Las políticas de género en la era Javier Milei también sufren la motosierra

El Gobierno muestra dos caras en relación con las políticas de género. Señala que el Estado asiste a quien denuncia y que la línea 144 está abierta las 24 horas. Pero desde el 10 de diciembre de 2023 se encargó de provocar, eliminar y desfinanciar la mayoría de los programas dedicados a la protección de víctimas de violencia, con números muy concretos.

En plena campaña electoral, Javier Milei dijo que iba a terminar con las políticas de género del Estado y no bien pisó la Casa Rosada avanzó a gran velocidad en esa dirección, con gestos inequívocos. Firmó la disolución del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad el 10 de diciembre, y decidió cambiarle el nombre al Salón de las Mujeres de la Casa Rosada, justo en el día internacional de la mujer, el 8 de marzo, una decisión que fue comunicada por Karina Milei, la poderosa secretaria general de la presidencia.

Por si fuera poco, en medio del escándalo que tiene como protagonista a Alberto Fernández, denunciado por su exmujer Fabiola Yañez por violencia, colocó en venta el edificio en donde funcionó la cartera que supo dirigir la abogada Elizabeth Gómez Alcorta y, a través de su vocero Manuel Adorni, hizo alarde del funcionamiento de la línea 144, que fue castigada por el plan motosierra libertario a lo largo de todo el año con despidos y falta de fondos.

La gestión del economista solo dejó en pie hasta el 7 de junio, fecha de su finalización (precisamente en la semana de la marcha Ni Una Menos) un área dedicada a la atención, prevención y asistencia de denuncias, la Subsecretaría de Violencia. Dicho espacio primero pasó por el Ministerio de Capital Humano y luego estuvo en manos de la cartera de Justicia, siempre con trabas.  

Por caso, el presupuesto de la subsecretaría fue el mismo que tuvo en 2023 el extinto Ministerio de Mujeres, $ 77.171,71 millones, y como sucedió en áreas sensibles del Estado en manos de La Libertad Avanza, el recorte fue la regla constante. De acuerdo con cifras oficiales, hasta el mes de mayo el área gastó un 26,8% menos en relación con el mismo período del año pasado, en línea con la subejecución del presupuesto nacional. Y sus fondos totales experimentaron un fuerte ajuste en términos reales, considerando la inflación interanual, de un 62%.

Esto impactó de lleno en diversos programas, que no tuvieron continuidad en este 2024. Un caso es el Registradas, dedicado a las trabajadoras de casas particulares, un sector de amplia informalidad, con el objetivo de brindar asistencia a las personas de sexo femenino y garantizar derechos, un proyecto que alcanzaba a más de 34 mil empleadas. Además, quedó afectado el Plan Embarazo No Intencional (ENIA), que logró reducir el embarazo no intencional en adolescentes en un 50% en los últimos años, y directamente se descontinuaron los pagos desde comienzo del año del Programa Acompañar, focalizado en mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país, que entre 2020 y 2023 alcanzó a 320 mil personas.

¿Qué planes quedaron con vida en materia de prevención y asistencia ante casos de violencia de género? Si se revisa el presupuesto, figuran dos. Uno es el denominado Formulación de Políticas contra la Violencia por Razones de Género (PPG), que cuenta con ajuste en términos reales de su presupuesto del 79,9%. El PPG está en manos de un ministerio caliente, el de Sandra Pettovello, cruzado por las dificultades de gestión y con una interna a cielo abierto entre la funcionaria y el principal asesor presidencial, Santiago Caputo.

 El otro es el Afianzamiento de la Justicia, que tiene como finalidad la “protección de víctimas de violencia”, y opera con serias dificultades en la órbita de la cartera de Justicia de Mariano Cúneo Libarona: sufrió un recorte brutal, del 71,33%.

Pero al jefe de Estado estas cifras no le preocupan y, a raíz del caso del exmandatario, cuestionó todas las políticas, a las que calificó como una “estafa” para “aprovecharse de un problema grave para hacer negocios” y aseguró que “la única es ser duro contra el delito”.

 Amnistía hizo hincapié en la cifra de femicidios

Con el caso Alberto Fernández en primera plana, el vocero Manuel Adorni eligió expresarse por X sobre el funcionamiento de la línea 144. El funcionario afirmó que está abierta las 24 horas para asistir a personas que sufren de violencia de género, pero omitió brindar algunos datos.

En concreto, en solo cuatro meses de gestión, la línea pasó de tener 146 trabajadores a solo 71, una reducción del 50%. Y según Amnistía Internacional Argentina, ahora solo quedaron dos para atender miles de acusaciones.

La organización indicó, respondiéndole al vocero en X, que hay 7 mil víctimas de violencia sin respuesta y a la espera de recibir fondos de la prestación Acompañar. Otro dato que la entidad se encargó de enseñar en este contexto: la línea 144 de atención a víctimas de violencia de género atendió entre 2019 y 2023 más de 1.200.000 llamadas y realizó más de 93 mil intervenciones.

Es más: señaló que es la primera vez en 37 años que “las políticas para atención y prevención de la violencia de género carecen de institucionalidad en la Argentina. Esto sucede mientras en Argentina se registra un femicidio cada 32 horas”.

Incluso, ya le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  que convoque al Estado a que brinde explicaciones por las políticas públicas.

* Para www.perfil.com