Tensiones en LLA y concesiones a la oposición: el doble frente de Milei

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

El Gobierno de Javier Milei empieza a convivir con una contradicción que amenaza con convertirse en uno de sus principales problemas políticos: mientras el Presidente insiste en presentarse como el abanderado de una transformación ideológica sin concesiones, la realidad doméstica lo obliga a negociar, retroceder y aceptar acuerdos que hasta hace poco parecían incompatibles con sus propias convicciones. La distancia entre el discurso y las decisiones concretas se vuelve cada vez más evidente, y no alcanza con atribuirla a las maniobras de una oposición que busca obstaculizar la gestión.

La actividad parlamentaria de esta semana expuso esa tensión con particular claridad. En la Cámara de Diputados, La Libertad Avanza permitió modificaciones al proyecto sobre discapacidad que facilitaron la construcción de un consenso amplio, con acompañamiento de sectores peronistas que van desde legisladores provinciales hasta Máximo Kirchner. El resultado fue una iniciativa alejada de la rigidez fiscal que el oficialismo había defendido hasta ahora y bastante próxima, en sus objetivos, a una emergencia que Milei había rechazado mediante un veto. La decisión puede presentarse como una victoria legislativa, pero también revela los límites de la capacidad del Gobierno para imponer su programa sin aceptar cambios.

Algo semejante ocurrió con la reposición de la Ley de Tierras, que establece restricciones a la extranjerización. El entendimiento entre oficialistas y opositores dejó en evidencia que existen asuntos en los que las diferencias ideológicas pueden ceder ante la necesidad de reunir mayorías. El problema para Milei no reside en negociar, una práctica indispensable para cualquier administración que pretenda gobernar, sino en explicar por qué determinadas concesiones resultan aceptables cuando la realidad política las impone, pero son consideradas inadmisibles cuando las reclama la oposición.

La presencia de Karina Milei en Buenos Aires, mientras su hermano viajaba a España para reforzar su proyección internacional, constituye otra señal de las prioridades que empiezan a cambiar. La secretaria general de la Presidencia decidió concentrarse en los asuntos internos en un momento en que el oficialismo necesita ordenar sus filas, acelerar las conversaciones con los gobernadores y evitar que las diferencias entre sus principales dirigentes terminen debilitando su capacidad de acción. Cuando la responsable de administrar el poder político abandona temporalmente la agenda internacional para ocuparse de los conflictos domésticos, es porque el frente interno exige atención urgente.

El deterioro de las expectativas económicas contribuye a explicar esa preocupación. La suba del riesgo país no responde exclusivamente a las turbulencias internacionales ni al encarecimiento del financiamiento externo. También expresa una inquietud específicamente argentina: la incertidumbre sobre la continuidad del modelo después de 2027. Los mercados no evalúan solamente las variables presentes, sino también la posibilidad de que el rumbo económico sobreviva a la próxima elección presidencial. Para un Gobierno que convirtió la estabilidad y la confianza en sus principales argumentos, esa duda representa un desafío considerable.

En la mesa política de la Casa Rosada, las diferencias sobre cómo enfrentar ese escenario quedaron expuestas con mayor intensidad. Luis Caputo insiste en que los acuerdos políticos deben cerrarse cuanto antes para despejar incertidumbres y garantizar condiciones de gobernabilidad. Patricia Bullrich, por su parte, cuestiona las señales que algunos dirigentes oficialistas transmiten a los gobernadores y reclama una estrategia que combine la disciplina fiscal con una recuperación perceptible del poder adquisitivo. Martín Menem y el sector que responde a los hermanos riojanos prefieren evitar compromisos electorales que puedan traducirse en una pérdida de representación libertaria en el Congreso.

Karina Milei intenta equilibrar esas posiciones. Necesita acuerdos territoriales para sostener la agenda legislativa, pero tampoco quiere que los aliados aprovechen la debilidad negociadora del oficialismo para exigir lugares que reduzcan su predominio político. El dilema es evidente: para consolidar el proyecto presidencial, Milei necesita ampliar sus apoyos; para preservar la identidad de La Libertad Avanza, sus colaboradores procuran limitar el costo de esa expansión. La dificultad consiste en conseguir ambas cosas cuando los socios potenciales saben que el Gobierno también necesita de ellos.

