

La destitución de la fiscal Tomasso dejó más preguntas que respuestas
POLÍTICA20 de noviembre de 2026 R24NLa Asamblea Legislativa decidió apartarla e inhabilitarla por diez años. Pero las denuncias de violencia laboral contra su superior, las ausencias de legisladores y las posiciones enfrentadas abrieron un interrogante institucional que todavía exige explicaciones.
RESUMEN EN CINCO PUNTOS CLAVE
La Asamblea Legislativa de Santa Fe resolvió destituir a la fiscal adjunta de Tostado, Shirli Soledad Tomasso, por presunto mal desempeño.
La sanción incluye diez años de inhabilitación para ocupar cargos en el Ministerio Público de la Acusación.
La funcionaria había denunciado por violencia laboral al fiscal regional de Rafaela, Carlos Vottero.
El diputado Fabián Palo Oliver cuestionó la decisión y planteó que podría tratarse de una represalia.
La Red Mujeres para la Justicia expresó su rechazo y advirtió sobre posibles consecuencias para la independencia judicial y la protección de quienes denuncian violencia laboral.
Una decisión de enorme gravedad institucional
La destitución de Shirli Soledad Tomasso, fiscal adjunta de Tostado, no terminó con la votación de la Asamblea Legislativa. Por el contrario, abrió una discusión que involucra al funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación, la independencia de sus integrantes y las garantías que deben existir cuando un funcionario judicial denuncia a quien ocupa una posición jerárquica superior.
Este jueves, la Legislatura santafesina resolvió apartar a Tomasso por la causal de mal desempeño de sus funciones y prohibirle durante diez años volver a desempeñarse en el MPA. La resolución consiguió el respaldo de 14 senadores y 30 diputados. En la Cámara baja hubo siete votos negativos y tres abstenciones.
Sin embargo, hay un dato que vuelve particularmente delicado el episodio: la fiscal había denunciado por violencia laboral a su superior, el fiscal regional de Rafaela, Carlos Vottero.
Esa circunstancia obliga a examinar el expediente más allá de las acusaciones administrativas. No alcanza con comunicar que hubo una mayoría parlamentaria. También resulta necesario conocer con precisión cuáles fueron las pruebas, cómo se evaluaron los descargos y qué tratamiento recibieron las denuncias formuladas por la funcionaria.
Las ausencias que alimentaron las sospechas
La sesión se realizó en la Cámara de Diputados y estuvo presidida por Felipe Michlig, presidente provisional del Senado. Pero la nómina de ausentes también dejó señales políticas.
No concurrieron los cinco senadores justicialistas Rubén Pirola, Alcides Calvo, Hugo Sosa, Armando Traferri y Eduardo Rosconi.
En Diputados también hubo ausencias que llamaron la atención, incluso dentro del oficialismo. Entre ellas, la presidenta del cuerpo, Clara García, y las legisladoras socialistas Lionella Cattalini, María del Rosario Mancini y la rafaelina Gisel Mahmud.
Las inasistencias no prueban por sí mismas una posición determinada, pero reflejan que el tratamiento del caso no estuvo exento de diferencias y cuestionamientos dentro del propio ámbito legislativo.
Palo Oliver puso el foco en Vottero
Uno de los cuestionamientos más fuertes llegó del diputado provincial Fabián Palo Oliver, quien relacionó directamente la destitución con la denuncia que Tomasso había presentado contra su superior.
El legislador sostuvo: «Destituyen a la fiscal Tomasso porque denunció a su superior Carlos Vottero».
Y fue todavía más lejos al afirmar: «Le deben favores a Vottero».
Se trata de acusaciones políticas formuladas por el diputado, que no deben confundirse con hechos judicialmente acreditados. Sin embargo, sus declaraciones instalaron una pregunta que la Legislatura debería contribuir a despejar: ¿se evaluó exclusivamente el desempeño de la fiscal o también existió algún condicionamiento derivado del conflicto con su superior?
