La reforma de seguridad de Maximiliano Pullaro: ¿Imputación por mail o Whatsapp?

La reforma al Código Procesal Penal de la Provincia es uno de los proyectos más complejos en términos técnicos y políticos en el abanico de modificaciones que el gobernador Maximiliano Pullaro envió a la Legislatura de Santa Fe en materia de Justicia penal y Seguridad. El armado plantea la modificación de casi medio centenar de artículos con cambios de fondo. Bosqueja una vuelta al escriturismo para la formulación de cargos, instancia inicial del proceso, y también reformas a los procedimientos abreviados y en las medidas coercitivas. Desde el Ejecutivo indican que las nuevas metodologías posibilitarían la implementación del juicio por jurados.

Pero, además, el proyecto incorpora al sistema penal santafesino y regula figuras como la del agente encubierto, el agente revelador, el agente informante y la entrega vigilada, y la del imputado arrepentido. La implementación de todas estas estrategias hasta ahora solo está regulada por usos y costumbre y una aplicación imprecisa de la normativa nacional. Los cambios dotarían de más herramientas a la flamante agencia de inteligencia provincial y a las y los fiscales a cargo de la persecución del microtráfico de drogas, algo que hasta ahora le estaba vedado a la Justicia santafesina porque era exclusiva incumbencia federal.
 
Pero además, evitaría a futuro la crisis institucional que sufrió el Ministerio Público de la Acusación (MPA) el año pasado, cuando se desató un huracán de acusaciones entre fiscales el epicentro de la regional Rosario. Tanto así que, a fines de octubre pasado, la Comisión Bicameral de Acuerdos abrió una investigación disciplinaria sobre el fiscal rosarino de delitos complejos Matías Edery denunciado por dos de sus pares por el vínculo irregular con una informante.

Este último apartado, de las técnicas especiales de investigación, hasta ahora es el que genera mayores consensos sobre la necesidad de la reforma. Funcionarios judiciales coinciden en que reglas claras sobre cómo llevarlos adelante para que sean válidos garantiza un marco de control en el uso de esos institutos. El detalle de la aplicación y uso que establece el proyecto es muy similar a lo que se postula en la ley nacional y no generaría dificultades en la aplicación inmediata.
Sin embargo, hay otros artículos que, para algunos legisladores, marcan una restricción de garantías y sobre ellos se va a posar la discusión más abrasiva en las Cámaras. Uno de ellos es el plazo durante el cual se puede mantenerse a una persona detenida sin que se dicte o se trate la prisión preventiva. El Código ahora establece un máximo de 96 horas para poder realizar la audiencia de atribución imputativa y de medidas cautelares.
Con la modificación, se elevaría a un plazo inicial de 15 días prorrogables por 15 más, y que además podría extenderse otros cinco días extras, que son el tiempo que tiene el tribunal para fijar la audiencia. En total una persona podría pasar hasta 35 días detenida sin tener dictada la prisión preventiva: “es un montón”, dicen en los pasillos de parlamento local.

Imputación por mail o Whatsapp
Otro cambio propuesto que abrió mucho debate, es la que las imputaciones podrían hacerse por vía electrónica, pero no da detalles de mecanismo. Algunos especulan que la formulación de cargos podría ser por mail, o hasta por aplicaciones de mensajería como Whatsapp.

“La dificultad es que el imputado tendría que fijar un domicilio electrónico y no todos lo tienen”, cuestionan algunos investigadores y grafican un ejemplo concreto y frecuente: qué pasa cuando la persona imputada ya está detenida por otro delito. Al margen de eso, agregan, habilita un cierto escriturismo, dejando de lado la oralidad, que era el corazón del nuevo sistema.

“Si se aprueba el cambio, el escenario que viene es que te podrían notificar con un mensaje de texto de una acusación penal que potencialmente puede tener pena de prisión sin que siquiera tengas que pasar por la fiscalía. Terminaría siendo como cuando te llega una multa. Hoy en la audiencia, al imputado se le explican los cargos, tiene otra dimensión. En definitiva, es una vuelta al expediente”, se quejan.

En esa línea, tampoco cayó bien una modificación en los juicios abreviados, que da lugar al juez a que pida mayor cantidad de pruebas cuando lo que se investiga son delitos contra la vida o la integridad sexual: “le vuelve a dar facultades al juez de entrometerse en la investigación. Eso en el sistema acusatorio no le corresponde”, agregaron.

Todas estas quejas ya llegaron al recinto santafesino la semana pasada, cuando referentes del sistema penal expusieron y fijaron posición sobre la batería de cambios propuestos por el Ejecutivo. El debate final del proyecto de reforma al Código procesal penal en la Legislatura recién llegaría en febrero. En las primeras tres sesiones extraordinarias, el Ejecutivo logró que se aprobaran proyectos como la ley de narcomenudeo, la creación de una agencia de inteligencia y modificaciones parciales, pero de fondo en el MPA. Sin embargo, en la lista de variantes quedaron muchas pendientes como por ejemplo el dictado de un nuevo régimen disciplinario para las y los fiscales, definiciones sobre los ascensos y la carrera de esos funcionarios, cómo se los elige, la estructura del sistema público de la defensa, que para el Ejecutivo tiene que virar a que tengan un rol más fuerte las asistencias jurídicas particulares. La discusión sobre los cambios en la justicia santafesina tuvo un avance vertiginoso y promete todavía mucho debate.

Con información de Letra P, sobre una nota de Gabriela Albanesi