Los primeros cien días de Pullaro como Gobernador

El gobernador Maximiliano Pullaro cumple cien días en la cúspide del poder en Santa Fe con su mayor desafío que cimentó en la campaña: resolver el problema de la seguridad pública. Un tema que hasta ahora erosionó a las gestiones que lo precedieron, por lo que los resultados en esta área determinará el futuro de su gestión y su proyección política por fuera de las fronteras de la provincia. Estos tres meses y pico de gobierno también están atravesados por los conflictos gremiales, sobre todo el docente, y la tirante relación que mantiene con la administración de Javier Milei.

 
Con una transición tranquila y ordenada con el peronista Omar Perotti, desde que se sentó en el Sillón del Brigadier Pullaro le imprimió a su gestión una hiperactividad que lo llevó dominar por completo la agenda del debate público. Arrancó con la fuerza y la legitimidad que le proporcionó haber sido el gobernador que más votos sacó en la historia democrática de la provincia, algo más de un millón de voluntades que lo colocan en una situación de poder casi inédito, con el dominio total en las dos Cámaras legislativas.
 Pullaro respaldó los cambios en el MPA y consideró que la decisión "es correcta"
 Este miércoles habrá un nuevo plenario de "Unidos Para Cambiar Santa Fe"
 
Sostenido por un frente ecléctico pero por ahora sólido (Unidos), Pullaro puso el foco en lo que le demandó la sociedad: poner fin a la inseguridad y combatir el narcocriminalidad. Apoyado por un equipo que trabajó con él cuando fue ministro de Seguridad del socialista Miguel Lifschitz, propició cambios en el régimen carcelario, endureciendo las condiciones de los presos más peligrosos, que desató en las últimas semanas una ola de terror que todavía tiene consecuencias imprevisibles.

 
Pullaro afirmó que no cambiará su política en ese sentido, por más que las amenazas impacten en su propia persona y se alarguen a la sociedad toda.
Cuenta a su favor con un apoyo más explícito de la Nación, a diferencia de lo que ocurrió con la gestión de Perotti. Ese aval se da no solo en lo discursivo sino también en lo material, con la presencia de fuerzas federales que se acrecentaron como consecuencia del raid terrorista de las bandas narco asesinando a dos taxistas, un colectivero y un trabajador de una estación de servicio.

Tiene al frente del Ministerio de Seguridad nacional a Patricia Bullrich, una persona que conoce bien desde que ambos trabajaron juntos durante las gestiones de Cambiemos y el Frente Progresista. No es una relación idílica, pero marca un cambio respecto de la sinergia entre Nación y provincia.

 
Pullaro sabe que en el combate contra el delito no basta con un accionar punitivo contundente sino también con una Justicia más dinámica, eficiente y sin sospechas de complicidades, al igual que la policía provincial. En ese terreno, incluso antes de asumir, verbalizó su intención de hacer cambios en la Corte Suprema de Justicia y en el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En una hipotética reforma de la Corte, un poder arraigado en costumbres patricias, el gobernador ya enfrenta cierta rebelión que se manifiesta en sordina. En el caso del MPA, ya hubo acciones concretas, como la intervención de este martes de la Fiscalía Regional y el desplazamiento de su jefa, María Eugenia Iribarren.

 
En lo inmediato, uno de los desafíos que enfrenta el gobierno es la disputa gremial docente y, por enganche de la política económica nacional, una conflictividad social que irá creciendo en la medida en que el plan de Milei vaya pulverizando a la industria, las pymes y todos los sectores que dinamizan la economía santafesina.

Los gremios docentes, tanto público como privados, mantienen su rechazo a la oferta del gobierno, que consideran insuficiente en un contexto de alta inflación y erosión permanente de sus salarios, a lo que les agrega reclamos por la mala infraestructura edilicias en muchas de las escuelas.

Se trata, por la fecha, de un conflicto estacional que todas las administraciones han atravesado y que, por ahora, el gobernador no está encontrando la salida de ese laberinto.

Si bien el sistema educativo argentino es descentralizado, mucho de lo que pasa en ese terreno en Santa Fe tiene que ver con el furioso de ajuste que está ejecutando Milei con su programa económico, que mixtura un plan clásico neoliberal con la vendetta a los gobernadores por el naufragio de la ley ómnibus en Diputados. “Los voy a fundir, los voy a dejar sin plata”, bramó en su momento Milei y, rigurosamente, lo está cumpliendo.

La quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que forma parte de la fórmula salarial de los maestros, el retiro de los subsidios al transporte y el corte de las transferencias automáticas a las provincias, constituyen un combo que impacta en las finanzas de Santa Fe y puede traer consecuencias negativas para la imagen del gobernador.

Aquí empieza a tallar la relación que mantienen Milei y Pullaro. El gobernador confesó haberlo votado en el balotaje y luego dijo que no esperaba que el presidente, como primera medida luego de su derrota legislativa, haya liquidado el fondo de compensación para el transporte del interior.

Pullaro, un radical moderado, que comparte en Santa Fe una misma franja de votantes de la ultraderecha que apoya a Milei, fue incluido en la nómina de traidores por el presidente.

Cuando se debatía la viabilidad política y legislativa de la ley Bases, Pullaro levantó mucho el perfil y fue una de las voces líderes de los llamados gobernadores dialoguistas, enrolados en Juntos por el Cambio (JxC). Se puso al frente de la resistencia al capítulo de la ley que imponía retenciones a la producción industrial y agroexportadora. Incluso, fue a la Casa Rosada para reunirse con el ministro de Interior, Guillermo Francos, al que le llevó su proyecto de eliminar exenciones impositivas a los grupos económicos más grandes e impulsar un impuesto a la riqueza. Esa carpeta duerme y dormirá en el cajón del despacho del funcionario, si es que ya no fue quemado por contener semejante herejía.

Luego de eso, Pullaro decidió bajar el perfil y directamente no confrontar. Ese papel, con su propio estilo, lo asumió el gobernador chubutense, Ignacio Torres, quien además del petróleo y el gas tiene diputados y senadores que le responden.

Ese atributo político no lo tiene el santafesino, que prácticamente no tiene incidencia en el Parlamento nacional, y afronta varios problemas en su territorio como para tensar aún más la cuerda con un presidente inestable y con el manejo una billetera que Pullaro necesitará.

Fuente: La Capital, sobre una nota de Walter Palena