Operativo blanqueo: el proyecto de Milei incluye criptomonedas y temen que choque contra leyes anti lavado

Lo primero que hay que decir es que, de los puntos del paquete fiscal enviado por la administración de Javier Milei al Congreso para su consideración, resaltan los ítems del impuesto a las ganancias y de bienes personales. Que interesan por méritos propios a gobernadores e intendentes.

Pero, al gobierno nacional le importa el capítulo del blanqueo de capitales y no es un dato menor porque estos "sinceramientos" para el sector privado siempre tuvieron dos objetivos fundamentales.

Milei y Caputo presionan para aprobar el paquete fiscal en el Congreso

El primero aumentar la recaudación y el segundo es político y está relacionado con cierto consenso de la clase dirigente, la denostada "casta", que siempre aprobó los blanqueos que los presidentes constitucionales solicitaron desde el ‘83 a la fecha.

Hay que ser justos con la historia de los blanqueos y señalar que Néstor Kirchner fue el único presidente que no utilizó ningún blanqueo de capitales porque durante su gestión, que coincidió con la de Roberto Lavagna en el ministerio de Economía, tuvo superávits gemelos, comercial, con saldo a favor en la balanza de pagos, y fiscal, lo que provocaría la envidia del fiscalista más excelso del actual gobierno nacional.

Por lo demás, Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Cristina Kirchner en dos ocasiones, Mauricio Macri y Alberto Fernández, diseñaron sinceramientos fiscales para la problemática de la fuga de capitales, dólares que salen del país o que, sencillamente, no están declarados y duermen en colchones nacionales, y Javier Milei no está dispuesto a ser menos que ellos y plantea un blanqueo más abarcativo y peligroso que los anteriores que no contemplaban las criptomonedas, un fenómeno de la actualidad.

En principio se sabe que el blanqueo de La Libertad Avanza tendrá las siguientes características: el Régimen de Regularización de Activos habilitará el blanqueo de hasta u$s100.000 sin ninguna penalidad, con un plazo hasta el 30 de abril del 2025 (prorrogable hasta el 31 de julio del 2025).

En el caso de tratarse de bienes en Argentina, se debe declarar:

* Dinero en efectivo, ya sea en pesos o en dólares.

* Se debe considerar su valor de adquisición, su valor fiscal o su valor mínimo (el que sea superior).

* Acciones, cuotas y participación en sociedades, derechos de beneficiarios de fideicomisos o cuota partes de fondos comunes de inversión.

* Títulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotas partes de fondos y otros similares, que coticen en bolsas o mercados regulados por la Comisión Nacional de Valores.

* Créditos de cualquier tipo o naturaleza.

* Derechos y otros bienes intangibles no incluidos en incisos anteriores

En caso de tratarse de bienes en el exterior, debe declararse:

* Dinero en efectivo o depositado en cuentas bancarias.

* Inmuebles

* Acciones, cuotas y cualquier tipo de derecho de participación en sociedades, corporaciones, entes o vehículos de cualquier naturaleza y los derechos de beneficiarios de fideicomisos u otros tipos de patrimonios de afectación similares.

* Títulos valores, incluyendo, sin limitación, a acciones, bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia, cuotas partes de fondos y otros similares, que coticen en bolsas o mercados del exterior.

* Otros bienes muebles de cualquier tipo ubicados fuera de Argentina.

* Créditos de cualquier tipo o naturaleza, cuando el deudor de dichos créditos no sea un residente argentino bajo las normas de la Ley del Impuesto a las Ganancias.

* Derechos y otros bienes intangibles no incluidos en incisos anteriores.

* Criptomonedas, criptoactivos y otros bienes similares, sin importar quien ha sido su emisor, quien es su titular o donde estuvieran depositadas, custodiadas o guardadas.

Lavado de activos del terrorismo: el test que debe aprobar el Gobierno
Ahora bien, en este último punto, el de las criptomonedas es donde se genera un mayor ruido político en el Congreso y donde funcionarios del GAFI posarán la lupa para evaluar la actuación de la Argentina en su compromiso real en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), es una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el entonces G-8. El propósito del GAFI es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Secretariado de la GAFI está en la sede de la OCDE en París, Francia.

En medio del debate parlamentario por el paquete fiscal en general y por el blanqueo en particular, la oficina del GAFI dará su veredicto y calificación acerca de si la Argentina está realmente comprometida con la lucha o, si, por el contrario, es un país altamente peligroso como Rusia, Corea o Venezuela en materia de finanzas poco claras.

Todo indica que Argentina pasará el examen realizado en marzo pasado, cuando una delegación del organismo estuvo en Buenos Aires, pero que lo hará con una nota cercana a un regular en un boletín de calificaciones imaginario.

Criptomonedas, en la mira de Caputo

Sin embargo, la inclusión del capítulo criptomonedas puede tirar hacia abajo esa nota porque se trata de un componente muy conflictivo del mundo de las finanzas cuando se intenta controlar el flujo de capitales y evitar aquellos que tengan por objeto la desestabilización terrorista.

Para los planes de Santiago Bausili, titular del Banco Central, aquella entidad rectora de la banca local que Milei prometía dinamitar en campaña, y del ministro de economía, Luis Caputo, la reciente decisión de la Securities and Exchange Commission (SEC) estadounidense de autorizar fondos cotizados en bolsa con (ETFs), Bitcoin al contado, a pedido de los fondos de inversión Blackrock y Fidelity, que, créase o no, fueron los dos gestores de activos que financiaron la primera emisión de deuda de Luis "Toto" Caputo, significa un aval para sus planes.

El resto del trabajo que permitirá incluir sin inconvenientes mayores a los activos por criptomonedas correrá por cuenta de la funcionaria recientemente nombrada en el Banco Nación, Soledad Pelayo, que viene de ejercer el derecho en el banco Brubank.

Brubank, "el primer banco digital regulado por el Banco Central", según explican sus autoridades, contó con el aporte de Pelayo para ofrecer criptomonedas a través de herramientas tecnológicas.

En ese sentido, la funcionaria que reporta en el organigrama del Banco Nación es la principal encargada de diseñar una estrategia jurídica capaz de convencer a la burocracia del GAFI que el nuevo proyecto de blanqueo de capitales, con criptomonedas incluido, posee los suficientes controles internos que evitan confundir a la Nación Argentina con un estado como el de Corea del Norte.

* Para www.iprofesional.com