El Gobierno analiza una nueva postergación del impuesto a los combustibles para contener la inflación

• El Gobierno analiza una nueva postergación de la actualización del impuesto a los combustibles.
• La medida busca evitar un nuevo impacto sobre los precios de la nafta y el gasoil.
• El último diferimiento permitió contener el traslado de los aumentos tributarios durante junio.
• Los combustibles tienen un efecto directo sobre los costos de transporte, producción y logística.
• El comportamiento del petróleo, el tipo de cambio y la estrategia de las petroleras también influirán en los precios.
• La decisión final será clave para determinar si julio comienza con nuevas presiones inflacionarias.

El Gobierno nacional mantiene bajo análisis una decisión que podría incidir de manera directa en el bolsillo de los consumidores y en la evolución de la inflación durante julio. El equipo económico evalúa si volverá a postergar la actualización de los impuestos que gravan a los combustibles, una medida que, de concretarse, permitiría evitar un nuevo incremento en los precios de la nafta y el gasoil al inicio del próximo mes.

La definición aún no fue adoptada y, desde la Secretaría de Energía, las autoridades se limitaron a señalar que el tema continúa en evaluación. La decisión forma parte de la estrategia oficial para monitorear la evolución de los precios regulados y reducir su impacto sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), en un contexto en el que el Ejecutivo procura consolidar el proceso de desaceleración inflacionaria.

La última postergación fue dispuesta a comienzos de junio, cuando el Poder Ejecutivo resolvió diferir nuevamente la aplicación de los incrementos pendientes en los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. La medida alcanzó tanto a la nafta sin plomo y la nafta virgen como al gasoil, evitando que las actualizaciones tributarias se trasladaran de inmediato a los surtidores.

Esa decisión quedó plasmada en el Decreto 405/2026, mediante el cual el Gobierno modificó el cronograma previsto para la actualización de esos gravámenes. Allí se estableció que los aumentos acumulados correspondientes a distintos períodos de 2024, 2025 y al primer trimestre de 2026 comenzarían a regir desde el 1 de julio, salvo que una nueva norma dispusiera otro diferimiento.

La resolución reviste especial importancia debido al efecto multiplicador que tienen los combustibles sobre la economía. Un aumento en la carga tributaria impacta rápidamente sobre los costos del transporte, la logística, la actividad agropecuaria y numerosos sectores productivos, generando presiones adicionales sobre los precios de bienes y servicios.

Desde el inicio de 2024, el Gobierno ha recurrido de manera reiterada a la postergación de estas actualizaciones impositivas como una herramienta para suavizar los incrementos en los surtidores. Si bien la legislación prevé que estos impuestos se ajusten periódicamente en función de la inflación, el Ejecutivo optó por escalonar su aplicación para evitar aumentos bruscos que pudieran afectar el proceso de estabilización económica.

En los fundamentos del último decreto, la administración nacional sostuvo que el objetivo de la medida era acompañar el crecimiento de la actividad económica dentro de un esquema de sostenibilidad fiscal. En los hechos, la decisión permitió mantener sin cambios el componente tributario durante junio y reducir la presión sobre los precios finales.

Ahora, con el vencimiento de ese plazo, el Gobierno enfrenta una nueva disyuntiva. Si decide dejar sin efecto el diferimiento, los impuestos pendientes comenzarían a aplicarse desde julio y podrían traducirse en un aumento de los combustibles. Sin embargo, el impacto definitivo dependerá también de otros factores, entre ellos la evolución del precio internacional del petróleo, el comportamiento del tipo de cambio y la política comercial que adopten las empresas petroleras.

En las últimas semanas, el mercado energético también siguió de cerca la cotización internacional del crudo, que se ubicó por debajo de los valores registrados durante los momentos de mayor tensión derivados del conflicto en Medio Oriente. Esa tendencia contribuyó a moderar parte de las presiones sobre los costos de abastecimiento.

Otro elemento observado por el sector es la continuidad del esquema de amortiguación de precios impulsado meses atrás por YPF y luego replicado por otras compañías. Ese mecanismo buscó evitar fuertes variaciones en los surtidores durante períodos de elevada volatilidad internacional y permitió sostener valores relativamente estables para los combustibles.

La definición que adopte el Gobierno durante las próximas horas será determinante para el comportamiento de los precios al comenzar julio. Mientras el Ejecutivo pondera el costo fiscal de continuar postergando la actualización tributaria frente al posible efecto inflacionario de habilitarla, en la Secretaría de Energía mantienen la cautela y reiteran que la decisión definitiva aún permanece bajo análisis.