Patricia Bullrich denunció al juez Roberto Gallardo tras quedar afuera las fuerzas federales en la marcha de jubilados

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, denunció al juez Roberto Andrés Gallardo ante el Consejo de la Magistratura. La presentación se realizó luego de que el magistrado prohibiera la intervención de las fuerzas federales en la marcha de jubilados convocada para este miércoles frente al Congreso. Para el Gobierno, el fallo responde a un criterio político y no jurídico.

El Ministerio de Seguridad criticó el fallo y pidió investigar a Gallardo

Desde el Ministerio acusaron a Gallardo de mal desempeño y remarcaron que la Justicia porteña no tiene competencia en esta clase de decisiones. El fallo surgió tras un amparo de la CGT, la UTEP y el gremio de judiciales UEJN. En consecuencia, la seguridad del acto quedará a cargo de la Policía de la Ciudad.

La cartera que encabeza Patricia Bullrich afirmó que el juez vulneró la división de poderes. Según indicaron, basó su decisión en hechos hipotéticos y sin un caso judicial concreto que justificara su accionar. Recordaron que la Cámara de Apelaciones y el Ministerio Público Fiscal ya habían resuelto que solo la Justicia federal puede intervenir cuando se trata de fuerzas federales.

En la denuncia citaron un fallo anterior: el expediente “Red Federal de Derechos Humanos”. En ese caso, un planteo similar fue rechazado por abstracto y por falta de legitimación. A pesar de ese antecedente, Gallardo resolvió el pedido con urgencia. Además, habilitó días y horarios judiciales inhábiles, sin explicar los motivos.

Polémica por la marcha de jubilados y el rol de las fuerzas federales

“El juez ignoró su falta de competencia y avanzó con una resolución exprés que no le correspondía”, señalaron desde el Ministerio. Según su visión, no hay sustento legal que justifique esa medida.

La presentación también advirtió sobre un posible caso de forum shopping, es decir, la elección intencional de un juez para lograr un fallo favorable. En ese sentido, el Gobierno acusó a Gallardo de asumir funciones propias del Estado Nacional, algo que excede su rol como juez local. La marcha de jubilados, prevista frente al Congreso, tendrá seguridad a cargo de la Policía de la Ciudad. No habrá presencia de fuerzas federales, tal como dispuso el juez denunciado. La decisión generó tensión en el ámbito político y reavivó el debate sobre los límites de la Justicia local en temas de alcance nacional.

Con información de www.elintransigente.com