El desafío de Alberto: cómo acordar un plan de recortes con el FMI sin detonar un estallido en un año electoral

ECONOMÍA Por Juan Manuel Barca*
Esta es una pregunta que se la hacen dentro del Frente de Todos, donde conviven 14 partidos, además de organizaciones y centrales obreras
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Máximo Kirchner mantiene los reflejos. Después de una semana de fotos de los principales funcionarios junto al FMI y el fuego cruzado por los recortes al gasto social en el Presupuesto, el jefe de la bancada forzó el tratamiento del impuesto a las grandes fortunas en Diputados para este martes, el mismo día que la pata social del Gobierno volverá a desplegar su fuerza en las calles.

La reacción del hijo de Cristina Kirchner encierra una respuesta tardía al dilema que empezó a dibujarse en el horizonte político: cómo reducir el déficit fiscal sin fogonear un desborde social que complique las elecciones de medio término y la gobernabilidad. La pregunta se la hacen dentro del Frente de Todos, donde conviven 14 partidos, además de organizaciones y centrales obreras.

Ya la carta de la vicepresidenta había sido un toque de atención a "los funcionarios que no funcionan". Así las cosas, la gesta impositiva vino a compensar el bandazo que dejó expuesto la crítica de la CGT al ajuste en la ayuda social y los cambios en jubilaciones. Para peor, en una semana en que el alzamiento simultáneo del dólar y la inflación empañaron los esfuerzos de Martín Guzmán por mostrar "la casa en orden".

 La ampliación de la brecha cambiaria al 116% y la suba de precios en octubre del 3,8%, la mayor en el año, abren serios interrogantes sobre la efectividad del giro "ortodoxo" iniciado en octubre. A pesar de la rebaja de las retenciones al agro, la licitación de bonos dolarizados para dar salida a los fondos especulativos y la reducción de adelantos transitorios del BCRA al Tesoro, la criatura verde está viva.

Sin margen para una devaluación, el Gobierno optó a regañadientes por una mayor emisión de deuda, contracción monetaria y recesión. "El dilema de hierro es que tienen que evitar una devaluación por shock de mercado, el peor de los escenarios, y para ello tienen que contraer la cantidad de dinero y subir la tasa, pero están siendo tibios", afirma Ricardo Delgado, director de Analytica y exasesor de Sergio Massa.

Dentro de la coalición oficialista no todos están de acuerdo con la receta elegida

"El Presupuesto es contractivo en línea con el Fondo y es concesivo con la oposición y los empresarios", asegura Claudio Lozano, director del Banco Nación. Con 47% de pobreza, 6 millones de indigentes y el virtual abandono de la cuarentena, el economista advierte que "el dispositivo de contención social se está agotando", por lo que propone sostener el gasto como "palanca de la recuperación".

Sin sacar los pies del plato, el Frente Patria Grande, liderado por Juan Grabois, también es crítico de la orientación adoptada por el Gobierno en los últimos meses. El dirigente cercano a Máximo y Cristina Kirchner se llamó al silencio tras el fracaso del "proyecto Artigas" en la estancia de los Etchevehere, pero en su entorno deslizan que hay "malestar e inconformidad".

Desde la marcha atrás con la expropiación de Vicentin observan un "retroceso" que se profundizó con la represión a las 1.200 familias del predio de Guernica. La resurrección del Aborto y las Grandes Fortunas apuntaría a dar y barajar de nuevo. Grabois pedía en agosto un "acuerdo puente" hasta diciembre con una moderada suba del 30% del salario complementario -hoy en $8.500- que perciben 500.000 cooperativistas.

"Si hasta fin de año no se puede cambiar nada, hay que irse", sentenció en esa ocasión el referente cercano al Papa cuando el Gobierno todavía coqueteaba con el salario universal. Su preocupación entonces era qué iba a hacer un Alberto Fernández atenazado entre el "neoduhaldismo" y el "neoliberalismo". Finalmente, la salida fue la eliminación del IFE, la vía más directa para evitar recortes en subsidios económicos que hubieran detonado otros conflictos.

El Ejecutivo prefirió así darle un lugar indefinido en el Presupuesto al Plan Gas, reclamado por Paolo Rocca y Carlos Bulgheroni, que a 9 millones de familias. Junto con el ATP, el ingreso familiar representa 3,3 de los 4 puntos de la baja prevista para llegar a un déficit del 4,5% en 2021. La otra fuente de financiamiento serán las prestaciones sociales, incluidas las jubilaciones, con una caída real del 16,5% frente a una inflación promedio, del 31,5%.

