Juan Carlos Molina cuestionó el operativo frente al Congreso y denunció una escalada represiva

• Juan Carlos Molina cuestionó el operativo de seguridad desplegado frente al Congreso durante la protesta.
• El diputado puso el foco en la presencia de una persona vestida de civil que portaba un arma larga.
• Molina vinculó la escena con prácticas represivas de la última dictadura militar y reclamó explicaciones.
• El legislador sostuvo que la movilización demostró que la protesta social todavía puede generar efectos políticos.
• La jornada estuvo marcada por enfrentamientos, corridas y un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad.
• La controversia reabrió el debate sobre los límites del accionar estatal durante las manifestaciones públicas.

El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Carlos Molina salió a cuestionar con dureza el operativo de seguridad desplegado frente al Congreso durante la manifestación contra el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada. El legislador puso el foco especialmente en una imagen tomada durante los incidentes, en la que se observa a una persona vestida de civil portando un arma larga en medio del dispositivo de seguridad.

La fotografía se convirtió para Molina en el punto de partida de una crítica política que excedió la discusión puntual sobre el procedimiento policial. El diputado sostuvo que la escena debía ser analizada no solamente por la presencia de efectivos uniformados, sino también por la participación de personas vestidas de civil en un contexto de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

“Sigo impactado con esta foto de la represión de ayer. Las caras. La postura. Las armas”, expresó Molina al referirse a la imagen. A partir de allí, vinculó la presencia de agentes de civil con prácticas que, según su interpretación, remiten a períodos oscuros de la historia argentina.

La referencia más fuerte apareció cuando habló de “infiltración” y de “grupos de tareas”, estableciendo un paralelismo con los mecanismos utilizados durante la última dictadura militar. La acusación plantea una cuestión especialmente sensible, debido a que la participación de personal no identificado en operativos de seguridad suele generar interrogantes sobre las funciones asignadas, las cadenas de mando y los protocolos utilizados durante las manifestaciones públicas.

Molina interpretó además que la presencia de personas armadas y vestidas de civil tuvo un efecto intimidatorio sobre quienes participaron de la protesta. Desde su perspectiva, el objetivo de una política de seguridad no debería limitarse a controlar incidentes, sino que tampoco debería transformarse en una herramienta destinada a desalentar el ejercicio del derecho a manifestarse.

Su cuestionamiento se produjo después de una jornada marcada por corridas, enfrentamientos y un importante despliegue policial en las inmediaciones del Congreso. La protesta había sido convocada en rechazo al proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, en un escenario de creciente tensión entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición política y social.

Para el legislador peronista, el resultado de la movilización demuestra que la protesta callejera conserva capacidad para intervenir en las discusiones políticas. En ese sentido, rechazó la idea de que las manifestaciones carezcan de efectos concretos y sostuvo que, pese al dispositivo de seguridad, los participantes continuaron expresándose.

“Aunque disparen, gaseen, y monten toda la infantería que quieran para amedrentar: salir a la calle igual, perderles el miedo, y hacer quilombo: DA RESULTADO”, afirmó Molina. La frase condensó su lectura de una jornada en la que la confrontación entre manifestantes y fuerzas de seguridad volvió a ocupar el centro de la escena política.

El diputado también cuestionó directamente el argumento según el cual las movilizaciones no modifican las decisiones de quienes gobiernan. “Esa idea de que no hay que meterse ni salir a protestar porque no sirve para nada… se les está cayendo en pedazo”, sostuvo, convencido de que la presión social puede alterar el escenario político aun cuando no consiga impedir inmediatamente una iniciativa legislativa.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a la Argentina: hasta dónde puede llegar el Estado en el control de una protesta y cuál debe ser el límite entre garantizar la seguridad y preservar el derecho constitucional a manifestarse. La utilización de armas durante un operativo, especialmente cuando quienes las portan no aparecen claramente identificados como integrantes de las fuerzas desplegadas, agrega un elemento que exige explicaciones precisas.

La denuncia de Molina, además, se inscribe en una disputa política más amplia sobre el modelo de seguridad que impulsa el Gobierno. Para sus críticos, el endurecimiento de los operativos frente a las movilizaciones busca reducir la capacidad de presión de las organizaciones sociales. Para el oficialismo, el despliegue responde a la necesidad de preservar el orden público y evitar hechos de violencia.

En ese cruce, la imagen que motivó la denuncia del diputado terminó funcionando como símbolo de una jornada cargada de tensión. Más allá de las interpretaciones políticas, el episodio dejó planteada una pregunta que difícilmente pueda ser ignorada: quiénes participaron del operativo, bajo qué órdenes y con qué funciones. La respuesta a esos interrogantes será clave para determinar si se trató de una situación puntual dentro de un dispositivo de seguridad o de una metodología que podría repetirse frente a futuras protestas.