Apoyos empresarios y fuerte rechazo sindical en el Senado por la reforma laboral

• Empresarios y el campo respaldaron la reforma laboral, con observaciones puntuales sobre indemnizaciones y derechos colectivos.
• La UIA sostuvo que el sistema actual fracasó y que la litigiosidad es el principal freno al empleo formal.
• El sector agropecuario celebró la reducción de burocracia y la adaptación a nuevas tecnologías.
• Las CTA rechazaron el proyecto y lo calificaron como regresivo y generador de mayor desigualdad.
• La CGT advirtió sobre problemas de constitucionalidad y cuestionó la falta de diálogo previo.
• El debate quedó marcado por la disputa entre previsibilidad empresarial y defensa de derechos laborales.

El plenario de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto del Senado volvió a exhibir este miércoles una marcada polarización en torno a la reforma laboral que impulsa el Gobierno libertario. Como era previsible, los representantes del sector empresario y del campo expresaron un respaldo mayoritario al proyecto, aunque con observaciones puntuales. En la vereda opuesta, las centrales sindicales plantearon un rechazo frontal, con críticas que fueron desde la supuesta regresividad de la iniciativa hasta advertencias sobre eventuales problemas de constitucionalidad.

El aval más contundente llegó desde la Unión Industrial Argentina (UIA). Su presidente, Martín Rappallini, abrió la ronda de expositores con un diagnóstico severo sobre el mercado de trabajo. “El régimen actual fracasó para generar empleo formal y para reducir la informalidad”, afirmó, y describió un escenario de “consecuencias sociales enormes, estancamiento y baja productividad”, donde el trabajo registrado se volvió “la excepción”.

Para el titular de la UIA, el núcleo del problema reside en la litigiosidad laboral. “Tenemos un sistema que está en crisis”, sostuvo, al remarcar la paradoja entre la caída de la siniestralidad y el crecimiento exponencial de los juicios. Según detalló, los accidentes laborales bajaron un 70% en la última década gracias a inversiones empresarias en prevención y mejoras de procesos, pero aun así el sistema se volvió “cada vez más conflictivo”. Rappallini habló de más de 300.000 juicios en curso y de una tasa de judicialización “irracional”, con 114 juicios cada 10.000 trabajadores, frente a apenas seis en Chile. “En 15 años no generamos empleo formal y hoy la informalidad alcanza al 45%”, sentenció.

Desde la UIA destacaron cuatro ejes centrales del proyecto: mayor previsibilidad jurídica, modernización del marco normativo para adaptarlo a los cambios productivos, dinamización de la negociación colectiva mediante la revisión de la ultraactividad y creación de empleo a partir de la reducción del costo no salarial. En la misma línea se expresó el sector agropecuario. La vicepresidenta de la Sociedad Rural Argentina y referente de la Mesa de Enlace, Eloisa Frederking, celebró la incorporación de un capítulo específico para el agro, orientado a reducir la burocracia y facilitar la adopción de nuevas tecnologías. A su lado, el asesor legal Ignacio Forconi calificó de “irresponsabilidad” sostener el statu quo, al advertir que “cinco de cada diez trabajadores no tienen protección real”.

El apoyo empresario, sin embargo, no estuvo exento de matices. Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Juan Pablo Diab acompañó el espíritu de la reforma, pero cuestionó la fórmula indemnizatoria propuesta, a la que consideró “no óptima”. También expresó reparos sobre los derechos colectivos, el riesgo de conflictos entre convenios de distinto alcance y criticó el artículo 128, que prohíbe el financiamiento de entidades, una restricción que —según señaló— no se aplicaría a los gremios.

Del lado sindical, el rechazo fue contundente. Hugo Godoy, de la CTA Autónoma, denunció que la “magnitud” del articulado no puede debatirse en exposiciones de diez minutos y acusó al oficialismo de buscar “acrecentar la explotación y volver al siglo XIX”. Vinculó la iniciativa con la ley Bases aprobada en 2024, a la que responsabilizó por la pérdida de 240.000 puestos de trabajo, y advirtió que el nuevo proyecto prioriza sectores como el agro, la minería y los hidrocarburos, profundizando desigualdades territoriales y debilitando el mercado interno.

En sintonía, el diputado y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, auguró consecuencias difíciles de revertir. Definió el proyecto como “una especie de himno a la desigualdad” y cuestionó que se eliminen impuestos patrimoniales mientras se mantiene el gravamen a los salarios.

La Confederación General del Trabajo cerró la jornada con un rechazo menos estridente, pero firme. Jorge Sola, del triunvirato cegetista, cuestionó la “filosofía inconsulta” del proyecto y defendió los convenios colectivos vigentes desde 2005. Además, alertó sobre posibles conflictos de constitucionalidad, al recordar el artículo 14 de la Constitución y el riesgo de colocar “al trabajador en igualdad de condiciones que el empleador”. Otros dirigentes gremiales criticaron el tratamiento exprés de una ley que modifica más de 100 artículos y apelaron a la responsabilidad de los senadores, en un contexto donde, según describieron, “ya no se trata de llegar a fin de mes, sino al 15”.

La jornada cerró con el testimonio de emprendedores afectados por fallos judiciales millonarios, invitados por la titular de la comisión, Patricia Bullrich, en un intento por graficar el impacto de la litigiosidad. La escena sintetizó el eje del debate: para unos, una reforma necesaria para destrabar el empleo; para otros, un retroceso en derechos laborales.