechazo al proyecto de Losada parece más vinculado a una incomodidad política que a un análisis jurídico sólido. Porque en el intento de evitar un supuesto efecto inhibidor, se termina ignorando un problema real que también genera víctimas. Y en esa omisión, el sistema pierde equilibrio.

Legislar no es elegir entre creer o desconfiar, sino establecer reglas claras para todos. Y en ese marco, reconocer la existencia de denuncias falsas y sancionarlas no debilita ninguna causa: la fortalece, al devolverle al sistema la coherencia que necesita para ser creíble.