Efecto boomerang del incentivo sojero: productores no muestran entusiasmo pero el Gobierno paga costo político

ECONOMÍA 29 de julio de 2022 Por Fernando Gutiérrez*
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Las primeras horas tras la publicación de la medida del Banco Central para incentivar a los sojeros a vender el producto que tienen guardado en silobolsas dejaron un saldo negativo para el Gobierno: ya está pagando un alto costo político hacia su propia militancia, que ve una claudicación, mientras desde el campo no sólo no hay reacciones favorables sino pronósticos de fracaso para la nueva medida.

En definitiva, la peor combinación posible, desde el punto de vista político. Las reacciones en los medios afines al kirchnerismo fueron unánimes al considerar que la medida es una demostración de impotencia luego de haber sobreactuado firmeza con las amenazas veladas a "los especuladores que quieren forzar una devaluación".

El diario Página 12 tituló "Dólar agrio" y dejó en claro que, a diferencia del discurso oficial, sí considera que la medida equivale a una devaluación sectorial. Víctor Hugo Morales habló de "derrota" al enterarse de la noticia en vivo, una situación que lo dejó mal parado mientras estaba realizando una encendida defensa de la posición del Gobierno por negarse a ceder ante la codicia de los sojeros. En varios programas radiales se habló de "claudicación" y hasta se entrevistó a un productor afín al Gobierno, quien declaró: "me siento un boludo por haber vendido la soja al cambio oficial cuando ahora se va a beneficiar al que especuló".

El hecho de que la noticia haya sido comunicada al mismo tiempo en que se realizaban los homenajes por el 70 aniversario del fallecimiento de Eva Perón puso una nota de amargura adicional para una base militante que siente que la retórica agresiva de Alberto Fernández no es más que una forma de compensar con "relato" una marcha atrás en la realidad.

Además, la desazón por la medida de incentivo al agro vino encadenada a otra situación difícil de digerir en el kirchnerismo: la reunión de Silvina Batakis con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Y, sobre todo, por la confirmación que hizo la ministra ante el staff del FMI y empresarios estadounidenses, en el sentido de profundizar el ajuste fiscal.

"Da tristeza ver que la ministra tenga que ir a Washington y deje en evidencia la falta de autonomía", afirmó la ex ministra Felisa Micheli.

La máxima expresión de ese descontento fue una dura frase de Juan Grabois, quien en su cuenta de Twitter se preguntó: "¿Cuánta indignidad somos capaces de soportar?".

Entre los partidarios del oficialismo, provocó revuelo su protesta cargada de ironía: "A los que les interesa el tema de la lucha de clases, aprendan de los mejores. Esta clase lucha y gana... y en el día de Evita para humillarnos. Mientras tanto se nos mueren de hambre los niños en Salta desmontada. Dale que va".

Los días previos al anuncio, el Gobierno había avalado tácitamente gestos como el de Daniel Menéndez, líder del movimiento piquetero Barrios de Pie -y, simultáneamente, funcionario del ministerio de Desarrollo Social- que anunció para el sábado una marcha de protesta hacia la exposición rural de Palermo, en reclamo de que los agricultores vendan su stock.

Y todos los funcionarios habían negado que se pensara "ceder a la extorsión" de quienes retenían 29 millones de toneladas de soja en silobolsas, un equivalente a u$s16.000 millones.

Esa dureza retórica previa, ahora se vuelve como un efecto boomerang contra el propio Gobierno, al que le cuesta encontrar los argumentos para justificarse.

El "efecto boomerang"

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, estuvieron entre los que salieron a dar la cara por la medida. Su defensa ante la crítica interna es que las nuevas medidas no implican una pérdida fiscal, porque no alteran la alícuota de las retenciones, y que tampoco se trata de una devaluación, porque la mejora que se le ofrece a los productores no altera al tipo de cambio oficial y, además, es apenas temporaria.

Pesce planteó que la medida viene a dar respuesta a un reclamo de las grandes cerealeras, que afirmaban que los pequeños productores sojeros no vendían porque no contaban con un instrumento financiero que los defendiera de los riesgos de inflación y de devaluación, y que por eso preferían mantener los stocks en silobolsas.

La realidad, como ya han calculado todos los economistas, es que lo que el Gobierno está ofreciendo es una mejora equivalente a haber aumentado el dólar un 13% sólo para el campo.

Y así lo interpretaron, por otra parte, los empresarios de otros rubros. Es algo que queda en claro con el pedido, casi inmediato, que realizó la gremial Industriales Pyme Argentinos, que pidió un régimen similar para las industrias exportadoras.

"Reclamamos que la última medida que tomó el Banco Central, buscando que el agro liquide sus exportaciones a un dólar diferenciado y muy conveniente, se aplique también para las pymes industriales, porque es injusto que las fábricas no puedan acceder a ese dólar, en un momento en que nuestro sector está haciendo un gran esfuerzo para sostener las exportaciones, en algunos casos hasta con pérdidas", planteó Daniel Rosato, presidente de IPA.

Es decir, ya empiezan a aparecer las acusaciones en el sentido de que el Gobierno está privilegiando al campo y, por consiguiente, discriminando a otros sectores con menor capacidad de "lobby" en los ámbitos mediático y político.

