Juez antisemita, juez destituido

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay decisiones que exceden el expediente que las origina. La destitución del juez federal de Mar del Plata Alfredo López no debería ser leída únicamente como la consecuencia institucional de una serie de publicaciones ofensivas en redes sociales. El hecho plantea una cuestión mucho más profunda: qué ocurre cuando una persona investida de la responsabilidad de impartir justicia utiliza su posición pública para expresar prejuicios contra una comunidad determinada. Y la respuesta, en una democracia constitucional, no puede ser ambigua. Quien tiene la obligación de garantizar derechos no puede convertirse en alguien que los relativiza según la religión, la identidad cultural o el origen de las personas.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió remover a López por unanimidad, luego de analizar quince publicaciones en las que encontró una conducta sistemática de contenido antisemita y discriminatorio. No se trató, según la conclusión del organismo, de una expresión desafortunada aislada ni de una opinión política formulada en el calor de una discusión. Lo que quedó bajo análisis fue una reiteración de mensajes que, de acuerdo con el veredicto, atropellaron derechos elementales, utilizaron expresiones peyorativas contra una comunidad e incurrieron en una conducta incompatible con la función judicial.

Ese punto resulta fundamental. En una sociedad libre, la libertad de expresión es un derecho esencial y debe ser defendido incluso cuando las opiniones resultan incómodas, provocadoras o profundamente desagradables. Pero una cosa es cuestionar las decisiones de un gobierno, criticar la política de un Estado o denunciar presuntas violaciones de derechos humanos y otra muy distinta es trasladar esa crítica hacia una comunidad religiosa o étnica entera. La primera pertenece al debate democrático. La segunda puede convertirse en discriminación y discurso de odio.

Confundir ambas dimensiones constituye un error peligroso. Criticar al Estado de Israel no convierte a nadie en antisemita, del mismo modo que criticar a un gobierno árabe, estadounidense, europeo o latinoamericano no implica atacar a todos los ciudadanos que comparten una nacionalidad, una cultura o una religión. El problema aparece cuando la crítica deja de dirigirse contra decisiones concretas y comienza a atribuir características negativas, responsabilidades colectivas o supuestas lealtades ocultas a personas por el simple hecho de ser judías.

Precisamente allí adquiere una gravedad extraordinaria el comportamiento de un magistrado. Un juez no es un ciudadano cualquiera cuando ejerce su función. Tiene en sus manos la posibilidad de decidir sobre la libertad, el patrimonio, los derechos y el futuro de otras personas. Su autoridad proviene de la Constitución y de las leyes, pero también de algo menos tangible y absolutamente indispensable: la confianza de la sociedad en su imparcialidad.

¿Puede un ciudadano sentirse verdaderamente protegido por un juez que públicamente manifiesta prejuicios contra la comunidad a la que pertenece? ¿Puede una persona esperar una decisión imparcial si considera que su religión, su origen o su identidad cultural pueden influir en la mirada del magistrado? Esas preguntas explican por qué la cuestión no podía reducirse a una discusión sobre gustos, sensibilidades o límites de las redes sociales.

El juez está obligado a juzgar hechos y conductas, no identidades. Su función consiste precisamente en garantizar que las diferencias existentes entre las personas no se transformen en desigualdades ante la ley. Por eso resulta particularmente aberrante que quien debe custodiar ese principio sea señalado por haber utilizado expresiones que, según determinó el jury, atacaban de manera sistemática a una comunidad.

También es importante evitar otra equivocación: convertir este episodio en una condena general contra la Argentina. Nuestro país no es un Estado definido por la persecución religiosa ni por la discriminación racial. Por el contrario, la Constitución Nacional establece desde su propia concepción un principio esencial de igualdad ante la ley y reconoce derechos para todos los habitantes, sin establecer categorías de ciudadanos superiores o inferiores en función de su religión, procedencia o cultura.

La Argentina tiene, además, una historia construida por la convivencia de comunidades diversas. En sus calles conviven personas de distintos credos, orígenes familiares, tradiciones y culturas. Esa diversidad no constituye una amenaza para la identidad nacional: forma parte de ella. El país recibió durante generaciones a inmigrantes provenientes de lugares diferentes y construyó buena parte de su sociedad sobre esa mezcla. La comunidad judía argentina, con sus instituciones, sus familias, sus aportes culturales, científicos, económicos y sociales, es parte inseparable de esa historia.

Por eso el caso de López debe ser entendido como un hecho grave, pero también como un hecho aislado que no define a la sociedad argentina. Sería injusto y equivocado presentar a la Argentina como un país dominado por el antisemitismo a partir de la conducta de un magistrado. Precisamente lo contrario puede extraerse de la respuesta institucional: frente a expresiones consideradas incompatibles con la función judicial, los mecanismos constitucionales actuaron y establecieron un límite.

Ese límite resulta saludable. Una democracia no demuestra su fortaleza solamente cuando protege la libertad de quienes piensan como la mayoría. La demuestra cuando también garantiza la dignidad de las minorías y evita que el poder público se transforme en una herramienta de discriminación.

La destitución de un juez por expresiones antisemitas no debería ser celebrada como una victoria de un grupo contra otro. Debería ser comprendida como una reafirmación de un principio mucho más amplio: en la Argentina, nadie puede perder derechos por ser judío, católico, musulmán, ateo o pertenecer a cualquier otra tradición; nadie debe ser discriminado por su origen racial o cultural; y ningún funcionario judicial puede convertir sus prejuicios personales en una amenaza para la imparcialidad que la sociedad tiene derecho a exigirle.

El caso López, por lo tanto, debería servir para reafirmar una idea elemental que a veces parece olvidarse: la libertad de expresión protege el derecho a opinar, pero no convierte a la discriminación en virtud ni transforma el odio en justicia. Y mucho menos cuando quien pronuncia esas expresiones lleva una toga y tiene la obligación constitucional de garantizar que todos sean tratados de la misma manera.

La Argentina tiene problemas enormes, debates ásperos y diferencias políticas profundas. Pero justamente por eso necesita preservar aquello que no debería estar sometido a ninguna grieta: la igualdad ante la ley y el respeto por la dignidad de cada persona. La respuesta institucional frente a este caso demuestra que el país todavía puede defender esos valores.

Un juez puede equivocarse en una sentencia y ser cuestionado por ello. Puede tener una ideología, una opinión política o una posición sobre un conflicto internacional. Lo que no puede hacer es permitir que un prejuicio contra una comunidad forme parte de la autoridad con la que administra justicia. Porque cuando un magistrado deja de mirar a las personas como ciudadanos iguales y comienza a clasificarlas por su identidad, no solamente pierde imparcialidad: pierde el sentido mismo de la función que juró ejercer.

Y allí está la verdadera gravedad del episodio. No porque la conducta de un hombre pueda representar a toda una nación, sino porque la reacción de las instituciones permite recordar qué nación pretende ser la Argentina: una sociedad plural, constitucional y abierta, donde las diferencias religiosas, raciales y culturales no determinan quién merece más derechos y quién merece menos. Ese principio no pertenece a una comunidad determinada. Pertenece a todos.