La reforma jubilatoria

Semana de claroscuros para Maximiliano Pullaro. El gobernador de Santa Fe logró imponer la supremacía política de su espacio para sacar una reforma jubilatoria resistida por los gremios estatales en solamente dos semanas. Pero por primera vez en nueve meses le llegan al cuerpo los magullones de las críticas. Lo alcanza en especial la prueba en los hechos de que los proyectos medulares de su gestión exigirán más que contar las bancas de su coalición y avanzar con eso.

El cambio previsional en la provincia salió impulsado por un déficit insustentable que este año, sin cambios, sería de 400 mil millones de pesos por mes. El sustento de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe, que cobran el 82 por ciento de los haberes de activos, recaía sobre una mayoría de contribuyentes que viven en la provincia y que reciben mucho menos. Y en algunos casos con sectores privilegiados que realizaban el mismo aporte como activos que los que reciben la mínima. El oficialismo con eso fue a fondo, no sin lógica pero según los adversarios barriendo conquistas.

Y lo hizo con una gestión legislativa muy desprolija. El Senado votó la ley primero y, formalidad, las exposiciones vinieron después. El jueves último cuando iban por el cuarto orador, tres de los cuales se oponían a la ley, la presidenta socialista de la Cámara de Diputados Clara García interrumpió al diputado hablante para llamar a votar la ley a rompe y raja. En la puerta de la Legislatura había incidentes de fuerzas gremiales que dejaron siete policías heridos. Una ley fundamental salió de apuro y sin debate. Y que un día más tarde fue promulgada y publicada en el Boletín Oficial.

Lo que viene serán demandas de juicio y amparos en avalancha. Los primeros de legisladores opositores que ya anunciaron que impugnarán por ilegal el trámite en que se aprobó la ley jubilatoria. Pero además se descuenta que caerán de a racimos los planteos de quienes tendrán que hacer contribuciones extraordinarias, por el establecimiento de pensiones por tiempo determinado y por la fijación de topes que se desenganchen de los aumentos de las remuneraciones en sueldos de una minoría de los 103 beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. En una provincia con tres millones y medio de habitantes.

Pero la discusión no es de la ley previsional. Lo que hay es una conflagración más grande en una clásica guerra de poder. Este viernes los celulares de los judiciales de Rosario ardían de mensajes pidiendo ir a la batalla frente a la insinuación de que la provincia puede derogar la ley de enganche a las remuneraciones de la Justicia de la Nación. El ministro de Gobierno, Fabián Bastía, dijo en la semana que la norma hay que revisarla, porque condiciona el presupuesto provincial al atar ingresos altísimos que se fijan a nivel nacional.

¿Con qué cuenta el gobierno provincial? Con que la identificación de la mayoría de la población no existe con un Poder Judicial de Santa Fe que desborda en privilegios, no paga ganancias en los agentes que ingresaron antes de 2018 y derrocha en rubros como viáticos en los niveles jerárquicos que en el Ejecutivo conocen muy bien. "Que griten, que se movilicen y demanden a ver quién les tiene compasión", decía este viernes un legislador oficialista.

Pero la prueba para el oficialismo, justamente, es que con esta norma Pullaro tantea límites que hasta ahora no había saboreado. La norma no afecta solamente a judiciales pero el Poder Judicial es la cabecera de playa de esta pelea. Y en Diputados el gobierno prevaleció en la votación por un margen ajustado. Fueron 23 votos afirmativos a 20 que no expresaron apoyo, entre 9 negativos y 11 abstenciones. En un espacio que va por la reforma constitucional de la provincia, que necesitará acuerdos especiales, para el gobernador la luz de alerta no es solo cómo se construye con los opositores. También aquí estará en juego cómo mantener cohesionado un espacio de coalición donde el socialismo es la primera minoría.

En esta potente pulseada va también el ánimo explícito de reemplazar la Corte Suprema. En el oficialismo todos están de acuerdo en reemplazar un tribunal donde cinco de los seis ministros tienen más de 75 años. Pero a la que además comparan con la de Julio Nazareno de los 90: inelástica, de poca legitimidad ante los jueces inferiores, de mérito intelectual cuestionado y garante de históricos factores de poder. Donde surgen diferencias en el mismo oficialismo, no obstante, es en la forma de ir por ese cambio.