Cuando una funcionaria denuncia a quien tiene autoridad sobre ella y posteriormente termina destituida, la transparencia del procedimiento y la fundamentación de cada decisión adquieren una importancia todavía mayor.
Las acusaciones por las investigaciones penales
Desde la posición contraria se defendió la remoción con argumentos relacionados con el desempeño profesional de Tomasso.
El senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, mencionó un episodio vinculado con una supuesta ausencia durante una guardia. Según manifestó, la fiscal habría estado de guardia y se habría trasladado a Bella Italia para festejar su cumpleaños.
La referencia fue incorporada al debate legislativo, aunque la información difundida no permite reconstruir todas las circunstancias ni conocer en detalle cómo fue ponderada dentro del proceso disciplinario.
El expediente de remoción comprendió 37 investigaciones penales de la Unidad Fiscal de Tostado, dependiente de la Fiscalía Regional 5.
De acuerdo con lo expuesto por el diputado Marcelo González, 35 causas estaban relacionadas con investigaciones por abuso sexual y otras dos con homicidios.
Los cuestionamientos apuntaron a presuntas demoras y a diligencias que, según la acusación, no se habrían realizado oportunamente.
Son imputaciones de considerable gravedad. Precisamente por eso, la sociedad tiene derecho a conocer los fundamentos completos de la decisión, las responsabilidades atribuidas y las pruebas que permitieron llegar a una sanción de semejante magnitud.
La Red Mujeres para la Justicia salió al cruce
La resolución legislativa provocó también una reacción de la Red Mujeres para la Justicia. En un comunicado fechado el 19 de noviembre, la organización manifestó su preocupación por la destitución y advirtió sobre sus posibles consecuencias para la independencia judicial y la protección de las mujeres que denuncian violencia en sus ámbitos laborales.
La entidad cuestionó que, a su entender, los argumentos utilizados no resultarían suficientes para configurar la causal de mal desempeño invocada.
En ese sentido, recordó que la inamovilidad constituye una garantía fundamental para preservar la independencia de quienes integran el sistema judicial y advirtió sobre el peligro de convertir los mecanismos disciplinarios en instrumentos de presión.
El pronunciamiento fue especialmente contundente al referirse a las denuncias de Tomasso contra su superior. La organización consideró que una eventual expulsión vinculada con esas denuncias podría constituir violencia institucional por motivos de género.
También invocó la Ley Nacional 26.485, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.
Finalmente, expresó su solidaridad con la fiscal y reclamó el respeto del debido proceso y la existencia de ámbitos laborales libres de violencia.
Una historia que no debería cerrarse con una votación
La destitución de Tomasso deja planteadas dos cuestiones que deben analizarse sin prejuicios y con toda la documentación sobre la mesa.
Por un lado, la Legislatura sostiene que existieron razones suficientes para considerar que hubo mal desempeño en el ejercicio de la función fiscal. Por otro, la defensa de la funcionaria y las organizaciones que cuestionan el procedimiento advierten sobre una posible relación entre su destitución y las denuncias de violencia laboral contra Vottero.
No corresponde convertir las acusaciones de ninguna de las partes en verdades probadas sin conocer las actuaciones completas. Pero tampoco corresponde ignorar las preguntas que surgen de una secuencia de acontecimientos tan delicada.
¿Se investigaron con la misma profundidad las denuncias de violencia laboral? ¿Se garantizaron todas las instancias de defensa? ¿Los fundamentos de la destitución responden exclusivamente a hechos comprobados? ¿Qué garantías tienen los funcionarios judiciales que se animan a denunciar a sus superiores?
En Rafaela y en toda la Quinta Circunscripción Judicial, el episodio merece especial atención. La confianza pública en la Justicia no se construye solamente sancionando a quienes incumplen sus obligaciones. También exige procedimientos transparentes, independencia funcional y reglas iguales para todos.
Una destitución con diez años de inhabilitación es una decisión de enorme trascendencia profesional y personal. Por eso, la sociedad santafesina tiene derecho a conocer toda la verdad sobre el caso Tomasso. La votación terminó. Las preguntas, no.

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