Cuando el poder deja de tener límites y el rol de la oposición

La esencia de una república no consiste únicamente en elegir gobernantes cada cuatro años. La verdadera diferencia entre una democracia sana y un sistema donde el poder se vuelve arbitrario está en la existencia de límites. Porque ningún intendente, gobernador o presidente es dueño del dinero público. Apenas administra recursos que pertenecen a los contribuyentes.

Cada peso que sale del Estado tiene un propietario: el ciudadano que trabaja, produce, paga impuestos y sostiene con esfuerzo el funcionamiento del municipio. Por eso, cuando aparecen contrataciones millonarias, designaciones difíciles de justificar o gastos que generan serias dudas, la respuesta nunca puede ser el silencio. La respuesta debe ser el control.

En Rafaela, la contratación del abogado Fernando Muriel, cuyo costo para las arcas municipales superaría los 55 millones de pesos anuales, merece mucho más que una explicación superficial. La sociedad tiene derecho a conocer con absoluta transparencia cuál es su función específica, cuáles son los resultados concretos de su trabajo, bajo qué modalidad fue contratado y cuáles fueron los fundamentos para fijar una remuneración de semejante magnitud.

No se trata de cuestionar a una persona por su nombre. Se trata de defender un principio mucho más importante: el dinero de los vecinos no puede administrarse como si fuera patrimonio del gobernante de turno.

Cuando un intendente dispone de millones de pesos sin que existan controles efectivos, la frontera entre la discrecionalidad y el abuso de poder comienza a desdibujarse peligrosamente.

Y aquí aparece una responsabilidad que ya no es del Ejecutivo.

La oposición no fue elegida para mirar desde la platea. Fue elegida para controlar. Ese es el mandato que le dieron las urnas. Los concejales opositores tienen la obligación política e institucional de exigir toda la documentación correspondiente, pedir informes, convocar a los funcionarios responsables y, si existen elementos que despierten sospechas, impulsar las investigaciones administrativas o judiciales que sean necesarias.

Callar frente a una situación que genera semejante nivel de interrogantes puede convertir el silencio político en una forma de complicidad.

El Concejo Municipal no existe para levantar la mano . Su función es ejercer el contralor de los actos de gobierno. Si renuncia a ese papel, deja desprotegidos a los ciudadanos que pagan los impuestos.

Los organismos de control tampoco pueden permanecer indiferentes. La transparencia no puede ser un discurso de campaña. Debe traducirse en auditorías, acceso a la información pública y rendición permanente de cuentas.

No se está acusando a nadie de haber cometido un delito. Se está reclamando algo mucho más básico y mucho más republicano: que se investigue, que se controle y que se explique.

Porque cuando un gobernante entiende que puede disponer de los recursos públicos sin responder preguntas, el problema deja de ser económico para convertirse en institucional.

Y cuando la oposición deja de controlar, la democracia pierde uno de sus pilares fundamentales.

Los rafaelinos merecen respuestas claras. Merecen saber cómo se administra cada peso de sus impuestos. Y merecen que quienes fueron elegidos para controlar cumplan con su deber, aunque eso incomode al poder.

Porque el verdadero abuso de poder no comienza necesariamente cuando alguien viola la ley.

Comienza cuando quienes tienen la obligación de ponerle límites al poder deciden mirar para otro lado.