Irónicamente, los supuestos beneficiados plantearon que las nuevas medidas no hacen más que poner de manifiesto la discriminación que sufre el campo. El argumento, según lo plantearon dirigentes de la Sociedad Rural o ex funcionarios del área agropecuaria, como Eduardo Buryaile, es que el propio comunicado del BCRA explica que la medida va en línea con beneficios que ya se había otorgado a exportadores industriales, del sector energético y de la economía del conocimiento.

"Lo que están diciendo, entonces, es que hasta ahora el campo estaba siendo discriminado y que después del 31 de agosto, cuando las medidas terminen, el campo volverá a ser discriminado", observó Buryaile.

Los beneficiados no muestran entusiasmo

Pero lo peor para el Gobierno no es la crítica interna. A fin de cuentas, era una situación que ya entraba en los cálculos del "costo político" que habría que pagar para recuperar oxígeno en el plano financiero y cambiario.

En cambio, lo que sí es un duro golpe es la insinuación, hecha por las principales gremiales rurales, en el sentido de que la mejora ofrecida es apenas marginal y que no será suficiente como para hacer que los productores cambien su actitud.

Los números indican que, si antes de la medida un sojero podía captar apenas un 27% del precio pleno al que vende la soja en el mercado internacional, ahora pasará a obtener un 30%. Es decir, una mejora muy menor, que empalidece cuando se compara con el 56% que recibía en diciembre de 2019, al asumir Alberto Fernández, o con el 73% que regía durante al final de la gestión macrista.

Por otra parte, la Sociedad Rural se quejó de lo burocrático de la operatoria, cuya complejidad probablemente desanimará a los pequeños productores, no acostumbrados a lidiar con herramientas financieras, y que tienden naturalmente a ver a los silobolsas como un reaseguro para poder financiar la próxima campaña.

Y hasta los dirigentes gremiales cercanos más cercanos al Gobierno, como Elbio Laucirica, de Coninagro, que elogió la medida, advirtió que se debía simplificar al máximo la herramienta para asegurar resultados.

Lo cierto es que, en general, el ánimo que se percibe es de poco entusiasmo. Productores consultados dijeron que difícilmente la posibilidad de tener una cuenta corriente con indexación "dólar linked" pueda resultar tentadora como para vender los granos de soja, que en el campo son vistos y tratados como si fueran una moneda.

Destacaron que con soja no solamente se fija el valor de los arriendos de tierras -un 70% de la producción se realiza en campo alquilado- sino que además la soja es la moneda requerida para la compra de muchos insumos, incluyendo al gasoil que vende la estatal YPF.

Y hasta le argumentan al Gobierno que cuando el productor retiene soja en el silobolsa, está generándose mayores obligaciones para el Impuesto a las Ganancias.

Pesce saca cuentas

En definitiva, lo que dará la pauta de qué tan exitosa o mal calculada fue la medida del Gobierno será el salto que haya en la liquidación sojera de las próximas semanas. Las proyecciones que hicieron analistas ligados al campo marcan que para julio habrá ventas por unos u$s2.800 millones, una cifra baja si se tiene en cuenta los niveles récord registrados en abril, por encima de los u$s3.100 millones, y de mayo, por encima de los u$s4.200 millones.

Pero los expertos del sector niegan que la ralentización sea tan grave como plantea el Gobierno. Cuando se considera sólo la soja, lo que se constata es que a esta altura del año se lleva vendido un 46,3% de la cosecha de 44 millones de toneladas, según una estimación del analista Carlos Etchepare.

Es menos que lo que se había vendido el año pasado -un 54,5% de una cosecha de 46 millones de toneladas- pero, cuando se considera la venta total de la campaña agrícola, entonces se observa que lo vendido este año alcanza un 62%, el mismo nivel del año pasado, porque en rubros como trigo y maíz se vendió más cantidad.

Hablando en plata, los propios números oficiales indican que en el primer semestre ingresó la cifra récord de u$s19.145 millones, y que además la caja de la AFIP se engordó en $6.126 millones por retenciones y otros ingresos fiscales derivados del campo.

La expectativa oficial, según blanqueó el propio Pesce, es que en agosto pueda ingresar un número superior a u$s2.500 millones, una cifra que está íntimamente ligada con algo que no deja dormir al presidente del BCRA: el costo de la importación de energía, que en junio pasado representó u$s1.953 millones.

El titular del Central dijo que había hablado con dirigentes de las entidades rurales y se mostró confiado en lograr el ansiado alivio para las reservas. Pero del otro lado se transmitió escepticismo, y los analistas creen que el único efecto que se logrará es que aquellos que ya tenían previsto liquidar en el corto plazo, ahora aceleren la venta para beneficiarse con el acceso a dólares al cambio oficial.

¿Cuántos dólares quedan por liquidar de la cosecha? Se estima unas 21 millones de toneladas de soja, que al precio actual -que muestra tendencia a la baja- da alrededor de u$s11.000 millones. La conducta habitual de los sojeros es dosificar la liquidación entre agosto y abril, para ir financiando los gastos corrientes, la inversión en equipos y los costos de la próxima campaña.

Esa cuenta daría un promedio mensual de u$s.1300 millones, de manera que el objetivo de Pesce es lograr que en su duro invierno con tensión sobre las reservas, ese volumen pueda duplicarse.

A juzgar por las primeras reacciones, no es un objetivo tan fácil de lograr. Y, mientras tanto, el Gobierno ya está pagando el costo político de su "claudicación".

 

 

* Para www.iprofesional.com

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