Con el fenómeno político del pullarismo el socialismo que por tres veces consecutivas gobernó Santa Fe está encantado. Tras tragar la tiniebla de la muerte inesperada de su última gran figura, Miguel Lifschitz, el socialismo resucitó en esta coalición. Sus dirigentes se encontraron inesperadamente con un rol gravitante en la gestión por su mayor peso legislativo. Pero el pragmatismo a ultranza de Pullaro es una manta corta que los lleva, a menudo, a tragarse piedras.

Ahora que Pullaro va por la Corte Suprema de modo frontal los socialistas tienen un reto: no alejarse del liderazgo indudable del gobernador sin subirse a lo que entienden pueda ser un carro desbocado. En el gobierno amagan con remover a cinco de los seis miembros de la Corte, tres de ellos peronistas, por decreto. Y si no mediante el procedimiento del juicio político.

Los socialistas ven que ese es un camino difícil. Si hay decreto, deducen, los ministros se atornillarán con amparos en contra que tendrán un largo tiempo de trámite y que muy probablemente resuelva un tribunal contencioso administativo donde son judiciales, que bien calientes con el Ejecutivo están, los que decidirán. Y el camino del juicio político exige tener un motivo razonable de remoción además de que es embrollado, como supo Alberto Fernández cuando en enero de 2023 intentó en vano esa vía contra Horacio Rosatti.

Hoy la mayoría socialista difícilmente acompañe esta opción. Les parece que la mejor carta era un acuerdo consensuado que este año pudo dar frutos retirando a los dos mayores (Eduardo Spuler y Mario Netri que ya anunció que se va) e incorporando un séptimo miembro. Eso ya daría una nueva impronta a la Corte. Y con este programa se podría pensar en una salida escalonada hacia 2026 de los tres ministros más resistentes. Justamente los que tienen una genuina identificación con el peronismo: Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco y María Angélica Gastaldi.

En el escenario de combate ahora dibujado eso parece quedar aplazado. Los socialistas además quieren una reforma judicial con otra versión de territorialidad, otro sistema de fueros y de competencias para mejorar el servicio de justicia. Y una gestión donde el encargado del manejo presupuestario, el secretario de Gobierno de la Corte, dependa de un pliego del Ejecutivo con acuerdo parlamentario.

En una anécdota célebre y probablemente apócrifa que cuentan historiadores revisionistas, Rosas parlamenta de madrugada en su campamento con Lavalle antes del Pacto de Cañuelas y le hace servir un mate frío. El domingo pasado Pullaro simbólicamente ubicó en un semejante lugar de demérito a los cuatro miembros de la Corte que para él deben irse y resisten en sus sillones. Los convocó a hablar a la Casa de Gobierno a las 7.30 de la mañana en una mesa donde solo hubo una jarra de agua. Pero la acumulación de peleas a Pullaro lo empuja al realismo. Saca una ley previsional que es un triunfo pero de manera ajustada y con un procedimiento muy desaliñado. Y en un campo fallido de construcción del consenso que requerirá obligadamente para ir por una reforma constitucional que habilite su reelección.

En los tres trimestres que lleva como gobernador Pullaro desbordó con su liderazgo armado con un millón de votos el tablero político santafesino. En su espacio, el de un radicalismo que llega al control de la provincia por primera vez en 40 años, disfrutan, además, de una cualidad novedosa que es la ausencia de figuras convocantes en un peronismo desgajado y un espacio opositor sin nombres relevantes. Pero el triunfo del jueves pasado con la reforma jubilatoria le pone por primera vez al gobernador santafesino la noción de un borde. Tiene una Corte deslegitimada que va a resistir el palo por palo. Y un ideal de enmienda constitucional para la que necesitará procedimientos más cuidados que el de la modificación previsional. La victoria legislativa a Pullaro más que a celebrar lo pone otra vez a mezclar el mazo y definir con qué naipe abre la mano que viene. Tiene que pensar no solo en las cartas de los contrarios, sino en cómo jugarán sus socios.

CON INFORMACION DE LAPOLITICAONLINE