La discusión económica profundiza las diferencias. Bullrich considera posible impulsar medidas puntuales que alivien la situación de los hogares sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas. Milei y Caputo, en cambio, mantienen una posición mucho más restrictiva y temen que cualquier flexibilización termine debilitando el principio que consideran central para su programa. Sin embargo, defender el equilibrio fiscal no resuelve por sí mismo el problema de una actividad económica que apenas logra recuperarse y de familias que continúan enfrentando dificultades para cubrir sus gastos. Una cosa es rechazar políticas que comprometan la estabilidad y otra, muy distinta, es suponer que la percepción social de la crisis puede corregirse mediante explicaciones técnicas o desmentidas presidenciales.

La polémica sobre la imposibilidad de llegar a fin de mes mostró el costo de esa desconexión. Cuando el Presidente responde a una expresión cotidiana como si se tratara de una afirmación literal sobre la supervivencia, desplaza la discusión desde las dificultades concretas de los hogares hacia una disputa semántica que no mejora sus ingresos ni reduce sus obligaciones. El problema político no es solamente el tono provocador, sino la impresión de que el Gobierno considera innecesario ofrecer respuestas adicionales mientras el ajuste siga siendo presentado como una condición innegociable.

En ese contexto, Patricia Bullrich vuelve a ocupar un lugar incómodo. Su reclamo de medidas para reactivar la economía y sus declaraciones sobre su preparación para ejercer la Presidencia pueden leerse como una diferenciación interna y como un intento de posicionarse ante el escenario de 2027. No necesariamente implican una ruptura, pero sí revelan que la discusión sobre la sucesión comienza a filtrarse en el propio oficialismo. Cuando la capacidad de reelección del Presidente deja de ser una certeza indiscutida, los dirigentes empiezan a calcular sus propios movimientos.

La suspensión de las PASO adquiere, por eso, una importancia que excede la modificación del calendario electoral. El Gobierno necesita reunir apoyos de gobernadores radicales, dirigentes del PRO y otros sectores provinciales para demostrar que conserva capacidad de articulación. Las negociaciones, sin embargo, están condicionadas por disputas territoriales, diferencias sobre el reparto de candidaturas y la falta de una definición común sobre el alcance de una eventual coalición. Los aliados no quieren entregar respaldo a cambio de promesas generales: buscan garantías que solamente podrán comprobarse cuando se distribuyan los lugares en las listas.

Las tensiones entre los Menem y los sectores más confrontativos de Las Fuerzas del Cielo agregan otra dificultad. Las disputas en torno a los discursos religiosos y las acusaciones contra el islam exhiben una interna que trasciende las diferencias de estilo. Está en juego quién define los límites de la identidad libertaria y quién tiene autoridad para establecer la estrategia política. Una fuerza que pretende ampliar su representación nacional no puede ignorar indefinidamente el costo de convertir cada controversia ideológica en una prueba de lealtad.

Milei todavía conserva la iniciativa presidencial, pero el escenario empieza a exigirle algo más que convicción y confrontación. Necesita transformar sus acuerdos parlamentarios en gobernabilidad, la estabilidad fiscal en una mejora perceptible para la sociedad y su liderazgo personal en una coalición capaz de sostenerlo electoralmente. La batalla cultural puede mantener movilizada a su base, pero no reemplaza las respuestas económicas ni resuelve las disputas por el poder.

El verdadero desafío del oficialismo consiste en aceptar que gobernar también significa administrar límites. Si cada concesión se vive como una derrota y cada reclamo social se interpreta como una operación política, el Gobierno corre el riesgo de quedar atrapado entre la rigidez de sus principios y las exigencias de una realidad que no se adapta automáticamente a ellos. La reelección de 2027 todavía está abierta, pero ya no alcanza con darla por descontada. La incertidumbre que empieza a rodearla es, precisamente, una de las señales que Milei debería atender antes de que la discusión por su futuro termine desplazando a la gestión de su presente.