Santa Fe avanza hacia un modelo de censura al estilo chavista: la peligrosa "ley del silencio"

El presidente provisional de la Cámara de Senadores, Felipe Michlig, autor de este aberrante proyecto

• El Senado santafesino dio media sanción a una ley que crea la figura de los "discursos de odio" y habilita sanciones económicas para quienes el Estado considere que incurrieron en esas conductas.
• La iniciativa incorpora conceptos ambiguos como "hostilidad" o "menosprecio", dejando un amplio margen de interpretación a la autoridad de aplicación.
• Para sus críticos, la norma representa un avance sobre la libertad de expresión y un preocupante antecedente de censura institucional.
• La experiencia de países como Venezuela demuestra que leyes similares fueron utilizadas para disciplinar el debate público y perseguir voces críticas.
• La Cámara de Diputados tendrá ahora la responsabilidad de impedir que Santa Fe dé un paso incompatible con los principios de una República.

La media sanción que el Senado de Santa Fe otorgó al proyecto que declara a la provincia "territorio libre de discursos de odio" encendió una fuerte polémica. Más allá de las buenas intenciones que invoca el texto, la iniciativa representa un preocupante avance del Estado sobre uno de los derechos más importantes de cualquier democracia: la libertad de expresión.

La historia demuestra que ningún régimen autoritario comenzó prohibiendo de golpe todas las opiniones. Primero aparecieron leyes destinadas a combatir supuestos excesos del lenguaje, proteger la convivencia o evitar la discriminación. Después llegó la censura. Finalmente, el silencio.

Por eso no resulta exagerado advertir que Santa Fe comienza a transitar un camino que recuerda a mecanismos utilizados por regímenes autoritarios como el chavismo venezolano. Allí también se impulsaron leyes contra el "odio" con el argumento de proteger la paz social. Con el paso del tiempo, esos instrumentos fueron ampliamente cuestionados por organizaciones nacionales e internacionales al considerar que facilitaron la persecución de periodistas, opositores y ciudadanos críticos del poder.

El proyecto santafesino define como discurso de odio expresiones que promuevan la discriminación, la violencia, la hostilidad o el menosprecio. El problema es que términos como "hostilidad" o "menosprecio" carecen de una definición objetiva y pueden prestarse a interpretaciones arbitrarias. Lo que para un funcionario puede ser un discurso de odio, para otro puede ser simplemente una crítica política, una investigación periodística o una opinión incómoda.

La pregunta es inevitable: ¿quién decidirá qué puede decirse y qué no? La respuesta preocupa aún más que la propia ley: el Estado.

Además de establecer multas de importante magnitud, la norma prevé que quienes sean sancionados puedan reemplazar esa penalidad por la realización de cursos obligatorios organizados por el Ministerio de Cultura. Es decir, el mismo Estado que acusa será quien determine cómo debe "reeducarse" quien expresó una opinión considerada inapropiada.

Ese mecanismo resulta incompatible con los principios republicanos. En democracia no existen ministerios encargados de definir el pensamiento correcto. Las ideas se debaten, se discuten y se refutan con argumentos, nunca mediante sanciones económicas o procesos de adoctrinamiento.

Quienes defienden el proyecto sostienen que busca combatir la violencia y proteger a sectores vulnerables. Ese objetivo puede ser compartido. Lo que no puede aceptarse es que, bajo esa bandera, se habilite una herramienta capaz de limitar derechos constitucionales. Las amenazas, la incitación a cometer delitos, las injurias y otros hechos ya encuentran respuesta en el Código Penal y en la Justicia. No hace falta crear una figura tan amplia que termine castigando opiniones.

La libertad de expresión no fue incorporada a la Constitución para proteger discursos agradables. Fue consagrada precisamente para garantizar el derecho a expresar aquellas ideas que molestan al poder. Cuando solo pueden hablar quienes coinciden con el gobierno de turno, la democracia deja de existir.

Por eso preocupa el mensaje político que transmite esta media sanción. Cuando el Estado empieza a clasificar opiniones entre aceptables e inaceptables, el límite entre una democracia y un régimen autoritario comienza a desdibujarse. Esa lógica no se parece a una República; se parece mucho más a experiencias donde el poder concentró cada vez más atribuciones para controlar el debate público.

Ahora la Cámara de Diputados tiene la posibilidad de frenar esta iniciativa. Ojalá prevalezca la defensa de las libertades individuales y del artículo 14 de la Constitución Nacional. Porque una provincia verdaderamente democrática no necesita una "ley del silencio". Necesita ciudadanos libres, periodistas libres y un Estado que garantice derechos, no que decida cuáles opiniones merecen ser escuchadas y cuáles deben ser castigadas.