La Justicia también cambia cuando la política aprende a negociar

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La política argentina suele tener una curiosa capacidad para convertir las buenas noticias institucionales en discusiones sobre las intenciones ocultas de quienes las producen. Ocurrió nuevamente con la aprobación de 67 pliegos judiciales en el Senado. Allí donde debería verse, antes que nada, un Estado que empieza a cubrir cargos vacantes y una administración que consiguió reunir los votos necesarios para hacerlo, algunos prefirieron detenerse en la sospecha, la especulación y el inevitable fantasma de la utilización política de la Justicia. Como si durante décadas las vacantes judiciales hubieran sido una virtud republicana que ahora, de repente, se transformó en un problema porque el Gobierno de Javier Milei consiguió resolverlas.

El dato duro, sin embargo, merece una lectura menos mezquina. Con la votación del 27 de agosto, el oficialismo alcanzó 177 pliegos judiciales aprobados durante su gestión y estableció, según informó el Poder Ejecutivo, un récord para un año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994. No es una cifra menor. Tampoco es un detalle administrativo perdido en la letra chica de una sesión parlamentaria. En un país acostumbrado a naturalizar juzgados incompletos, tribunales sobrecargados y demoras que terminan afectando tanto a víctimas como a acusados, cubrir vacantes debería ser considerado una señal de normalización institucional.

Hay algo más interesante todavía: esta vez el Gobierno no necesitó atropellar al Congreso para conseguirlo. Tuvo que negociar. Y negoció. La aprobación contó con el acompañamiento de los distintos bloques del Senado, salvo la resistencia puntual al pliego de Pablo Bertuzzi, que obtuvo 44 votos afirmativos y 23 negativos. El resto de los nombramientos fue aprobado por unanimidad, con 66 votos. En otras palabras, el oficialismo logró algo que muchas veces parece imposible en la política argentina: transformar una agenda propia en una decisión institucional compartida.

Eso debería llamar la atención incluso de quienes no simpatizan con Milei. Porque una cosa es cuestionar al Gobierno por sus políticas económicas, por sus modos de comunicación o por cualquiera de sus decisiones concretas, y otra muy diferente es negar valor a una administración que consigue que el Senado funcione, que los acuerdos parlamentarios aparezcan y que una cantidad significativa de vacantes empiece a resolverse. La política se podrá discutir eternamente. Lo que no debería discutirse es la necesidad de que las instituciones estén completas y funcionando.

La oposición, naturalmente, tenía derecho a plantear objeciones. José Mayans aprovechó su intervención para describir a la Justicia como un poder desprestigiado e ineficiente y para cuestionar al Presidente y a su administración. No hay nada novedoso en eso: forma parte del juego político. Lo llamativo es que, al mismo tiempo, el bloque peronista acompañó casi todos los nombramientos. Allí aparece una contradicción interesante que, lejos de ser un defecto, puede ser leída como una muestra de que todavía existe un margen para la racionalidad institucional.

Porque si realmente la Justicia necesita transformarse, el primer paso no es gritar contra ella sino lograr que funcione. Y para que funcione hacen falta jueces, camaristas, fiscales y defensores ocupando los lugares para los cuales fueron creados. Resulta difícil construir una Justicia eficiente cuando una parte importante de la estructura permanece incompleta. Resulta todavía más difícil reclamar independencia judicial cuando quienes deben impartir justicia permanecen durante años a la espera de una designación política.

Por eso el trabajo de Patricia Bullrich adquiere especial relevancia. La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado no tenía otra herramienta que la negociación. No podía convertir una cámara dividida en una escribanía del Poder Ejecutivo. Tampoco podía designar jueces por decreto. Tenía que sentarse con otros sectores, conseguir coincidencias y aceptar que la política consiste, muchas veces, en obtener algo posible en lugar de exigirlo todo. Que haya conseguido articular ese consenso constituye, guste o no, una demostración de oficio parlamentario.

También merece atención la tarea del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Desde su llegada a la cartera, la aceleración en el envío y tratamiento de postulaciones permitió que una cuestión históricamente postergada ingresara en la agenda concreta del Gobierno. No se trata de una reforma espectacular ni de una medida que pueda resumirse en una consigna de campaña. Es algo menos vistoso y bastante más importante: hacer que la maquinaria institucional vuelva a moverse.

Y allí aparece una de las discusiones de fondo que todavía incomodan a ciertos sectores. El Gobierno de Milei no solamente llegó para discutir el tamaño del Estado, el déficit, la inflación o las regulaciones. También comenzó a disputar la lógica con la que durante años se administraron las estructuras públicas. Una de ellas es la Justicia. El objetivo, por supuesto, no debería ser tener una Justicia oficialista. El verdadero desafío es bastante más exigente: tener una Justicia que funcione y que pueda actuar con autonomía frente a cualquier gobierno.

Por eso tampoco corresponde sobreactuar las sospechas sobre Bertuzzi o Yadarola. Que determinados magistrados puedan intervenir en expedientes políticamente sensibles no convierte automáticamente sus designaciones en una maniobra de poder. Precisamente porque la Justicia debe investigar, juzgar y revisar actos de gobierno, es lógico que sus tribunales tengan en algún momento competencia sobre causas que involucren a funcionarios, opositores, empresarios o dirigentes. El problema no es que un expediente pueda afectar políticamente a alguien. El problema sería que existiera una Justicia incapaz de tramitarlo.

La Argentina necesita salir de una discusión infantil en la que cada juez es considerado bueno o malo según a quién beneficie su fallo. Ese criterio destruye la institucionalidad y termina convirtiendo al Poder Judicial en una extensión de las internas partidarias. El verdadero éxito de una política de designaciones debería medirse por otro parámetro: si permite reducir vacancias, acelerar procesos y construir una estructura judicial capaz de responder a las demandas de la sociedad.

En ese sentido, la jornada del Senado dejó una enseñanza política que trasciende los nombres propios. El Gobierno comprobó que puede obtener resultados sin contar siempre con mayorías automáticas. La oposición comprobó que puede diferenciarse discursivamente y, al mismo tiempo, acompañar aquello que considera institucionalmente necesario. Y el Congreso demostró que, aun en medio de una confrontación permanente, puede aprobar medidas que no tienen que ver con el espectáculo político sino con el funcionamiento cotidiano del Estado.

Quizás sea precisamente eso lo que más molesta a quienes necesitan que todo fracase para confirmar sus prejuicios. Porque el dato políticamente incómodo de esta semana no es solamente que Milei consiguió aprobar 67 pliegos. Es que logró hacerlo mediante acuerdos, en una institución donde la negociación es inevitable y donde el oficialismo no puede comportarse como si tuviera una mayoría propia.

La reforma de la Argentina no siempre va a llegar envuelta en discursos épicos. Algunas veces tendrá la forma mucho más silenciosa de un Senado que sesiona, una comisión que dictamina y un magistrado que finalmente ocupa el cargo que llevaba meses vacante. Puede parecer poco revolucionario. Sin embargo, para un país que durante años convirtió las instituciones incompletas en una costumbre, empezar a llenarlas también es una manera de cambiarlo.

El Gobierno de Milei podrá cometer errores, generar resistencias y enfrentar derrotas parlamentarias. Eso forma parte de cualquier administración democrática. Pero si hay una señal que conviene rescatar de esta jornada es que la política oficialista empieza a demostrar que no todo se resuelve a los gritos. A veces también se gana sentándose a negociar. Y cuando el resultado es una Justicia con más cargos cubiertos y un Estado con menos vacíos institucionales, la victoria no debería pertenecer solamente al Gobierno. Debería pertenecer, sobre todo, a la República.