Cruce por las tarifas: denuncias de un “impuesto encubierto” y defensa oficial del nuevo esquema energético

• La diputada Jimena López denunció un posible “impuesto encubierto” en las tarifas energéticas.
• El cuestionamiento se basa en la proyección de un pago del 103,4% del costo mayorista para usuarios sin subsidio.
• El Gobierno negó sobrecargos y afirmó que no se cobrará más del 100% del costo de la energía.
• Energía atribuyó la controversia a estimaciones técnicas y a la subcobertura histórica del sistema.
• Especialistas señalaron que la diferencia surge entre costos estimados y reales, no de una decisión explícita.
• El debate se da en paralelo al rediseño del esquema de subsidios y la quita gradual de ayudas.

La discusión por el rediseño de las tarifas de electricidad y gas volvió a tensar la relación entre el Gobierno y la oposición. La advertencia de la diputada Jimena López, del Frente Renovador, sobre la posible inclusión de un “impuesto encubierto” dentro de las boletas abrió un cruce político y técnico que expuso las diferencias en torno a la metodología de cálculo de los precios y al alcance real de los cambios previstos para 2026.

El debate se originó a partir de las observaciones presentadas por la legisladora a la Resolución 484/2025, que puso en marcha una consulta pública no vinculante sobre los valores tarifarios que regirán a partir del próximo año. Para López, la propuesta oficial excede un simple reordenamiento de subsidios y habilita la incorporación de cargos adicionales que no reflejan el costo real del servicio y que, por su naturaleza, deberían ser discutidos en el Congreso.

El foco de la crítica se centra en el concepto de usuarios “sin subsidio”. Según el Informe Técnico que acompaña la resolución, ese segmento —integrado por hogares de mayores ingresos y por consumos que superen el bloque básico— podría terminar pagando, en promedio, el 103,4% del costo mayorista de la energía. La diferencia, explica el documento, se justificaría como una contribución a costos fijos del sistema, infraestructura y programas de eficiencia.

“La trampa está en la definición”, sostuvo López. A su entender, la idea de “sin subsidio” es interpretada socialmente como el pago del costo real del servicio, cuando en realidad el propio esquema oficial contempla cobrar por encima de ese valor. Desde esa mirada, el sobreprecio funcionaría como un impuesto disimulado dentro de la factura, sin el debate parlamentario correspondiente.

Desde el Gobierno rechazaron esa interpretación y negaron la existencia de sobrecargos en las tarifas. Funcionarios del área energética explicaron que el 103,4% no constituye un cargo aprobado ni una decisión tarifaria, sino una estimación técnica incluida como anexo de trabajo dentro del proceso de consulta pública. Según remarcaron, la definición política es que los usuarios sin subsidio y los excedentes de consumo no paguen más del 100% del costo de la energía.

En la respuesta oficial a las observaciones legislativas, el Ejecutivo argumentó que cualquier referencia a coberturas superiores al 100% debe leerse en el marco de una trayectoria histórica de subcobertura del sistema eléctrico. Durante años, señalaron, los precios reconocieron solo una parte del costo real de la energía, lo que generó un atraso estructural que ahora se busca corregir de manera gradual. Además, destacaron que el precio estacional es un instrumento propio del mercado eléctrico y que el esquema propuesto no introduce cargos ajenos al servicio ni altera su naturaleza regulatoria.

Más allá del cruce político, especialistas del sector energético coinciden en que la polémica tiene un fuerte componente técnico. Economistas y analistas explican que la diferencia surge de cómo se mide la cobertura tarifaria y de la distancia entre los cálculos realizados antes de fijar los precios y los costos reales observados posteriormente. En términos prácticos, el precio que se traslada a la tarifa se define a partir de una estimación del costo del sistema, que puede presentar desvíos una vez ejecutado el período.

Desde esa perspectiva, una cobertura que ex post supere el 100% no implica necesariamente una decisión explícita de cobrar de más, sino el resultado de diferencias entre costos estimados y reales. Se trata, según los especialistas, de un fenómeno habitual en sistemas regulados y no de un esquema de subsidios cruzados o impuestos ocultos.

El debate se inscribe, además, en el rediseño integral del esquema de subsidios que impulsa el Gobierno. La propuesta apunta a eliminar la segmentación actual por niveles de ingresos para pasar a un sistema binario: usuarios con subsidio y usuarios sin subsidio. Los hogares con ingresos inferiores a tres canastas básicas totales mantendrán un consumo básico bonificado, mientras que los excedentes pagarán tarifa plena. Quienes queden fuera del esquema abonarán el costo total del servicio.

El objetivo oficial es que hacia fines de 2026 el conjunto de la demanda cubra cerca del 85% del costo del sistema, con los usuarios no subsidiados pagando el 100% y el resto acercándose progresivamente. En ese camino, la discusión sobre tarifas, costos y subsidios promete seguir ocupando un lugar central en la agenda política y económica.