Ley Ómnibus: el desenlace en Diputados expone antes que nada un inquietante problema de concepción política

Desde el primer minuto y hasta su desenlace, el trámite de la Ley Ómnibus en Diputados estuvo cruzado por recelos, negociaciones sin remate claro y tensiones en continuado no con la oposición dura -de un repentino principismo-, sino con los espacios rotulados como “dialoguistas”. La interpretación más llana considera que se trata de un final cantado por el desmanejo punta a punta del oficialismo. Y la visión más espesa considera que podría tratarse de una movida para intentar replicar la exitosa estrategia electoral contra la “casta”, ahora desde el poder. En cualquiera de los dos casos, una cuestión de concepción política preocupante.

La respuesta a lo ocurrido en Diputados -formalmente, la vuelta al primer casillero de la discusión en plenario de comisiones- fue una expresión discursiva que se ajusta a las dos opciones. El mensaje personal de Javier Milei y el comunicado del Gobierno apuntaron a adjudicar culpas y a descalificar a gobernadores y legisladores, otra vez con sugerencias sobre motivaciones oscuras. No quedó ahí, como parte de una batalla. Volvieron sobre el criterio que se ata únicamente al impactante resultado del balotaje, sin considerar la elección de diputados y senadores, y tampoco la sucesión de 22 comicios locales que consagraron gobernadores y jefe de gobierno porteño.

Dicho de otra forma: el oficialismo considera que la elección ganada por Milei representa un capital político de escasos antecedentes -lo cual es cierto-, pero prefiere colocar como un valor menor la representación en el Congreso, donde es minoría, y la conformación del mapa político territorial, que le es totalmente ajeno. Con un añadido sustancial: la desconsideración del juego de equilibrios -también bastante maltratado por antecesores- que debería ser sostenido aún en cualquier circunstancia.

A eso se suma el llamativo camino elegido para la primera entrega legislativa y el modo de entender las negociaciones. El Gobierno prefirió un proyecto enorme -en temas y artículos- y dejó siempre sin cerrar del todo las tratativas con posibles aliados para esta instancia (PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal y otros espacios, todos de vínculos con gobernadores). Marchó a contramano de experiencias que abundan en el Congreso.

Legisladores con kilometraje suficiente veían un mal horizonte para el megaproyecto por dos cuestiones básicas. La primera: señalaban como preferible una ley tema por tema o un paquete de proyectos diferentes, empezando por uno restringido a la declaración de emergencia y la delegación legislativa. Y la segunda: que siempre fue mejor llegar al recinto con un acuerdo bien cerrado y no con muchos puntos en el aire.

Se trata de cuestiones de funcionamiento y de táctica. Igual, durante días se buscaron alternativas para allanar el camino. Fueron quedando decenas de artículos en la banquina y, llamativamente entre ellos, el capítulo fiscal, rubro crucial para las tratativas con las provincias. El viernes pasado, después de días cargados de versiones y de mucha tensión -además de decenas de contactos públicos y reservados-, el proyecto fue aprobado en general y pasó a un muy extenso cuarto intermedio. Inusual: tres días. Se suponía que eso habilitaba una tanda de negociaciones finas sobre el articulado, es decir, sobre los asuntos más sensibles: emergencia, delegación legislativa, reforma del Estado, privatizaciones. Y en paralelo, algún tipo de compromiso sobre un nuevo pacto fiscal con las provincias.

Las quejas por la falta de conversaciones tiñeron los días siguientes. Y al final, la vuelta al recinto se produjo en un marco de enorme incertidumbre. El rechazo a varios de los artículos señalados -en conjunto, núcleo de la ley- produjo un forzado cuarto intermedio y la impactante decisión de vuelta del texto a comisiones.

De inmediato, llegaron los cruces. El Gobierno acusó prácticamente de traición a los bloques dialoguistas y en especial, a los jefes provinciales. La UCR, HCF y representantes de otros espacios rechazaron los cuestionamientos con acidez. El PRO lo hizo con matices. Y en conjunto, los diez gobernadores que se mueven bajo la marca de JxC confrontaron de manera dura con el discurso del oficialismo.

Hubo también reproches por lo bajo y algunas cuestiones poco claras. La principal de ellas apuntaba a la falta de claridad sobre el grado de compromiso con el paquete fiscal, en las conversaciones con gobernadores. Una versión incluyó a Luis Caputo, aunque en general, los contactos y conversaciones tuvieron como eje a Guillermo Francos y a la jefatura de Gabinete. No se agotan allí las versiones, parte ya de la pelea abierta.

Por lo pronto, el discurso del oficialismo se alineó sin demora. La última palabra frente al empantanamiento de las negociaciones fue puesta en boca del Presidente. Algo que se venía anticipando sobre la tendencia a la descalificación de todo el espacio político no libertario. De hecho -y fue motivo de malestar creciente entre legisladores dispuestos a “ayudar” en esta etapa legislativa inicial-, Milei y algunos de sus funcionarios cargaron sobre la oposición en general aún en los momentos de mayores negociaciones.

La reacción de estas horas es más elocuente de la concepción de fondo. “La casta contra el pueblo”, fue el título elegido por el Presidente para su mensaje. Contrapuso el 56% alcanzado en el balotaje a los sectores que “resisten” el cambio. Y sostuvo que va a continuar con su plan “con o sin el apoyo de la dirigencia política que destruyó el país”. Con tono similar, el mensaje del Gobierno apuntó contra los gobernadores: los acusó de incumplir acuerdos. Y el ministro del Interior se encargó de destacar que parte de ese conglomerado votó junto al kirchnerismo.

En resumen: un discurso con trazos hegemónicos que se adjudica la única representación del cambio. La carga sobre los espacios con los que venía negociando estaría dibujando así una raya que implica riesgos sobre el armado de sostén no sólo legislativo. En lo inmediato, es un interrogante cómo se moverá el oficialismo, con la mirada puesta a la vez en los márgenes de los decretos. La decisión que tome el Gobierno tendrá efecto político y también económico. Van de la mano.

 

 

* Para www.infobae.com