En su proyecto de movilidad jubilatoria, el Ejecutivo plasmó su intención de reducir el "déficit previsional", con topes a los haberes por recaudación y sin una cláusula que los preserve de la inflación. La partida de promoción y asistencia social, por otra parte, experimentará una baja real del 10% y salud, del 11%. El más afectado será el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Daniel Arroyo, el encargado de contener a los 4 millones de desempleados que dejó la pandemia.

Los movimientos sociales con despachos en esa cartera ponen las fichas en otros renglones del Excell. Uno de ellos es el aumento real del 89% de los recursos al Ministerio de Habitat y Desarrollo, ahora encabezado por el intendente de Avellenada Jorge Ferraresi, de buen diálogo con Emilio Pérsico. Más allá de lo que se negocie con el FMI, el líder del Evita aguarda reasignaciones de fondos discrecionales para comedores, talleres y emprendimientos. Arroyo también será compensado.

Desde el mes pasado, el funcionario absorvió bajo su órbita la Secretaría de Integración Socio Urbana (ISU), dirigida por Fernanda Miño, una funcionaria vinculada a Grabois. "Lo importante es la ISU, no está en el Presupuesto", explican en Desarrollo Social. El área controlará un fideicomiso creado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para urbanizar 400 villas por año y que hoy asciende a $11.000 millones, alimentado por el impuesto PAIS al dólar ahorro.

En un año electoral, la prioridad será la construcción y un 25% de los proyectos del Ministerio de Obras Públicas, bajo el mando de Gabriel Katopodis, contratará cooperativas de trabajadores, disputadas por piqueteros oficialistas y punteros del conurbano. Los otros ganadores del reparto son el titular de Transporte, Mario Meoni, y la presidenta de Aysa, Malena Galmarini -ambos vinculados a Massa- y el secretario de Energía, Darío Martínez, un exYPF apadrinado por Guzmán y Cristina Kirchner.

El presidente de la Cámara de Diputados fue uno de los funcionarios que estuvo reunido en la semana con la delegación de Kristalina Georgieva. Los técnicos también se sentaron con Guzmán, quien les oficializó su intención de postergar el pago de vencimientos de capital, tal como adelantó iProfesional hace más de una semana. Y se interesaron por los datos del déficit en las provincias en su encuentro con el ministro de Interior, Eduardo de Pedro.

Entre tantas fotos, sonrisas y gestos de diálogo impensados hace un año atrás, el desplante de la CGT dejó pedaleando a varios en el Frente de Todos. El comunicado de la cúpula sindical fue una señal de que no aceptarán a libro cerrado un Presupuesto sin beneficios evidentes para el sector formal, después de un semestre sin paritarias, la firma de suspensiones con rebajas salariales y un aumento salarial a los empleados públicos de entre el 10 y el 20% anual. Ahora esperan que los reciba el Gobierno.

Con ese gesto de autonomía, se adelantaron a la caravana de este martes anunciada con antelación por la alianza los sindicatos moyanistas del Frente Sindical y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que cobija a los piqueteros oficialistas. Ese despliege inicialmente en apoyo al Gobierno viró en la semana en una protesta en rechazo al Fondo y en respaldo al aporte de las grandes fortunas, de nuevo en marcha tras ser cajoneado durante ocho meses por el oficialismo.

Esa batalla que creía haber ganado el lobby empresario se sumó a la agenda de preocupaciones en el sector privado, donde siguen de cerca la negociación con el FMI. En la UIA, por caso, creen que el Presupuesto va a tener que ajustarse a las pautas de Giorgeva, es decir, un déficit fiscal inferior al 4,5% como condición para convertir el Stand By de u$s44.000 millones en un préstamo de facilidades extendidas. Pero también son conscientes del impacto que tendrá ese pacto puertas adentro del Gobierno.

"Este acuerdo va a generar una cantidad grande de problemas políticos, una salida a la calle de los movimientos sociales y de los partidos de izquierda y además dentro del Frente de Todos se va a discutir mucho el ajuste", dijo un miembro de la junta directiva de la central fabril. El debate ya empezó y todavía falta mucho para las elecciones. Por empezar, diciembre.

 

 

* Para www.iprofesional.com

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