Sueldos altos, poca inversión y un modelo en revisión: las alertas sobre el funcionamiento de ARCA

• ARCA destina el 93% de su gasto al pago de salarios y solo 1% a inversión en tecnología.
• El costo salarial promedio por agente supera los $7,2 millones mensuales.
• La mayor parte de la recaudación se realiza hoy por autoliquidación digital.
• La “Cuenta Jerarquización” explica parte de los ingresos elevados del personal.
• Especialistas advierten sobre la necesidad de reformar el modelo de administración tributaria.
• Sin cambios estructurales, la simplificación impositiva podría derivar en más evasión.

El funcionamiento de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) quedó bajo la lupa a partir de un informe que expone una marcada desproporción entre el peso de los salarios, la escasa inversión en tecnología y el nivel real de actividad de buena parte de su personal. En un contexto de creciente digitalización de los sistemas tributarios, los datos reavivan el debate sobre la eficiencia del organismo y la necesidad de una reforma profunda en la administración fiscal.

Según la ejecución presupuestaria de 2024, ARCA manejó ingresos equivalentes al 0,43% del Producto Bruto Interno, unos $2,44 billones, y gastos por el 0,34% del PBI, alrededor de $1,95 billones. Sin embargo, la composición de ese gasto es lo que genera mayor controversia: el 93% se destinó al pago de salarios, apenas un 5% a bienes y servicios y solo un 1% a maquinaria, equipos e inversión en bienes de capital vinculados a la modernización y digitalización.

El costo salarial promedio mensual por empleado alcanzó los $7.234.000, de acuerdo con estimaciones del IERAL de la Fundación Mediterránea. La cifra contrasta fuertemente con el salario promedio del sector privado formal, que según el índice RIPTE fue de $1.165.000 en el mismo período. En términos comparativos, el costo laboral de ARCA resulta seis veces superior al promedio de la economía.

Una parte relevante de esta brecha se explica por la llamada “Cuenta Jerarquización”, un adicional salarial creado en 1999 con el objetivo de incentivar la fiscalización y mejorar la recaudación. En aquel entonces, la lógica respondía a un sistema donde los trámites eran mayormente presenciales o semidigitales y requerían una fuerte intervención del personal. El escenario actual, sin embargo, es radicalmente distinto.

Hoy, la mayor parte de los ingresos tributarios se genera a través de mecanismos de autoliquidación. El contribuyente interactúa directamente con plataformas digitales, liquida sus impuestos y realiza el pago sin contacto con agentes del organismo. Se estima que solo el 5% de la recaudación requiere intervención humana, principalmente en situaciones específicas como acciones de cobro o casos puntuales de fiscalización.

Esta transformación tecnológica redujo de manera significativa las tareas administrativas tradicionales. Sin embargo, el presupuesto no acompañó ese cambio estructural. Mientras el trabajo operativo disminuyó, el gasto en personal se mantuvo como prioridad casi excluyente, relegando la inversión en tecnología que permitiría consolidar un esquema moderno, eficiente y orientado al control inteligente de la evasión.

Desde la Fundación Mediterránea advierten que esta contradicción pone en cuestión el modelo actual de administración tributaria. En lugar de sostener una estructura intensiva en recursos humanos con baja carga de trabajo efectivo, el desafío pasa por invertir las prioridades: más tecnología, mejores sistemas de información y una utilización estratégica de los datos para promover el cumplimiento voluntario y detectar inconsistencias.

El debate cobra especial relevancia en el marco de iniciativas recientes como el Régimen Simplificado de Impuesto a las Ganancias y la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Ambas herramientas apuntan a reducir la complejidad del sistema y aliviar la carga administrativa, pero su éxito depende de una administración capaz de controlar sin fricciones y con alto respaldo tecnológico.

Si ese cambio no se concreta, advierten los especialistas, las medidas de simplificación pueden derivar en el efecto contrario: mayores márgenes para la evasión, conflictos interpretativos y una pérdida de credibilidad del sistema tributario. En ese sentido, también se subraya la necesidad de una mejor coordinación entre los distintos organismos involucrados en la recaudación y el control.

El diagnóstico es claro: la digitalización ya transformó la forma en que se recauda, pero no así la estructura de costos ni las prioridades presupuestarias. Sin una revisión profunda del rol de ARCA, su esquema salarial y su estrategia de inversión, el organismo corre el riesgo de quedar atrapado en un modelo costoso y poco adaptado a las exigencias de una economía cada vez más digital.